La transición española y las fuerzas de orden público

(Ponencia) 

Recuerdo que una mañana de sábado, en la plaza de España de Bilbao (hoy rebautizada de Plaza Circular, debido a ese ansia que tiene el nacionalismo vasco de expulsar de ese territorio cualquier denominación, símbolo o, poder efectivo y aun recuerdo de la presencia española en tierras vascas), nos encontrábamos un compañero de JJSS y yo mismo distribuyendo panfletos que llamaban a la abstención en el referéndum de la Ley de Reforma Política. Un policía de paisano, con buenos modales -todo hay que decirlo- nos encareció a que recogiéramos nuestras octavillas y abandonaremos ese lugar. No hubo petición de enseñar el carnet de identidad ni incautación del material que llevábamos con nosotros.  Sólo unas palabras significativas: 

- Quizás en muy poco tiempo me corresponda obedecer órdenes de vuestro partido, pero todavía no ha llegado el momento. 

Estábamos en enero de 1977 y el proceso de transición democrática llegaba al punto del que no cabía ya retorno. Las Cortes franquistas se habían hecho el "harakiri", y la duda era si en el proceso electoral que seguiría a este referéndum participaría o no el PCE. Felipe González -más conocido como "Isidoro"- decía que era preciso aprovechar las "parcelas de libertad" que permitía el sistema. Ningún policía nos iba a detener por distribuir propaganda de una organización ilegal -o no legal-. Se trataba de un mundo en el que predominaban las sombras, algo así como el color gris de los uniformes que vestía entonces la policía. 

Yo no puedo informar acerca de cómo se veía desde la Guardia Civil y desde la Policía el proceso de transición política que vivía España. Lo que sí recuerdo es la enorme desconfianza con la que observábamos sus actuaciones.  Eran en todo caso el brazo ejecutor de la represión franquista, y el solo hecho de atravesar la comisaría de la policía en el céntrico barrio bilbaino de Indauchu te ponía los pelos de punta. Había sin duda muchas dosis de leyenda negra en este escenario, muchos rumores sin fundamento -como que la plaza de toros de Bilbao se había convertido en un presidio a cielo abierto en ocasión de un estado de excepción-, incontables narraciones de torturas que no serían necesariamente confirmadas -aunque de muy poco servían las denuncias.

Y sin embargo la transición democrática tomaba cuerpo de manera muy significativa en los responsables de la garantía del orden público. De los policías que disolvían asambleas universitarias obsequiado con un garrotazo a los que abandonábamos el aula Magna al "secreta" que nos recomendaba abandonar la plaza de España existía, sin embargo, un mundo plenamente diferente. 

Por supuesto que el País Vasco constituía un escenario diferente al de otros lugares de nuestro país. Se trataba de un cruce de caminos en el que convergían el movimiento obrero, organizado en torno al sindicato CCOO; el movimiento estudiantil, en el que los grupúsculos de extrema izquierda y el nacionalismo radical dominaban el terreno; y, lo último, y quizás lo más importante, ETA, cuyas acciones se observaban con una distancia comprensiva. En ese contexto el trabajo de la Policía y la Guardia Civil no debió resultar fácil. 

El régimen franquista se había enajenado a buena parte de la sociedad vasca. Un régimen  que además se encontraba alejado de la cobertura pastoral de la iglesia vasca, como ya he tenido la oportunidad de señalar en otro foro de estas características. 

El caso de Cataluña resultaba muy similar al del País Vasco. Asturias o Madrid tenían su contestación industrial y universitaria, también; pero una buena parte de la España profunda aparecía más tranquila y ordenada y no evidenciaba un desafío al orden establecido. Era lo que se denominaba como "franquismo sociológico", una actitud de conformismo y de ausencia de implicación ante los procesos políticos que aún subsiste en nuestros tiempos, y que me atrevería a calificar de ausencia de conciencia ciudadana. La ciudadanía no consiste sólo en votar cuando eres llamado a ello, supone dedicar tiempo y energías en defender lo que es común, por lo mismo que la democracia no se defiende sola.

La derecha y el centro político español no debieron realizar un gran esfuerzo para vencer su posible desconfianza en relación con las fuerzas de orden público.  No creo que existieran graves recelos respecto de su actuación en relación con sus posiciones políticas. Formaban, eso sí, parte de la oposición al régimen; pero se trataba de una oposición tolerada. En el año 1962 habían participado en el llamado "Contubernio de Munich", y disponían de medios de comunicación, siquiera minoritarios, como la revista de opinión "Cuadernos para el Diálogo" que aparecería en los quioscos en el año 1963. Otros tantos participantes en la transición democrática eran jóvenes altos cargos del régimen que se agrupaban bajo el pseudónimo "Tácito", que vería la luz a través de artículos publicados en la prensa durante el "tardofranquismo" de la década de los 70.

Más le costó  a la izquierda democrática la aceptación de las fuerzas de orden público como elemento simplemente normal para el elemental funcionamiento de la democracia. El titular de Defensa, José Antonio Alonso, y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, del gobierno de Felipe González, se comprometen a que la Guardia Civil siga «disfrutando» de su naturaleza militar y el nuevo director general del cuerpo, Joan Mesquida, ex miembro del gobierno autonómico ecosocialista balear, se dispone a «mantener a la Guardia Civil en el corazón de España y los españoles». El mismo Felipe González ejemplificaría el cambio vivido en España a su ministro de Cultura, el ex comunista y escritor Jorge Semprún, diciendo que lo notaría cuando un agente de la Guardia Civil se cuadrara ante él; el "Federico Sanchez" perseguido por la policía franquista y nunca localizado por ésta, debió comprender muy bien las palabras del presidente. 

Y es que las Fuerzas de Seguridad del Estado constituyen una pieza clave en el funcionamiento de los sistemas democráticos. En el caso de España además debieron pagar un tributo en término de vidas humanas y otras afectaciones personales y familiares que la sociedad civil española debe y deberá siempre. Pudieron algunos de ellos formar parte del brazo ejecutor represivo de la dictadura, pero esos cuerpos de seguridad han lavado sus presuntas responsabilidades con la sangre de sus compañeros, la viudedad de sus mujeres y la orfandad de sus hijos.

Y cuando regresaba a casa, después de aquél leve incidente con un policía secreta en los días previos al referéndum de la Ley para la Reforma Política apenas si podía intuir que todo o buena parte de lo que les he contado esta mañana podía llegar a ocurrir.