viernes, 26 de octubre de 2007

Universidad de verano. Jornada sobre la memoria histórica organizado por la Fundación Fernando Buesa. Julio de 2.007

Aparte de la proyectada Ley de Memoria histórica, el Gobierno catalán está marcando el paso con el proyecto "Memorial Democrático" y otra ley que regulará la apertura de las fosas comunes de la Guerra Civil. en desarrollo del art. 54 del nuevo Estatut.
Estas ideas parten de un equívoco: el de confundir el antifascismo genérico de los años 30 con la lucha por la democracia.
En esos años, hubo democracias en Gran Bretaña, Escandinavia, Bélgica, Holanda y Checoslovaquia hasta su invasión por el Reich.
Y en España, demócratas había pocos. Hasta quienes militaban en el espacio del centro político como Miguel Maura, ministro de la Gobernación del gobierno provisional republicano -lo ha estudiado recientemente su nieto Joaquín Romero Maura, en la reedición del libro de aquel, prologado por este, "Así cayó Alfonso XIII"-. En los meses anteriores a la guerra pedía Miguel Maura el advenimiento de una dictadura republicana.
¿Podía considerarse como democrática al conjunto de la izquierda de entonces? Desde luego que no lo eran -demócratas- los anarcosindicalistas -huelgas generales y 3 intentonas de insurrección ofrecen suficiente testimonio de ello..
Compartía con estos similar desprecio a la "democracia burguesa" el partido comunista, hasta la política de la promoción de los frentes populares alentada desde Moscú.
El PSOE vivió en su seno casi todas las contradicciones por las que atravesó la República. La intentona revolucionaria del '34, desplazados los dirigentes más moderados -como Besteiro y Saborit- y conducidos por Largo Caballero y un desconocido -como revolucionario, no como político- Prieto, que simplemente intentaron descabalgar un gobierno que legítimamente le correspondía a la CEDA.
¿Y qué decir de la derecha? Los monárquicos de Renovación Española no eran demócratas -ni siquiera liberales-, los carlistas pedían el retorno del Antiguo Régimen y el ejercicio absoluto del poder por el Rey, los falangistas se veian seducidos por el fascismo italiano -a pesar de la obsesión de José Antonio por velar la herencia política de su padre, que no fuera sino un dictador militar con poco ánimo de pervivencia-. La derecha mayoritaria -la mencionada CEDA- aspiraba a construir un poder autoritario y corporativo, a la manera del Portugal de Salazar.
Un delgado grupo de demócratas con denominaciones diversas como azañistas, liberales progresistas y conservadores, radicales, democristianos, catalanistas, un sector del PSOE e incluso del nacionalismo vasco -a pesar de que su posición sabiniana le acercaba a buena parte de la ideología carlista por lo mismo que la alejaba de la aceptación democrática.
Claro que si la II República española era el espacio de la confrontación, de la negación del otro... esa no era sino una situación heredada del régimen anterior. Del inmediato y del previo.
Era por lo tanto la Dictadura de Primo de Rivera que sancionaba la conclusión del régimen liberal previsto por la Constitución de 1.876, debida especialmente al principal hacedor de la Restauración, Cánovas. Una restauración que vería los sucesivos reinados de dos monarcas, don Alfonso XII y don Alfonso XIII y de una reina regente, doña María Cristina.
Especialmente me gustaría detenerme en el reinado del hijo póstumo del primero de ellos. Un mandato significativo en la historia de España, pues se sitúa en el ámbito temporal en que se producen fenómenos tan importantes como la definitiva desaparición del Antiguo Régimen, la industrialización, la aparición de la clase obrera y sus partidos representativos; y, específicamente para nuestro país, la pérdida de nuestras colonias y el nacimiento del espíritu regeneracionista, que se extendió como una gran mancha de aceite por toda la geografía nacional.
De Alfonso XIII -como de la práctica generalidad de los españoles de la época- no puede decirse que no fuera un rey regeneracionista, pero sí que no fue un rey demócrata.
Al utilizar la expresión "rey" unida a la de "demócrata" debo hacer una precisión. No me refiero a una supuesta "monarquía democrática" -que sería algo así como una contradicción en sus términos, una cosa y la opuesta a la vez, un oximorón; sino a la convicción de una persona que recibe un poder, no democrático sino liberal, y que lo dirige hacia una formulación democrática. Algo así como, andando el tiempo, haría su nieto, el actual rey; con la diferencia de que, don Juan Carlos recibiría un poder total, carente de instancias de control y su abuelo no, como veremos a continuación.
