Conferencia pronunciada en la Universidad de Málaga, el 24 de junio de 2010, sobre principios de política internacional

Resulta evidente que referirse a la política internacional constituye asunto de enorme dificultad: es tal el nivel de heterogeneidad y de multiplicidad de los problemas que se producen en la escena mundial que muchas veces podemos tender a creer que se acercarían al infinito.

La disección de los problemas internacionales tampoco es fácil. Antes del advenimiento del siglo XXI, que algunos pensadores han situado en la caída del muro de Berlín, especialmente en su dimensión internacional, tampoco resulta sencilla en estos tiempos. Hemos pasado del mundo bipolar del único conflicto Este-Oeste, a un planeta multipolar en el que los conflictos se elevan a la máxima de las potencias posibles en las pantallas de televisión y en las páginas de los periódicos. Y habrá que decir que muchos de esos conflictos se nos escapan las más de las veces. Hace falta alguna circunstancia especial para que aparezca a la luz del día. Puede ser la muerte de personas, una huelga de hambre –como la de Aminatou Haidar- la que nos recuerde un conflicto no resuelto, un proceso de descolonización inacabado como el del Sahara.

Por eso me ha parecido más conveniente abordar más los principios de nuestra política internacional que los diferentes conflictos que se plantean en todo o una parte deñ mundo. Algo que se pueda definir como una especie de “prueba del algodón” o de regla general de obligado cumplimiento para valorar nuestras actuaciones en la materia. Podríamos decir que, cumplidas las condiciones que planteamos, nuestra política en la materia sería acertada y que, incumplidas las mismas, no resultaría defendible.

Es verdad, y lo admito desde el principio, que la realidad es bastante más compleja y que no se contiene muchas veces en dos o tres criterios, pero también lo es que sin criterios previos no se puede hacer otra cosa sino practicar la improvisación permanente, que es, por cierto, lo que siempre hace el Gobierno de España en lo que se refiere a la política internacional y a las otras.

Doy por leída la resolución de nuestro Congreso. Creo que está clara, pero creo también que se pueden decir más cosas.

Lo primero es la ley. Y eso constituye elemento fundamental de nuestra cultura democrática occidental. Es cierto que en España nuestra idea de la sujeción a la ley resulta… yo diría que sólo aproximada: la norma es para muchas personas –demasiadas, por desgracia- una referencia. Nos sirve como fuente de legitimación de nuestros intereses cuando nos conviene y como elemento a sortear con ayuda de otras normas o de la mera picaresca cuando nos perjudica. En España no existe, por ejemplo, una sanción social al evasor de impuestos, pero sí una gran exigencia al Estado a que cumpla con sus compromisos.

Y cuando llevamos al ámbito internacional esta cuestión, la idea del cumplimiento de lo que se llamaba el “derecho de gentes” –el Derecho Internacional- aparece siempre como una referencia y no como una condición. España puede haber desoído durante 34 años las resoluciones de la ONU que pedían un referendum de autodeterminación para el Sahara Occidental, en una acción política infame, soportada de modo más o menos intenso, pero por todos los partidos que han gobernado en España.

Un partido que como defiende UPyD, pretende que el cumplimiento de la ley sea una realidad y no un desiderátum, debe aspirar en sus política internacional que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas y las diversas resoluciones de la ONU.

Es evidente que la ONU es un cuerpo politico anquilosado, ideado para navegar entre las naciones en un mundo presidido por la realidad de los dos bloques, la realidad del enfrentamiento bipolar entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Un conflicto al que se sumaban, de una u otra manera, los países restantes.

Pero sin que esto deje de ser cierto, la única fuente de normativa internacional aplicable a todos los países lo son sus resoluciones.

La propia debilidad de la ONU, que carece de la fuerza para hacer cumplir sus decisiones, más allá de la que le prestan los propios países miembros, impide una y otra vez que ni siquiera se atisbe en ella un principio de gobierno mundial.

Nuestra resolución congresual se refiere al cumplimiento por España de los Tratados que firma con otros países, que es como se sabe, fuente de derecho también para nosotros y los países co-signatarios de los mismos.

En un término paralelo al anterior y no por ello –de ninguna manera- menos importante- está nuestro compromiso por los derechos humanos y las libertades democráticas. No podía resultar de otra manera en un partido que se proclama en España, no sólo defensor de la democracia sino de su regeneración.

A nivel internacional eso significa que no podemos obviar con la ligereza que acostumbramos la existencia de regímenes dictatoriales o para-dictatoriales, basadas en razones harto discutibles, como puedan serlo una determinada cultura política de la estética de la izquierda o la pretendida defensa de los intereses españoles. Como si la estética y los intereses de España tuvieran que aliarse con los dictadores.

Especialmente resulta grave este hecho en la acción internacional que desarrolla España en países en que por razones históricas, de lengua y de organizaciones internacionales que nos vinculan, nuestro país conserva importantes niveles de influencia.

Casos paradigmáticos en este sentido lo son Cuba y Venezuela. Esa Venecuba que saludaba el comandante Fidel Castro en una de las recientes visitas que el militarote golpista Chavez le hacía en su larga convalecencia.

