Víctimas y victimarios

 Publicado en El Imparcial, el 29 de marzo de 2026

El autor de “Patria”, Fernando Aramburu, acaba de publicar la novela “Maite”, cuyo relato se produce al socaire de eso que el entonces director de El Mundo del País Vasco, Melchor Miralles, calificara de “asesinato a cámara lenta” de Miguel Ángel Blanco, ya que no era otro el propósito de los terroristas cuando se lo llevaron secuestrado en el viaje en tren que el joven concejal del PP hacía desde Ermua a Eibar.

Aramburu sitúa en este libro la siguiente reflexión cuya cita hago a continuación:

“Las víctimas lo son para siempre. Le diré más. Las víctimas son las gotas que al caer la piedra saltaron a su pesar fuera de la charca. Da pena decirlo, pero es así. Lo hemos visto cientos de veces. Las víctimas están tan absorbidas por el dolor que acaso, llevadas por la ingenuidad, den en creer que no puede haber nada más importante para la sociedad que ese dolor. ¡Cuánto se equivocan! Piden justicia, piden reparación. Pronto descubrirán que su tragedia es sólo suya y que a los demás les importa en la medida en que también a ellos pudiera corresponderles un destino similar. Como nadie quiere eso, se apartarán por instinto de las víctimas, que se irán quedando solas o, por mejor decir, abandonadas”.

Y es lamentablemente cierta la consideración que se desprende de este texto. Sólo basta para adverar la justeza de lo que se afirma con observar la gestión de los casos de los etarras Soledad Iparraguirre (alias Anboto), que disfruta de régimen de semi-libertad después de haber cumplido 22 de los 700 años de condena que le correspondían, según las asociaciones de víctimas; o el de Garikoitz Azpiazu (alias Txeroki), a quien también ha alcanzado igual régimen, y cuya condena sumaba 400 años.

Esos casos constituyen vergonzantes botones de muestra de la negociación entre el llamado Gobierno de Progreso y la organización Bildu, que ha venido a recoger el testigo de otras agrupaciones que hicieron de su objetivo la representación Institucional de la banda terrorista. Para quienes no lo sepan o tengan lagunas en la memoria, la historia recoge los nombres de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o ANV, que de estas y de otras maneras se han intitulado las organizaciones para-etarras. Su líder, Arnaldo Otegi, es un terrorista condenado por el secuestro del industrial Abaitua; y la portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, editora del diario Egin -que registraba en su sección de anuncios por palabras los mensajes de la banda asesina- fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional por su apoyo a ETA.

La gestión de los citados regímenes de semi-libertad, así como el conjunto de los referidos a los etarras que sufren condena, es competencia del Gobierno Vasco, y corresponde ese particular cometido a la Consejera socialista María Jesús San José, a partir de la transferencia del régimen penitenciario a esta institución autonómica en octubre de 2021.

Uno de los instrumentos que facilitan semejantes medidas de gracia a los condenados etarras se produce a través de las reuniones que, entre víctimas y victimarios, acontecen en el caserío Arretxe (literalmente casa de piedra) en Alzo, en Guipúzcoa, según viene informando el diario El Mundo. Unos encuentros en los que, siempre a decir del mencionado rotativo, no se habla entre los congregados del pasado sino del futuro.

Sin perjuicio de que me resulte difícilmente comprensible la participación de los familiares que han sido objeto de atentados en estos encuentros, que más me parece una feria de los desatinos, supongo que deberían ser dos los objetivos que los políticos deberían intentar conseguir de los etarras: el arrepentimiento expreso y sin ambages de éstos por el daño cometido, y su colaboración en el esclarecimiento de los sucesos terroristas que aún siguen sin resolverse (el pasado, sí, no el futuro). Lo cierto es que ninguna de las dos mencionadas finalidades parece formar parte de la nueva política penitenciaria inaugurada por el llamado Gobierno de Progreso que merece la colaboración de los protectores de los presos etarras.

Se trata por dicho gobierno, en mi opinión, de encontrar una vía que consista en excarcelar a los penados pertenecientes a la banda asesina, a través de un cumplimiento formal de los preceptos legales, pero vulnerando su espíritu. El objetivo está siendo que salgan, cuanto antes mejor, de la cárcel, blanqueando al mismo tiempo a quienes han hecho de su principal preocupación que sean liberados (“tenemos 200 presos en la cárcel, si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, votaremos", dijo Otegi). Apoyo parlamentario por presos. Eso es todo…

Eso es todo, o la parte más importante de ese todo, porque la historia no se resuelve porque se la entierre. Los cadáveres de los asesinados, los años acumulados en los secuestros de las víctimas, el dolor de sus familias, el dramático viaje de éstas en el exilio interior que provocaron, los cientos de millones de euros -miles de millones de pesetas- recaudados por la extorsión… todo ello reclama un lugar en el recuerdo que se les niega a las generaciones más jóvenes. 

La historia de ETA debería estudiarse en los textos de los libros en los colegios, y la auténtica catadura moral de Los Anboto y Txeroki, pasar al imaginario popular sin la ocultación de las gafas de sol o de las manos que tapan a las cámaras de televisión que pretenden informar del ignominioso régimen de semi-libertad de que disfrutan. Y para aventar las palabras de la cita inicial de este artículo, para no olvidar a las víctimas.

Pero, cualquiera que sea la aplicación del recuerdo y la memoria a Fernando Múgica y a Enrique Casas -por citar sólo a dos socialistas asesinados por ETA a quienes tuve el honor de conocer- sus asesinos recorrerán las calles y las plazas de los pueblos del País Vasco como monumentos vivientes de la infamia y del escarnio.

Con ser muchas y muy reprochables las gestiones realizadas por este pretendido Gobierno de Progreso y de su presidente, Pedro Sánchez, ésta es a mi juicio la más infame de las que ha acometido.