Y es que la Constitución de 1.876 era -a decir de los especialistas- una Constitución liberal, sustentada en los dos poderes: las Cortes y el Rey.
Prescindiendo de la suciedad de los procesos electorales vividos a lo largo de toda la época. Caracterizados por el encasillamiento, la descarada intervención de los gobernadores civiles, la manipulación de los caciques y -en algunas ocasiones- la compra de votos o la violencia sobre los electores... la soberanía nacional la formaban el Parlamento y el Monarca. Las circunstancias políticas -y la apreciación que de las mismas se hacía desde Palacio- determinaba el momento oportuno del cambio de gobierno. El rey nombraba como primer ministro al jefe de la mayoría conservadora o liberal -opuesta a la que hasta ese momento estaba en el poder- y le entregaba el decreto de disolución . El "encasillado" haría el resto del trabajo. Obtenida así la mayoría, el Gobierno gobernaba y el rey ejercía el poder moderador, hasta que se produjera la siguiehte crisis ministerial.
Este sistema turnante -al que también se le denominaría como de "turno de partidos"- operó sin mayores problemas con los dos primeros monarcas y con don Alfonso XIII hasta el año 1.909, con ocasión de la "semana trágica" y la caída del "gobierno largo" de Maura, de cuyo inicio este año cumplimos su centenario.
Nombres como Sagasta, Cánovas o el propio Maura significaron, hasta 1.909, una forma de hacer las cosas.
Hay un cambio de rumbo a partir de 1.907. No es cuestión de analizar ahora las circunstancias que motivaron la "semana trágica" de Barcelona. Para quienes tengan interés en el asunto recomiendo el ensayo seminal de Joaquín Romero Maura "La rosa de fuego" y -para que no se me vea demasiado el plumero, con tanta cita familiar- de la excelente novela de Eduardo Mendoza "La verdad sobre el caso Savolta".
Una gran campaña internacional seguiría al proceso y posterior ejecución de Francisco Ferrer Guardia. La misma campaña que en España daría lugar al "Maura no" y a la reacción del "Maura sí" y el nacimiento del maurismo, un movimiento de ideología difícilmente clasificable.
Una vez que don Alfonso cedía a la presión internacional y cesaba a un gobernante que disponía de mayoría absoluta parlamentaria, le ocurría como a los votantes tradicionales de un partido cuando han depositado la papeleta en favor del partido contrario: una vez que el voto no les quema entre los dedos y ni siquiera el presidente de la mesa le mira con mala cara, ese elector le ha perdido el miedo al "pecado" y está dispuesto a convertirse en recurrente pecador.
Y esto es, poco más o menos, lo que le pasó a don Alfonso: observó que ejercer la política concreta -directa y cotidiana- no exigía pago de peaje alguno y, simple y llanamente, lo convirtió en un juego. Intervenía en los nombramientos -especialmente en los que afectaban a los militares-, dirigía personalmente los hechos de guerra -Marruecos- o pretendía vincular la política internacional española respecto de Europa a su parentesco y relación con las casas reales existentes en el viejo continente.
Algunos dirigentes políticos no quisieron seguirle la gracia y sencillamente los orilló. Ese hecho daría lugar a los llamados "idóneos" del partido conservador, capitaneados por Dato hasta su asesinato o el buceo regio por entre las diferentes familias liberales, después del también asesinado Canalejas, con saltos que iban desde Moret a Romanones, hasta que consiguió deshacer en mil pedazos la clase política de la Restauración. Muchas veces -es preciso subrayarlo- contando con el concurso de unos políticos mediocres, ahítos de favores regios y siempre dispuestos a satisfacer las veleidades del monarca.
No tuvieron mucho recorrido las políticas alfonsinas de atracción del republicanismo de la época. Don Miguel de Unamuno acabaría vituperándole desde su exilio en Hendaya -según carta que escribiría a Gregorio Balparda y a la que hago mención en mi historia novelada "Ultimos días de agosto". No tuvo mejor suerte que el escritor bilbaino el republicano astur Melquiades Alvarez, a quien -como al primero de ellos- haría don Alfonso vagas promesas de democratización de su régimen que nunca cumpliría. Álvarez sería hecho prisionero a lo largo de la guerra y uno de los ejecutados en el triste episodio de Paracuellos
Los últimos gobiernos de concentración y de unidad nacionales de Maura, que este asumiría por mero patriotismo y de acuerdo con su lema: "por mí no quedará", no podrían ya recomponer los cristales rotos de un régimen destrozado ya. El propio Maura calificaría gráficamente a estos gobiernos presididos por él de "monsergas".
