Publicado en El Imparcial, el 3 de enero de 2026 E
La degradación de la vida política española parece no tener fin. Se diría que nuestros compatriotas, los que no forman parte de la cada vez más abultada clase política, se encuentran succionados por una especie de agujero negro. Se trataría de una nueva modalidad del triángulo de las Bermudas compuesto por un cúmulo de desgracias. Darían estas comienzo con el gobierno de un partido acosado por la corrupción y otras malas prácticas, empeñado en sobrevivir sin mayoría parlamentaria, prorrogando los presupuestos un año tras de otro, y jugando al escondite con las Cortes Generales -aprobaremos medidas que no pasen por el Congreso, ha asegurado la ministra Elma Saiz-. Se encuentra sometido el gobierno, por lo tanto, a una agenda disolvente que -ésta sí- existe, al contrario de la inexistente del ejecutivo: el programa de los nacionalismos insolidarios, de las demagógicas reclamaciones de las extremas izquierdas y del blanqueamiento-por ahora- de los que aún tienen sus manos manchadas de sangre.
Pero el agujero negro no concluye con eso. Si el español de a pie echa la mirada hacia el otro lado del espectro político, no tendrá tampoco demasiado motivo para el contento. Observará a un Partido Popular que sólo reclama una sustitución del desastre en el que nos encontramos, lo cual, sin dejar de constituir una cierta mejora, no ofrece ninguna ilusión. Tampoco la seguridad de una mejor gestión, vista la deplorable actuación de sus gobiernos autonómicos en la Dana en Valencia o en los aparatosos incendios del pasado verano.
Más a la derecha, Vox parece empeñado en pinzar al PP con la ayuda de Sánchez, y de reforzar una llamada a la nostalgia de los tiempos felices que nunca lo fueron tanto, de una inexistente identidad homogénea y unida, irreconocibles para cualquier persona medianamente informada. En su proyecto sobrarían, por supuesto, los emigrantes, habría que excluir de la política a los nacionalistas, desterrar a la marginación a las extremas izquierdas y obligar a abjurar de sus convicciones -cualesquiera que fueran éstas- a los socialistas.
No existe tampoco liderazgo, siquiera influencia en la situación que se ha descrito, de las élites empresariales y financieras que, adheridas como lapas a las instituciones públicas, observan con satisfacción el corto plazo de los resultados positivos del IBEX, en tanto que la convivencia y la nación se desmoronan.
Quedan, eso sí, los jueces que son, a decir de muchos, la pieza más débil del estado de derecho, confrontados a la obligación cotidiana de aplicar la ley sin importar la ideología, la condición social o el género. Ocurre que, como consecuencia de su fragilidad, se les acusa de actuar movidos por la práctica de persecución al enemigo político -lawfare-, y son precisamente sus acusadores quienes utilizan a determinados órganos de la justicia -Fiscal General, abogacía del Estado- en instrumento para el beneficio propio.
Y están también los medios de comunicación (sin perjuicio de que, según la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, no llegan al 30% los españoles que se informan a través de ellos). La información contrastada y presumiblemente veraz se convierte así en un valladar contra las especulaciones y rumores emitidos por las fake news.
Queda también, navegando en solitario por mares turbulentos, la Corona, que ya se constituye en objetivo más o menos próximo a batir por la cohorte de los que van situando en su programa político la abolición del régimen del 78, del que la institución monárquica supone el arco de bóveda.
No parece entonces justo endosar a una, por otra parte, inexistente ciudadanía, la responsabilidad de este estado de las cosas. En esta democracia monitorizada por los gobiernos de uno u otro signo, diluida la certeza por la falsedad de las informaciones, polarizada la política con grave peligro de permear en la sociedad, resulta hasta comprensible que los españoles, en una inmensa mayoría, se escuden en el cualumcuismo, expresión italiana que evoca una actitud política y social caracterizada por el rechazo general a la política, a las ideologías y a la participación cívica, bajo la idea de que “todos los políticos son iguales” y “nada va a cambiar”.
No les falta razón. Y es que la necesaria activación de la ciudadanía no se produce moviendo la varita mágica de los deseos que nunca se cumplen. Ciudadanía y política son ecuaciones que se retroalimentan de manera recíproca. Son precisos proyectos claros y objetivos concretos que convoquen a las gentes a una acción determinada. Si no existen esos proyectos no habrá quien se apunte a su consecución.
Nuestras gentes están ahí. Su posibilidad de firmar una solicitud, adherirse a un manifiesto o integrar una asociación requiere de una actuación previa, y ésta de la determinación de lo que de ellos se pretenda conseguir. La ciudadanía no crece en un tubo de ensayo, como si de un experimento se tratara.
Pero tampoco conviene hacer de ella un instrumento alternativo cuando la política ni siquiera está dispuesta a realizar su trabajo. Si la oposición no actúa como debe en el parlamento, no parece responsable convocar a los españoles a que exijan en las calles lo que ellos no reclaman en la cámara representativa.
El respeto a la sociedad civil se convierte así en la piedra de toque que combate el cualumcuismo. De lo contrario se parecerán nuestras gentes a los afiliados de los partidos de masas, ésos a los que se convoca cada cierto tiempo para que aplaudan en los mítines y engrósenlo las mesas electorales.
La evitación del cualumcuismo -la activación de la ciudadanía- requiere, por lo tanto, de objetivos precisos y de respeto a los españoles . Y que cada uno haga el trabajo que le corresponda.
De lo contrario, las gentes de nuestro país se encerrarán en la mejor gestión de sus asuntos profesionales y familiares, y se dirán a sí mismos que no merece la pena emplear -¿malgastar?- su tiempo en las cosas que siempre seguirán siendo iguales, cualesquiera que sean los que nos gobiernen.