Cuba ha sido el escenario de los errores de la izquierda y de la derecha españolas, que han sucumbido a los “encantos” prodigados por el dictador cubano. Unos elogios desmedidos del Ministro de Comercio de Franco, Nemesio Fernández-Cuesta después de una visita oficial a la isla, le valieron la recepción de la consiguiente carta entregada por el motorista con la que el dictador español liquidaba la relación política con uno de sus ministros. Pero también Manuel Fraga recibía los elogios de Castro sin sonrojo alguno.

¿Pero qué se puede decir de la izquierda española, de Moratinos y Zapatero y de los que los precedieron? El intento español en la reciente presidencia europea de modificar la llamada “posición común” constituye buena prueba de lo que afirmo. Es verdad que el buen sentido de los países europeos –especialmente de los nórdicos- ha supuesto un firme dique a esa propuesta, que ha quedado reducida a un exiguo plazo de tres meses –dos de ellos julio y agosto- para demostrar a los socios comunitarios que Cuba avanza hacia la democracia.

Es importante subrayar también –y de eso puedo además dar fe- que la acción exterior española en este terreno resulta sin ambages inadmisible. En nuestra reciente visita a la isla de Cuba, en uno de los encuentros que realizamos –en la casa del líder en la defensa de los derechos humanos, Elizardo Sanchez- pudimos observar que encima de la mesa de su despacho había una fotocopia de un ejemplar de un diario español. Preguntado por el medio que le había permitido el acceso a una fuente informartiva que no se distribuye en la isla, Sanchez nos contestó que se la hacían llegar… ¡de la embajada de Noruega!

Y siguiendo con el mismo ejemplo, no hubo un solo disidente cubano que nos dijera que la embajada española en La Habana tuviera algún contacto con ellos.

El caso de Venezuela decía que era otro de los paradigmas de la política exterior española. Basado en este supuesto en los pretendidos “intereses de España”.

Venezuela es un país que discurre de forma más que evidente de una situación democrática a una dictadura. En este caso, la transición no lo es hacia las libertades públicas y privadas sino hacia su conculcación.

Y es cierto que España cuenta con intereses económicos de las empresas españolas radicadas en ese país, pero quiero señalar muy especialmente que no existe interés que pueda sobre la defensa de la democracia y las libertades. Que además, una política firme de denuncia de las agresiones de los liberticidas fortalece al país que las formula y que, al revés, una política dubitativa en este terreno debilita a quien la practica.

Y como unas cosas se anudan con otras, no es menos cierto que España, cuya industria armamentística es muy importante –somos el 6º país exportador de armamentos en todo el mundo- vende numeroso material antidisturbios a Venezuela. Y nos podemos formular una pregunta respecto de la cual la respuesta es muy sencilla: ¿tiene alguien alguna duda de que ese material se está empleando en la conculcación de los derechos individuales en ese país?

O los 40,000.000 de euros que España vende al Reino de Marruecos. Muchas de esas armas, sin duda alguna, estarán empleándose en ese nuevo muro de la vergüenza que divide el Sahara ocupado del liberado.

En resumen, no entiendo que los intereses de España se defienden mejor mirando hacia otro lado cuando se produce la violación de los derechos humanos.

Algo parecido ocurre con la actual política exterior española referida al por muchos años inconcluso asunto del Sahara. De una posición relativamente neutral en cuanto al conflicto se ha pasado a otra de apoyo evidente a los intereses del Reino de Marruecos.

Ni siquiera entiendo que pueda resultar aceptable la posición neutral en un conflicto en el que las propias resoluciones de la ONU nos mandaban -como potencia administradora- concluir el proceso de descolonización del Sahara con un referendum de autodeterminación que contuviera la posibilidad de la independencia del antiguo territorio español. (Recordemos que esa y no otra es la posición que defiende el Frente Polisario, con el que nos une un acuerdo que firmaba Rosa Díez en los campamentos de Tinduf hace apenas tres meses). Mucho menos podemos aceptar una política volcada en la defensa de los intereses de Marruecos, basada en extraños y confusos intereses en los que más parece aletear la sombra de la corrupción que otra cosa.

Porque, si bien Marruecos ha vendido muy bien hasta el momento presente, su condición de baluarte del terrorismo islámico respecto del continente europeo en general, y de su vecina España en particular, nadie sabe muy bien si ese discurso no esconde en realidad una especie de chantaje permanente a las autoridades españolas para que sus políticas respecto del Reino alauita no sólo sean razonables sino conniventes con este.

Marruecos además se comporta respecto de España como los nacionalismos periféricos de España se comportan respecto de la nación española: gradúan sus peticiones, pero siempre pedirán más. La agenda marroquí empieza por la solución definitiva del “dossier” relativo al Sahara occidental, pero continúa con Ceuta y Melilla –recientemente lo han vuelto a proclamar-, y sigue con Canarias… y sueñan, como decía el Rey Faisal que interpretaba Sir Alec Guinnes en la inolvidable “Lawrence de Arabia” “con los jardines de Al Andalus.

