El debate abierto en la Unión Europea y, por extensión, en los países del viejo continente que forman parte de la OTAN sobre la mejor manera de financiar el mayor gasto en Defensa, viene exigido, no sólo por la nueva administración norteamericana, sino por una elemental lógica derivada del sentido común. Y es un debate que tiene antiguos antecedentes.
Y antiguos no supone afirmar que ya en la presidencia de Obama (2009-2017) esa idea se viene planteando del otro lado del Atlántico. Es que el mismo concepto del arrendamiento europeo de nuestra seguridad a nuestros aliados estadounidenses se encuentra en la génesis del proyecto de revitalización de nuestro viejo continente después de la Segunda Guerra Mundial. Era como si, en paralelo al Plan Marshall y a las instituciones que surgían de la gran contienda para asegurar un orden nuevo multilateral basado en reglas, los países europeos considerasen que todo su esfuerzo consistía en concentrarse en su recuperación económica y en no volver a desenterrar la vieja hacha de guerra, resucitando querellas que debieran quedar para siempre sumidas en la noche de los tiempos. Ya el pensador francés, Jean-François Revel, comparando la transformación europea después de la guerra con la desaparición del imperio soviético, había dejado escrito en uno de sus comentarios semanales en la revista Le Point, que aquella tarea no era tan complicada como lo sería la de poner en orden la destrucción económica operada por el régimen comunista. Después de la guerra, ingenieros arquitectos, empresarios, banqueros… seguían en la Europa liberada y estaban disponibles para acometer sus acostumbrados cometidos; por el contrario, las costumbres adocenadas de los trabajadores que surgían del espacio geográfico del Este, con sus planes quinquenales, su carencia de iniciativa y su hacer como que trabajan para que el Estado haga como que les paga -en feliz explicación del régimen castrista cubano- aún sigue generando una dificultad de integración de sus convicciones ideológicas y políticas en nuestra Europa unificada; buena prueba de ello la constituyen los resultados electorales que se vienen produciendo en el espacio de la antigua Alemania oriental.
Hay en cuanto al punto de quién debe pagar por nuestra Defensa más allá de que lo seamos nosotros, los ciudadanos de los países europeos, por descontado- dos tesis de muy difícil conciliación: la de quienes consideran que la factura debe abonarse con fondos europeos, como está ocurriendo con las cantidades empleadas en la recuperación de nuestras economías, consecuencia de la crisis del COVID 19; y la de los que opinan que el esfuerzo debe proceder de los presupuestos nacionales.
El argumento presentado por los partidarios de una aportación europea, por vía de un endeudamiento colectivo, parte de un concepto que podríamos denominar como de una mera agregación de ese gasto a los presupuestos existentes. Se considera así que los estándares presupuestarios están ya establecidos y carecerían de recorrido, en el capítulo de ingresos (lo que quiere decir que la clase media y las empresas, ya se encuentran en exceso penalizadas y no están dispuestas a satisfacer más impuestos, y que un esfuerzo adicional en ese sentido tendría una expresión en la forma de un voto de castigo); pero ocurre lo mismo en lo relativo a los gastos, porque los gobiernos carecen de la valentía de actuar con rigor presupuestario -meter la tijera-, por ejemplo, en el capítulo de pensiones -imagínense el impacto que tendría una medida de esas características en las envejecidas sociedades europeas-, las infraestructuras, o en el gasto más superfluo, o en el dispendio de unas administraciones elefantiásicas, en el sobrante de asesores, o en el de las horas perdidas por el absentismo laboral provocado por el tele-trabajo de algunos funcionarios.
En lo que se refiere a la mera agregación del gasto se podría tomar como ejemplo el caso francés. El país vecino debería pasar de un 2% de su PIB invertido en Defensa a un 5% -que es la cifra exigida por Trump-. Su producto bruto viene a ser de 2,92 billones de euros, por lo que el incremento del 3% llegaría a situarse en el orden de unos 88.000 millones de euros adicionales. Francia se encuentra ya con un déficit del 6% de gasto por encima del ingreso, y una deuda pública del 116%, que no parece capaz de corregir. Si sumáramos el mayor gasto en Defensa, el país del hexágono tendría que financiar una deuda pública cercana al 120%.
Los casos de Italia y España son parecidos, con el agravante en el nuestro de que gastamos en Defensa un magro 1’3%, de manera que nuestro esfuerzo presupuestario y el impacto de éste en el déficit y el endeudamiento públicos resultarían considerablemente mayores. Cuando se escribe éste comentario, el presidente del gobierno español ha anunciado un incremento del gasto en Defensa que totalizaría así un 2%. Existe un cierto ejercicio de ingeniería contable y de singular concepción de los gastos de Defensa en las medidas propuestas, ya que un 35% del presupuesto adicional se empleará en una mayor retribución a los miembros de las Fuerzas Armadas, un 17% en gestión de emergencias, un 31% se empleará en telecomunicaciones y ciberseguridad -cualquiera que este epígrafe suponga- y sólo un 25% en adquisición de nuevos equipos y en apoyo a las misiones internacionales en las que nuestro país participa. Veremos lo que dicen en los cuarteles generales de la OTAN…
En opinión de quienes sostienen la tesis de que ese mayor gasto hay que facturarlo a la Unión en su conjunto, se evoca la idea de que la seguridad y la defensa de nuestro continente constituyen un bien público del conjunto de Europa. Y no sólo eso, es que pagar más provocaría un efecto desestabilizador en las economías y en los mercados que son a priori muy difíciles de evaluar. Por otra parte -añaden- no es preciso gastar más, es más importante gastar mejor, y mejorar las economías de escala de los 27 presupuestos nacionales, articulados e integrados unos con otros.
Se trata de unos argumentos que, sin embargo, no rechazan -ninguno de los dos- la necesidad de un mayor esfuerzo en los presupuestos nacionales. En todo caso, quienes opinan que toda la carga debe proceder de los países, son conscientes de que la UE deberá ofrecer las facilidades que estén en su mano para que ese esfuerzo adicional no quede frustrado por un exceso de celo en el control de las cuentas públicas de los Estados, como consecuencia de las normas comunitarias en lo que se refiere a la contención del déficit y de la deuda.
Pero, de un cierto mirar hacia otro lado a un nuevo NextGeneration de la Defensa europea, va un trecho muy considerable que no parece que las instituciones de la Unión estén dispuestos a franquear. ¿Qué podría decir Polonia, por ejemplo, con un 4’7% de gasto en Defensa si se le pide que financie, por vía de deuda pública europea, a un país como España que sólo gasta el 1’3%? -o el 2%: si los cálculos de Pedro Sánchez no ofrecenun gato en lugar de una liebre?- Se lo pueden ustedes imaginar.
En todo caso, y volviendo a la reciente intervención del presidente español, parece quedar implícita en ella que, finalmente, nuestro gobierno ha capitulado en su tesis del nuevo Next Generation defensivo.
Aunque, tratándose de Sánchez y su habitual kit de resistencia, todo sigue siendo posible.
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