Había sido el paso de los gobiernos constitucionales a los gobiernos palatinos -según expresión de Santos Juliá- en que las crisis se calificaban de "orientales", pues se cocinaban inevitablemente en el Palacio de Oriente.
Luego advino la dictadura, en 1.925, que era ya el autoritarismo en estado puro. Una dictadura que algún historiador complaciente con la dinastía, pero seguramte poco cercano a la verdad histórica, ha pretendido desmentir que ocurriera con el expreso apoyo del rey. Este, que en su primer viaje oficial a Roma con el dictador, presentaba al general Primo de Rivera al rey Víctor Manuel como "mi Musolini".
Alfonso XIII representó, como pocos, el escenario de "una de las dos Españas". No fue el único, como queda dicho. Pero él tuvo la oportunidad de derivar su concepto de regeneración hacia la democracia y no lo hizo. En lugar de eso, su deriva fue intervencionista y autoritaria.
La otra España fueron ya las dos del poeta, los españoles en confrontación y rechazo que combatirían en la guerra civil.
No me detendré mucho en reconocer la legitimidad del régimen republicano, de la Constitución de 1.931 y del gobierno del Frente Popular. Es evidente, por lo tanto, que el llamado "Alzamiento Nacional" fue una insurrección contra el poder legítimamente constutuído, un golpe de estado, cruentísimo además.
En términos históricos y sociológicos la guerra civil expresa el fracaso de los españoles en compartir un proyecto común, la incapacidad siquiera del reconocimiento del otro como sujeto de criterios a valorar, la incompatibilidad radical y furibunda.
En 1.986 -50 años después del inicio más bárbaro de nuestra contienda- 11 historiadores españoles de ideologías diversas y procedentes de regiones y nacionalidades diferentes, pactaron un texto para TVE que se dividió en 30 capítulos de una hora.
Me pregunto si ese pacto sería factible hoy.
En el último capítulo de la serie se viene a utilizar la expresión "vencer a la guerra", como la tarea a realizar, como la tarea que se estaba entonces realizando en España.
Hoy ya no es posible la repetición de la guerra. Pero sí lo es que, al amparo de su evocación histórica, se utilice la guerra para repetir una de sus causas: la marginación de la otra España.
Y en eso reside el error. No porque peligra la paz sino porque se pone en peligro la convivencia entre las expresiones políticas.
No es la calle el espacio de la confrontación de las ideas, sino el Parlamento. Y no tiene sentido la evitación del diálogo desde el poder con la oposición para conducir al consenso, y en lugar de eso articular heterogéneas mayorías alternativas que sólo expresan la marginación de quien representa cerca de la mitad del voto emitido.
Se trata de un mal ejemplo de una peor práctica. Por el momento nada más.

martes, 23 de octubre de 2007

DEBATE MONOGRAFICO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Me gustaría abordar este debate desde una aproximación real al problema, sin juicios previos y desconectado de la habitual confrontación político-sindical que hace estragos en este país y en este particular asunto. Una aproximación, por lo tanto, desconectada de toda demagogia. Porque -como todos los portavoces que han hecho uso de la palabra ya han manifestado, y lo harán quienes sigan haciéndolo en el día de hoy- se trata de un asunto muy serio. . En el pasado año 2.006 se han registrado un total de 46.730 accidentes de trabajo; de ellos, 322 respondieron a la calificación de "graves" y tuvieron consecuencia de muerte 52. Son cifras inasumibles para una sociedad civilizada y presuntamente previsora que está concluyendo la primera década del siglo XXI. Cifras que intentaré situar en su contexto a lo largo de esta intervención.
Es preciso reducir al máximo estas cifras y, para hacerlo, no basta con sumarse al corifeo de los que reparten culpas a diestra y siniestra. Es necesario realizar un diagnóstico acertado y proponer un camino practicable para la mejor solución del problema. Entiendo que los ciudadanos exigen de los políticos que hagamos olanteamientos en positivo y ese pretende constituirse en el el sentido de mi intervención en la mañana de hoy.