Marruecos, ni siquiera una democracia exportable, en la que el Rey lo es todo: Jefe del Estado y de Gobierno, máxima autoridad judicial y principal cabeza de la iglesia.

Hacemos salvedad –no podría resultar de otro modo- la defensa de los derechos humanos cuando se trata de ayuda humanitaria. Son en ese caso las personas el eje de nuestra atención. Por lo general, los bloqueos a los regímenes políticos suponen atentados contra las personas que allí viven y tampoco entiendo que ayuden demasiado a la mejora de las condiciones políticas y democráticas de esos países. No me voy a referir, sin embargo, a la cooperación internacional porque si bien existen muchas relaciones entre esta y la acción política exterior, no forman parte del objeto de esta charla.

Por todo lo dicho, y basado en los principios contenidos en nuestra resolución congresual, defendemos desde UPyD que el espacio de la política internacional forme parte de un consenso de Estado entre las principales formaciones políticas españolas, de modo que no resulte susceptible de cambios con las distintas situaciones de alternancia de gobierno. Los países más serios nos demuestran la necesidad de perseverar en la política que un país desarrolla en el exterior. Si el tiempo de la política es breve –una legislatura dura sólo 4 años, aunque un solo día sea demasiado en algunos casos- el tiempo de la diplomacia es más lento aún que el de la política interior. Lo preside la paciencia y se desaconseja siempre la improvisación. Todo lo contrario –como se ve- a lo que el Gobierno español ha venido realizando en los últimos años.

He dejado para el final la cuestión que se refiere a la acción internacional propia de Unión, Progreso y Democracia, la referida a lo que pretendemos construir como organización política en el plano internacional.

Nuestro partido surgía en la escena política española en un terreno en que los diferentes partidos políticos estaban ya atrapados en un sinfín de contradicciones e inmersos en un consenso básico que se definía, pura y simplemente, como el de no cambiar las cosas sustanciales: la Constitución, por ejemplo, la Ley Electoral, los Estatutis de Autonomía, revirtiendo competencias de los mismos al Estado…

La vieja política española se ve incapaz –y cada vez más- de resolver los probleas que nos afectan. Es la economía, pero también es la política lo que nos está dañando de manera principal. Y la solución no pertenece sólo al mundo de la economía, sino muy principalmente al de la política.

Por poner un solo ejemplo: ¿alguien cree que España va a poder cumplir los compromisos de reducir hasta el 3% su deficir público si no es capaz de embridar el colosal gasto de todas sus administraciones públicas? ¿Alguien puede abrigar la más mínima duda de que el Estado de las Autonomías está condenado en el corto o medio plazo a redefinirse, a racionalizarse?

Pero los viejos políticos –no depende de la edad, creánme, sino de sus políticas- no van a ser capaces de hacerlo. Y ese va a ser el drama de España: que va a necesitar de un nuevo equipo, con ideas diferentes y que desarrolle las políticas que la gente ya está declarando a voces en los diferentes foros.

Algo parecido ocurre en otros países. La crisis ha puesto en evidencia la realidad palmaria del cuento que decía que el Rey no tenía un traje más o menos invisible, sino que estaba simplemente desnudo. Partidos que surgen de la fusión entre las viejas ideas políticas liberales y social-demócratas pero que se expresan de modo muy diferente.

Hoy ya no estamos en la sociedad de la lucha de las clases que presidían las democracias liberales del siglo XIX. Hoy las grandes clases medias nos empujan hacia la moderación y el centro político, pero no simpemente como un espacio entre la izquierda y la derecha, porque precisamente izquierda y derecha no representan ya sino viejas posiciones que no dicen apenas nada. Por eso queremos ser el partido de la novedad, del discurso diferente, de las políticas distintas.

Nick Clegg lo dijo en el debate entre tres partidos que presidió la reciente campaña electoral británica. “Hay otra alternativa, no sólo la conservadora”. Hay otra política, no sólo la del PSOE o la del PP, decimos nosotros en España.

Y allí donde a los viejos partidos le surgen partidos nuevos en la competencia electoral, partidos que hacen discursos limpios, democráticos, progresistas… allí está naciendo un nuevo escenario político.

UPyD aspira a la construcción de este nuevo escenario formado por partidos europeos, como el Liberal-Demócrata de Clegg, alguno de Italia o de Bélgica… y de otros latinoamericanos.

Nos comprometemos por lo tanto a la creación, también a nivel internacional, de un tercer espacio político.

Se trata de una propuesta de amplio alcance y de desarrollo lento. Como lo son, por otra parte nuestras propuestas en el ámbito interno. Y de la misma manera en que no parece fácil modifcar la Constitución con apenas dos años de existencia, tampoco nos resultará fácil construir este tercer espacio. Pero lo cierto es que, cuando un diagnóstico es correcto, la velocidad de su realización se acrecienta notablemente.

El Grupo Internacinal de UpyD, en el que Francisco Pineda colabora intensamente, está preparñandose para acometer este gran reto, asi como los restantes, definidos en nuestra resolución congresual.

Espero no haberles aburrido y me pongo a su disposición para atender a las preguntas que deseen formularme, sobre lo que hemos hablado o sobre España o sobre UpyD. Como quieran.