Publicado por La Voz de Lázaro, el 27 de noviembre de 2025
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siguiendo los auspicios de la Administración Trump, aprobó el 31 del pasado mes de octubre una resolución que considera el plan de autonomía marroquí como base de negociación para la solución del conflicto. “Una auténtica autonomía” bajo soberanía marroquí “podría representar el resultado más viable”, señala la resolución aprobada.
Puede interpretarse este texto como un reconocimiento implícito de la presunta soberanía marroquí respecto del territorio del Sáhara, una toma de posición que es la primera que se produce en este sentido. El derecho de autodeterminación, si bien reconocido también en la resolución, sufriría un daño poco menos que irreversible, ya que se vería condicionado por el marco de la autonomía respecto de Marruecos, dejando casi impracticable la posibilidad de la independencia saharaui.
Debe realizarse también una lectura en clave de geopolítica internacional del citado acuerdo. La principal valedora de Argelia -esta última la más importante de las naciones que protegen los intereses de los saharauis- que es Rusia, se abstendría en la votación, declinando así utilizar su derecho de veto. Parece evidente que los intereses principales de Putin consisten en no disgustar en exceso al presidente norteamericano por aquello de que pueda ayudarle en su estrategia de sometimiento a Ucrania.
Parece claro, sin embargo, que no se trata de una resolución vinculante la aprobada por el Consejo de Seguridad, ya que carece de la eficacia normativa de la que sí dispone la resolución 1514 de la Asamblea General, relativa a la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Pero señala una hoja de ruta muy complicada para los negociadores polisarios. Y es que plan de autonomía marroquí para el Sáhara simplemente no existe. Se trata, según ha afirmado el periodista Ignacio Cembrero, de un papel de tres páginas que carece de contenido. Y la posibilidad creíble de que se ponga en marcha no produce confianza alguna. Marruecos es un régimen que carece de seguridad jurídica, ya que no se trata en puridad de un estado de derecho, sino de una autocracia dirigida por el palacio real (lo que se denomina el Majzén, u oligarquía que gobierna al país).
Un camino tortuoso el que deberán recorrer los negociadores saharauis para un pueblo dividido por una berma de unos 2.700 kilómetros, lo que la convierte en la frontera fortificada más larga del mundo. A un lado y otro de ese límite viven -y malviven- unas 400.000 personas, divididas entre quienes lo hacen bajo la ocupación de Marruecos, los territorios liberados y los campos de refugiados de Tinduf (la fuente utilizada es la Humanitarian Law and Refugees Network, pero existen otras).
He tenido la oportunidad de visitar los campos de refugiados por dos veces, en la primera ocasión para la firma de un acuerdo de colaboración entre UPyD y el Frente Polisario que la portavoz de aquel partido, Rosa Díez, suscribiera. La segunda fue para asistir al Congreso del Polisario que elegía a Brahim Gali como secretario general del partido y presidente de la RASD. En mi primera visita, más prolongada, tuve la ocasión de conocer los territorios liberados por los saharauis.
Mis contactos con esas gentes me produjeron -me los producen aún- sentimientos de tristeza, de vergüenza y de reconocimiento.
La tristeza se aloja en esa casucha del campamento que nos acogía en julio de 2016 para la celebración del Congreso antes citado. (La organización desorganizada del Polisario nos había juntado en el mismo habitáculo a la representante de Bildu y a mí, que era portavoz de internacional de Ciudadanos, siguiendo un protocolo ciertamente poco sutil). Pero, más allá de la anécdota, recuerdo a un joven saharaui, Lahbib (nombre figurado), casado ya y con hijos, cuya única actividad en la vida consistía -y sigue consistiendo- en ver pasar los días y recoger la ayuda humanitaria que le distribuía el Polisario. Pensar que ese caso se multiplica por cuantas veces queramos hasta completar la cifra de los refugiados en los campos de Tinduf -unos 170.000- es una situación que deberían conocer los políticos antes de tomar decisiones como las adoptadas por los importantes miembros del Consejo de Seguridad, que reparten legitimidades e ilegitimidades como si se encontraran en una timba donde se distribuyen cartas, invariablemente marcadas, por supuesto.
Me produce vergüenza también por el papel que ha jugado mi país en este conflicto. El de hoy y el de ayer, pero el papel que hoy representa en especial. La política de claudicaciones y de entreguismo a un país que nos amenaza porque conoce de sobra nuestras debilidades, que son la inmigración que nos arroja a nado o en pateras, la tasada colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, las aduanas que promete abrir y no abre, los Pegasus con los que infectan los móviles de los ministros de Defensa, de Interior y hasta del presidente del gobierno… y no menos importante en la suma de factores, el lobby formado por escribientes, opinadores, empresarios y hasta políticos que son generosamente remunerados por el Majzén. La vergüenza de una España que se reconoce derrotada sin siquiera presentar batalla, tan irreconocible con nuestra historia que se diría que formamos parte de otro país.
Y, por fin, el reconocimiento. La gratitud de esas gentes que te miran a los ojos, como Lahbib, desde la serenidad y la exigencia, que no desde el odio. Que te reclaman coherencia con lo que predicabas antes de asumir responsabilidades de gobierno. Como el texto que firmó Felipe González, cuando era líder de la oposición, y que se conserva en el museo de la guerra en Tinduf, junto al armamento pesado arrebatado al ejército marroquí. Como las palabras de los ministros de Sumar, ayer, cuando eran miembros también de la oposición, y hoy no se atreven a actuar con la misma vara de medir en lo relativo al etiquetaje de los productos saharauis al igual que con los palestinos (Pablo Bustinduy es ahora ministro de Consumo).
No piden nada. Son conscientes de que están enterrando sus vidas con el único propósito de entregar el testigo a la generación que les sustituya -si eso fuera posible aún y no escapen de esa condena a cadena perpetua a la que se ven sometidos-. Somos nosotros, quienes descendemos de los autores de las políticas vergonzosas, de quienes convivimos con ellos, quienes deberíamos alzar la voz y practicar la solidaridad. No haríamos otra cosa que cumplir con nuestro deber.
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