La ley española parte de un concepto genérico del accidente de trabajo: "toda acción que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", dice el art. 115 de la LGSS.
Esta definición admite como accidentes de trabajo a enfermedades cardiovasculares o a accidentes de circulación que se producen "in itinere" y que suman en su conjunto la mitad de los accidentes laborales.
En relación con la UE ocurre:
- que algunos países no contabilizan los accidentes "in itinere" o los de tráfico, como es el caso de Irlanda o del Reino Unido.
- en ocasiones no se consideran mortales cuando el fallecimiento no sigue inmediatamente al accidente.
Y, en una aproximacióm exenta de demagogia habría que separar responsabilidades de causas. Una cosa es que se responda al accidente y otra que se sea causante del mismo. Pasa lo mismo con los seguros de automóviles y los accidentes de tráfico: los jueces tienden a no estimar las excepciones contenidas en los condicionados de las pólizas, tratan de atender a un criterio de orden indemnizatorio..
Es verdad que, cuando fallan las medidas preventivas, coinciden las notas de causante y responsable en el empresario.
Pero existe también como causa la fatalidad o la no observancia de medidas preventivas por parte del trabajador.
Para trabajar sobre las causas habría que identificar cuatro ámbitos:
- el empresario, que es el que crea el riesgo;
- el trabajador, que lo sufre;
- la administración, con los instrumentos de que dispone para combatirlo. En el caso de la CAPV, a través de Osalán;
- la sensibilización social, de manera que se introduzca el valor seguridad como un valor generalmente asumido. En este sentido, nadie se escandaliza en España porque no se integre en los currículos de FP la asignatura de seguridad en el trabajo.
Empezando por las causas, habría que formularse la siguiente pregunta: ¿se encuentran entre las causas de la siniestralidad la temporalidad y la subcontratación?
Puede, sin duda, existir una cierta relación de causalidad; pero no deberíamos olvidar que.el riesgo se encuentra principalmente en la actividad antes que en el tipo de contrato.
Por ejemplo, tomando como caso ilustrativo a la Administración Pública, hay más accidentes laborales en la Ertzaintza que en Osakidetza, que sin embargo se encuentra a la cabeza de los contratos temporales.
Y en el sector privado, hay baja siniestralidad en el comercio y la hostelería -que concentran buena parte de la temporalidad- y más alta en la química y el metal -con una alta proporción de contratación fija.
Y está el factor de la edad: la mayoría de los accidentes laborales con consecuencia de muerte se concentran en trabajadores de más de 30 y 50 años, donde existe una elevada tasa de contratación indefinida.
Y el colectivo femenino, que concentra el 39% de la temporalidad, presenta unos índices de siniestralidad entre 5 y 7 puntos menos que entre los hombres.
Es preciso distinguir entre el fenómeno de la subcontrtación y el de la subcontratación en cadena. La primera trae su causa de la especialización y de la colaboración interempresarial, bajo el principio de que cada uno se concentra en lo que mejor conoce.
En la subcontratación en cadena existe una cesión de unidades de producción o de obra, sin aporte de valor y casi exclusivamente con objeto de una reducción de presupuesto.
Por lo tanto:
- hay que identificar y prevenir todos los riesgos que pueden aparecer en la empresa y en el puesto de trabajo.
- la mayor parte de los accidentes graves se deben a un grupo reducido de riesgos.
- por lógica, habrá que concentrar la atención y las actuaciones en los riesgos que producen más accidentes
Dicho lo cual, ¿qué evolución está teniendo la siniestralidad?
.Si hay que creer en las estadísticas, en términos comparativos, el total de accidentes ocurridos eh la CAPV era de 50.585 en el año 2.000; y de 46.730 en 2.006. . Los años 2.001 y 2.005 representan puntas de agravamiento en esta decreciente tendencia.
En cuanto a accidentes graves y mortales, el año 2.000 sumaron 556 y el año 2.006 374, ,con iguales puntas que en el conjunto.
Y, a pesar de Disraeli y sus peor que "bloody lies", entiendo que la estadística.que mejor define la siniestralidad laboral es el llamado "índice de incidencia", que compara los accidentes con el número de trabajadores en activo. Pues bien, este "ratio" ha pasado del 77'96 por cada 1.000 trabajadores en el año 2.000 al 61'54 en 2.006, con una punta de 64'66 en 2.005.
