Publicado en La Voz de Lázaro, el 14 de octubre de 2025
Los comentarios formulados por el presidente Trump al finlandés Stubb en el sentido de que España debería ser expulsada de la OTAN por no asumir el compromiso de situar el gasto en defensa en el 5% de su PIB avivan sin duda el ya bastante convulso debate politico en nuestro país.
El presidente Sánchez ha opuesto el gasto militar al gasto social. Hizo explícita tal disyuntiva en una carta que enviaba al secretario general de la OTAN en la que rechazaba el incremento del gasto que, ahora de manera tan agria, le reprochan desde la Casa Blanca. “Aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB es incompatible con el estado del bienestar”, escribió a Mark Rutte.
Sin perjuicio de que no exista previsión alguna en el tratado de la OTAN respecto de la expulsión de alguno de sus miembros, la cuestión remite, en todo caso, a la conocida expresión “¿cañones o mantequilla?”, guns or butter, que haría conocida el dirigente nazi, Hermann Göring, en la atribulada Alemania del periodo intermedio entre la primera y la segunda guerras mundiales.
También de Alemania procede la misma reflexión, aunque desde coordenadas ideológicas muy diferentes y distantes momentos históricos. Su actual canciller Friedrich Merz, ha abogado por duplicar el gasto militar entre 2025 y 2029, mientras critica que el modelo social existente es “insostenible” bajo las condiciones actuales. Y no resulta ocioso advertir que siempre conviene permanecer atentos a lo que acontece en ese país, ya que, tarde o temprano, los problemas que allí se plantean se convertirán en retos muy complicados de asumir para nosotros.
Lo cierto es que la idea del incremento en el gasto de defensa, sin perjuicio del guarismo con el que nos movamos -2, 3’5 ó 5%-, exige elevar los impuestos, incrementar la deuda o reducir el gasto… o una combinación de las tres posibilidades.
Algunos expertos nos aseguran, sin embargo, que no nos encontramos en un juego de suma cero, como parece deducirse de la reflexión anterior; esto es, que deberíamos asumir un menor bienestar a cambio de una mayor seguridad. Lo que nos explican esos expertos es que la industria militar y la innovación tecnológica que supone -recordemos que Internet surgió de la necesidad de conexión entre diversos ordenadores que tenía el Departamento de Defensa norteamericano- podría generar efectos multiplicadores en el ámbito del empleo. El efecto de arrastre sobre una industria dormida, cuando no en mantillas, como es la europea en materia armamentística, podría mejorar las cuentas públicas y mantener -por vía de aplicación de ese excedente- el gasto social. De esta manera -argumentan éstos- el dilema entre cañones o mantequilla sólo se produciría en el corto plazo.
Pero si de plazos hablamos, la cuestión regresaría entonces al punto de partida. Sólo basta con observar las reacciones de la ciudadanía francesa ante cualquier conato gubernamental por elevar la edad de jubilación, por ejemplo, y hacerlo en una franja de edad que ya en España y en otros países de la UE tenemos asumido desde hace tiempo. ¿La solución? Más déficit y más deuda… pero, ¿cuánto tiempo más aguanta este procedimiento? Y, desde un punto de vista moral, ¿resulta admisible que traslademos esta carga a las siguientes generaciones?
Sin perjuicio de los plazos, es preciso recordar también que, en el reciente acuerdo comercial entre la UE y los EEUU, ya se hablaba de una importantísima compra de armamento de los primeros a los segundos, lo cual, en lugar de abonar la tesis de favorecer el resurgimiento -la implementación, más bien- de la industria de defensa europea, apostaría por la continuidad de nuestra dependencia de Norteamérica.
Aun cuando, volviendo al asunto de los ajustes, resulta preciso advertir que no todos los recortes posibles procederían del ámbito del estado del bienestar. Existe algún margen de maniobra en manos de los gobiernos que se propongan con verdadero ánimo reformista a resolver los problemas que nos afectan. La elefantiásica administración española, por ejemplo, repleta de duplicidades, sería sin lugar a dudas un buen banco de pruebas. Algunos estudios han sugerido que el ahorro en lo que se podría considerar como gasto superfluo podría encontrarse entre un máximo de 60.000 millones de euros (informe de CEOE) o una estimación razonable de 6.000 millones (en el caso de que el Estado limitara el crecimiento del gasto público a los limites establecidos por las nuevas reglas fiscales europeas).
Dejando de lado a Francia, que está como se sabe sumida en una profunda crisis política, es Alemania, con la eliminación de las restricciones constitucionales a su gasto público, quien se encuentra en mejores condiciones para acometer este decisivo salto tecnológico en la industria del armamento.
El caso de España es el de la vacilación permanente entre la realidad y la burbuja de las declaraciones, de un gobierno que no se encuentra integrado, de unos socios parlamentarios que no le quieren dejar caer, pero tampoco le aportan el suficiente oxígeno, y por eso carece de presupuestos que deberían integrar decisiones en materia de inversión en defensa, y -lo último, pero no lo menos importante- de un presidente que no parece dispuesto a romper ese intrincado nudo gordiano por el procedimiento más lógico que existe; disolver el parlamento y convocar elecciones.
Una vez más, es seguro que la ola nos alcance tendidos al sol de nuestros estériles y endogámicos debates.
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