La vigencia del derecho internacional

Publicado en La Voz de Lázaro, el 12 de marzo de 2026

Un nuevo frente se está abriendo en esta sociedad occidental que abandona sus certezas y se abraza cada día más al desconcierto. Los tertulianos de los medios de comunicación más radicales hacen mofa del Derecho Internacional: ese tal derecho -afirman- no derriba gobiernos autocráticos ni corruptos, no sirve para nada y además nos cuesta dinero, demasiado dinero.

La alternativa que no proponen esos comentaristas, es la ley de la jungla. 

No es nueva, sin embargo, esta ley de la selva, incluso si nos atenemos los tiempos más o menos actuales. Ya la coalición de Bush Jr, junto con Blair y Aznar -definida en la foto de las Azores- nos introdujo en una guerra. El pretexto era que el sátrapa Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva. No las tenía, según se comprobaría más tarde.

La exhibición del poderío militar no es nueva, pero la fórmula de “la ley del más fuerte”, que hemos conocido desde los patios del colegio hasta los centros de trabajo, o los lugares de socialización colectiva, pensábamos que había quedado constreñida por las costumbres de la civilización y por el mayor de los avances conceptuales que en el devenir de los tiempos nos hemos dado los seres humanos, y que no es otro sino el del imperio de la ley.

Somos mejores, sin duda, que aquellos seres primitivos que se vestían de taparrabos y que ventilaban sus pendencias a golpe de estacas. Pero las sucesivas capas que a nuestra educación cívica le ha ido proporcionando el paso de los siglos no supone que el atavismo de la barbarie haya quedado en absoluto extinto. Y siempre que se produce un problema, en apariencia insoluble, existe quien diga, “eso lo arreglo yo… con un par de mamporrazos”.

Y no deja de resultar cierto que en buena parte de los instrumentos que nos proporciona el estado de derecho se advierten fallas, que las leyes, en lugar de practicar el juicioso adagio del Fuero Viejo de Guipúzcoa (“leyes, pocas, cortas y justas”), se han convertido -al menos en nuestro país- en un laberinto jurídico de difícil desentrañamiento, que los tribunales de justicia son lentos -entre otras cosas debido a un procedimiento garantista que protege también la seguridad jurídica de los ciudadanos-, y que los sesgos políticos que se proyectan sobre la normativa repugnan muchas veces un elemental sentido de la justicia… pero la alternativa a la imperfección no debería ser la imperfección absoluta.

Y si aceptamos el mal menor -un estado de derecho perfectible- en evitación del mal mayor -el caos de la selva- en el nivel nacional, no otra cosa deberíamos afirmar respecto del Derecho Internacional, cuyos niveles de deficiencia superan desde luego los que podríamos estimar respecto del derecho interno. La ley del más fuerte se diluye por las normas dictadas por las Naciones Unidas y los acuerdos previstos por los Tratados que firman los estados, pero a cambio, la capacidad de imponerlas se reduce como consecuencia de la ausencia de medidas coercitivas de la misma organización. Los cascos azules no podrían superar la eficacia de un poderoso ejército organizado, más aún en los tiempos de la Inteligencia Artificial y de la tecnología más avanzada.

No, el Derecho Internacional no es capaz de sustituir a los gobernantes autócratas por sistemas democráticos, ni de evitar la corrupción en la política. Pero tampoco lo consigue el derecho interno si carece de la ayuda ciudadana. El Derecho Internacional puede ayudar a identificar los problemas y avanzar las soluciones, aunque nunca sustituirá la capacidad soberana de los electores, de la observación atenta de los medios de comunicación, del acierto de la policía y del cuidado de los jueces en aplicar de la mejor manera posible la legislación de que disponen.

El criterio contrario, el que afirma que es necesaria una instancia que, sin recurrir a las Naciones Unidas -ni siquiera a su Congreso- pueda decidir acerca de la suerte a la que deberá someterse el más salvaje de los autócratas significa ceder ante la fuerza del chulo de barrio que no te permite circular por una calle porque es suya, que persigue a los más débiles en el patio del colegio, y que, no andando demasiado el tiempo, podrá asumir la violación de la voluntad o el cuerpo de los otros como un derecho que le asiste.

Permitir que el nuevo juez de las decisiones que se adopten en ausencia del Derecho Internacional lo sea Trump, Putin o -siquiera envuelto en un ropaje de prudencia, por el momento-, Xi-Jin-Ping, supondría caer en la abdicación de todo nuestro recorrido educativo y civilizatorio, retornar a un siglo XIX en el que la norma era operar en función de las áreas de influencia que se adjudicaban los estados en virtud de su mayor o menor capacidad bélica y económica. Unas épocas que nos condujeron a innumerables contiendas, muertes, hambrunas y desesperación; épocas en las que la vida del ser humano apenas valía más que el ganado con el que nos alimentamos;  incluso más, en el periodo correspondiente a la fase previa a las dos guerras mundiales, en las que a los excesivos tributos de la contienda establecidos por los vencedores, les siguieron las desmedidas ambiciones de una sociedad ahíta de venganza, dirigida por sujetos que supieron interpretar y aún exacerbar esos malos instintos e idearon un holocausto para conjurar en la hoguera figurada de los hornos crematorios sus más bajos instintos.

Convendría pensar en todo esto antes de lanzar al cesto de los papeles los textos del Derecho Internacional por inservibles y caducos. La alternativa no puede ser otra que el caos.