¿Ha sido la administración vasca la principal responsable de esta tendencia?
Sinceramente no lo creemos así.
Como argumento que acredita lo que decimos habrá que examinar el instrumento de que en este sentido fispone el Gobierno Vasco: Osalan.
- Habrá que empezar por decir que el documento no realiza un análisis interno de su situación.
- No se han modificado sus funciones ni organización una vez aprobada la LPRL.
- Que siga organizándose en base a sectores y no a especialización como sugiere la ley y la directiva marco es otro de los pasivos a anotar en su particular cuenta de resultados.
- Osalan no es una herramienta para combatir los accidentes de trabajo y ni siquiera sirve para coordinar en este sentido.
- El 40% de las horas de sus técnicos se dedica a planes de siniestralidad, con un resultado mínimo.
- No existe coordinación entre sus áreas de trabajo.
- Tampoco estamos de acuerdo con la habilitación de Osalan en inspectores. No se debe ser a la vez juez y parte.
En definitiva: no podemos pedir un cambio de mentalidad a la sociedad respecto de este problema si no ajustamos previamente el instrumento de que disponemos para ello..
Para toda la tarea que tenemos que emprender se nos presenta un documento probablemente sobreabundante, que a pesar de su extensión exigiría de una mayor concreción.
Se crean hasta 17 grupos de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes de Napoleón Bonaparte, que cuando es preciso enterrar la solución de un problema hay que crear una comisión? No una, 17. Por cierto, tantas como CCAA existen en España.
Termino ya. Las políticas de prevención en materia de siniestralidad laboral deben abordarse desde el triple acuerdo: Administración, sindicatos y organizaciones empresariales.
Si la Administración vasca no ha conseguido propiciar el acuerdo en esta materia, al menos entiendo que el Parlamento debiera realizar el esfuerzo de marcar un estilo diferente: hacer posible un acuerdo donde otros no saben, no pueden o, simplemente, no quieren intentarlo.
Este es el propósito que ha animado esta intervención y que informa las propuestas de resolución que debatiremos en su momento.
No se quiera ver una especie de voluntarismo político en esta intención, sino más bien una llamada de atención a los agentes sociales y al Gobierno, que por cierto demuestra lo que vengo manifestando desde antiguo: que si el Gobierno Vasco convoca a los agentes sociales, a todos, a una reunión tripartita, tarde o temprano los agentes sociales, todos, acabarán sentándose en la mesa.
Por lo demás sólo me queda desear buenas prácticas y mejor éxito al trabajo de todos los implicados en esta fundamental tarea, y me gustaría que por el Parlamento y los grupos que lo componen no se le resten apoyos al combate de la siniestralidad laboral. Que, por lo menos por este parlamentario no quedará.

domingo, 21 de octubre de 2007

Autonomías regresivas

No diré que España vive en trance de desaparición -como afirman los apologistas de la catástrofe- pero sí que afronta un momento de regresión histórica. El origen de la reflexión que motiva este artículo se sitúa en el planteamiento de superación del Antiguo Régimen -al que, es preciso no olvidarlo, tanto colaboraría la actual dinastía reinante-. Con él se fueron detrás los aranceles,alcabalas y tasas de cualquier clase que gravaban todo tipo de mercancías en su discurrir a lo largo de la península..
Este cambio traía su causa en una verdadera necesidad. Los señoríos feudales asentaban su posición política en determinados territorios. Era un poder desde el que exigían esos y otros gravámenes, los cuales consolidaban su preeminencia política. Y desde esta situación dominante sometían a un auténtico chantaje a los reyes, de quienes afirmaban sin embargo su condición de súbditos. Pero los comerciantes -hombres de negocios de la época- no podían estar de acuerdo. Sus productos recibían tal número de cargas a lo largo de su viaje por España que llegaban muchas veces al consumidor final en la forma de objetos cuasi-preciosos, con los inconvenientes que de ello se derivaban en cuanti a su consumo.
El comercio llama siempre a la apertura de nuevos mercados, en una vía que no ha descansado hasta la llegada de la actual globalización.
En ese sentido, el proceso de centralización emprendido en España, en su versión más democrática a partir de la Constitución de Cádiz de 1.812, puede ser considerado como una auténtica tendencia, que apenas se vería truncada por fugaces fenómenos como el que diera en denominarse como cantonalismo -"¡Viva Cartagena libre!", reflexiones sesudas como el republicanismo federativo de Pi I Margall, las tímidas Mancomunidades emprendidas por algunos políticos de la Restauración iniciada por Cánovas o los Estatutos de Autobomía concedidos por nuestra Segunda República.
Si esa lectura jacobina constituye el trazo dominante en nuestra historia moderna, es cierto que no siempre fue democrática, ni siquiera liberal: la dictadura del general Franco es siempre ejemplo paradigmático de centralismo autoritario.
Esa tendencia se quiebra con el Estado de las Autonomías que se establece en el título VIII de nuestra vigente Constitución y se refuerza después por la revisión estatutaria impulsada en la actual legislatura por el Presidente Zapatero.
Los treinta años transcurridos y la aplicación de las previsiones constitucionales en materia autonómica nos permiten obtener algunas conclusiones.
Sin ánimo de resultar exhaustivo ciataré alguna. La primera podría consistir en el nacimiento y consolidación de unas nuevas clases políticas regionales, compuestas por Consejeros, Viceconsejeros, Directores de los respectivos Departamentos y de las empresas públicas creadas al calor de las transferencias competenciales.
Estas clases políticas lo son de dos tipos básicos: las que proceden de los partidos nacionalistas, en las llamadas "nacionalidades históricas" y las estructuras territoriales de los partidos nacionales que se hacen fuertes básicamente en las regiones.
Unas y otras se parecen bastante. El común denominador -aparte de un discurso más o menos integrador o reivindicativo- es el de presionar a la Administración Central en petición de mayores competencias que alimenten a su siempre voraz legión de pretendientes a engrosar el pesebre de los elegidos.
No se trata por lo tanto de que exista o no demanda por parte de los ciudadanos que componen esas comunidades autónomas de un mayor techo competencial. No existe tal, como lo demuestra la escasísima participación ciudadana en los referendos de Cataluña y Andalucía.
Incrustadas estas clases políticas en las instituciones territoriales y alejadas de los ciudadanos, sus nuevos estatutos apenas pretenden acercar el poder al ciudadano, sino acercarse ellos mismos.-esas clases políticas- al poder.
De ese modo, los partidos nacionalistas presionan a los partidos nacionales que se encuentran en el Gobierno de España a que concedan más competencias a las autonomías que ellos gestionan. Ponen a cambio de esas políticas sus votos en el Congreso de los Diputados. No pretenden en realidad la independencia, sino el permanente chantaje a la cosa común.
Las estructuras territoriales de los partidos nacionales -especialmente cuando gobiernan en sus autonomías- dicen contribuir a un proyecto común que se llama España, aunque lo que están haciendo realmente es ayudar a su fragmentación. El pago que entregan para ello al Gobierno central de su partido es la paz organizativa interna -"entre bomberos no hay que pisarse la manguera".
Y como resultado de todo eso se ha construido ya un proceloso país compuesto por diecisiete países. Un notario que no sepa catalán no podrá abrir notaría en Barcelona, un prestigioso médico que no domine el euskera no podrá ejercer en el hospital de Cruces y una empresa de servicios que no esté radicada o disponga de filial en Murcia no podrá participar en determinados concursos públicos Y hay quien piensa que conviene trocear también la Seguridad Social, de modo que los pensionistas a lo mejor tengan dificultades para cobrar su jubilación en el supuesto de que el sistema público dependiente de su autonomía recorte sus prestaciones o simplemente se declare en quiebra -no quebrarán desde luego las empresas públicas de esos territorios en tanto haya que pagar las nóminas de los paniaguados de sus partidos.
La distancia entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanos se va acrecentando con el paso del tiempo. Y las convicciones de los primeros se han visto sustituidas en gran parte por sus propios intereses crematísticos.
La unidad de España no es sólo importante por lo simbólico. Lo es también porque se refiere a la solidaridad y al progreso. Este consiguió clausurar el tiempo insolidario del Antiguo Régimen. Pero hoy pueblan los escenarios públicos estos nuevos reconstructores del pasado para contarnos en la práctica que, al fin y al cabo, ese tiempo histórico era bastante mejor y que conviene reeditarlo.