Sombras sobre un reinado

Publicado en El Imparcial, el 12 de abril de 2026

Las imágenes que en estos días nos llegan desde los medios de comunicación, relativas a los procesos seguidos respecto de casos de corrupción, se parecen a los procedimientos de reproducción musical que se popularizaron en los años 60, y que se dieron en llamar discos -de vinilo, naturalmente- estereofónicos. Suenan, en este supuesto, dos melodías a la vez, una en una dirección política, hacia la derecha; la otra, en el caso Ábalos, Koldo o como se prefiera denominar, en el de la izquierda.

Suenan y resuenan, y nos martillean en los oídos. No cabe pensar que se trata de fenómenos aislados. La corrupción -consistente en la utilización de fondos públicos como si fueran propiedad privada de algunos responsables políticos- no se produce ahora ni afecta solamente a nuestro país. A los nombres, que son sólo muestras de un botón, de Filesa (PSOE), Bankia (PP, PSOE e IU), o el 3% (CiU), se le podrían añadir, por poner otro ejemplo, el de Sarkozy y la financiación libia de alguna campaña electoral de su partido en Francia.

La obviedad de la afirmación que acabo de hacer no debería detenerse en este ámbito. Que el que la hace la paga no exime de la necesidad de contestar también a otras cuestiones. Por ejemplo, que el grado de contaminación que los hechos presuntamente delictivos alcance también a otros actores -electivos o no- del escenario político español. Por concretar aún más: ¿hasta qué punto el grado de deterioro al que estamos asistiendo los ciudadanos afecta también a la más alta magistratura del Estado? ¿Proyecta su ominosa sombra la corrupción sobre el reinado de Felipe VI?

Existe desde luego un ecosistema político que se refiere al conjunto de los llamados servidores públicos, ya sea que engrosen esa lista o más bien se sirvan de sus altas prerrogativas para su propio beneficio. Un entorno para el que resulta difícil, en ocasiones, distinguir a unos de otros, de manera que el dicho popular -rigurosamente inexacto, por cierto- de que todos los políticos son iguales, alcance al conjunto de esa situación profesional, hasta incluso desbordarla, cubriendo en ese maremoto hasta al propio Jefe del Estado.

El periodista y escritor José Antonio Zarzalejos publicó un ensayo al que puso por título Felipe VI, un rey en la adversidad (Planeta, 2021). Me atrevería a afirmar que lo podría haber llamado como a este artículo, porque el relato que hace el periodista bilbaino sitúa al actual monarca en actitud de permanente defensa ante el comportamiento, supuestamente desleal, de su padre respecto, no sólo del reinado de su hijo, sino de la propia institución, incluida la función que tiene ésta de perpetuarse en sus descendientes. Remite este escenario a una suerte de complejo de Cronos, en la visión saturnal del dios devorando a su hijo debida al genial pincel de Goya. La voracidad del anterior titular de la jefatura del Estado, unida a un notable alejamiento en su percepción de la realidad, plantarían la semilla de la desafección ciudadana respecto de la forma de gobierno (o de Estado) monárquica, la cual llevaría de la mano la eventual proclamación de una Tercera República, que ya se intuiría como definitiva.

Constituye recurso generalizado a la revisión del conjunto del reinado de Juan Carlos I el de afirmar que ya se ocupará la historia de dictar su veredicto al respecto. No se tratará, sin embargo, sino de otro asunto abierto a la polémica de los historiadores futuros, que disputarán seguramente en relación con este juicio lo mismo que lo hacen hoy respecto de la aquiescencia o el rechazo de Alfonso XIII en admitir la proclamación y la vigencia de la dictadura del general Primo de Rivera, en abierta contradicción con la entonces vigente Constitución de 1876.

En todo caso, no deberían los hijos pagar las (presuntas) culpas de sus padres. No lo hizo Alfonso XII con la errática y desordenada conducta de su madre, la reina Isabel; el Conde de Barcelona por los errores de su padre, (por cierto, ambos reyes fallecidos fuera de España). Que cada palo aguanta su vela, dicen los marinos, en un refrán que tan caro resultará a la dinastía, al menos desde Don Juan de Borbón.

Cuenta con la ventaja el actual monarca reinante de su riguroso cumplimiento de la Constitución-a diferencia de lo practicado por su bisabuelo- y también del punto a favor del desorden existente en las filas republicanas. Respecto de este último extremo es preciso advertir que hay republicanos que exhiben pelajes de todos los colores: independentistas, confederales, unitarios -y hasta centralistas-, federalistas y también partidarios de una República que contenga -más o menos en su seno- a repúblicas asociadas, como ocurre con Puerto Rico respecto de los Estados Unidos.

La cuestión referida a si España deberá en el futuro conformarse como Monarquía o República no está planteada, entre otras cosas porque se encuentra ya resuelta en la Constitución de1978. Otra cosa es que no se realicen encuestas respecto del grado de afección de los españoles a una determinada manera de organización del Estado. Es cierto que engrosan las filas de los monárquicos los votantes de los partidos de la derecha -contando con la creciente desafección de los de Vox- y del centro, y que los partidarios de la Tercera República se encuentran en la izquierda -además de añadir a esa cohorte los independentistas, a quienes no cabe presumir un ferviente ardor monárquico-. Pero considero que en la calle se respira más un cierto ambiente de accidentalismo, vale decir, no me importa tanto la forma de estado si la democracia y la Constitución siguen vigentes y efectivas (de otra manera podrían mudar de opinión). Dicho con otras palabras: la monarquía debe ganarse su credibilidad y el respeto ciudadano a diario, nada le está concedido de antemano.

Existen otras sombras que se ciernen sobre el reinado de Don Felipe y que apenas conviene esbozar en este comentario. La desatada influencia del independentismo nacionalista dirige sus invectivas de forma reiterada a un rey que ha demostrado -y lo sigue haciendo- que es símbolo de la unidad y la permanencia de España (artículo 56.1 de la Constitución). Habrá que inferir, en buena lógica, que cualquier intento de cancelación de su carácter institucional equivale a un ataque a la unidad y permanencia de España.

Pero existe todo un rosario de incertidumbres (“cuentas que nadie las reza”, que decía el cantautor gaucho José Larralde), y que harían inacabable este comentario. Parece evidente que el campo a recorrer por Don Felipe se asemeja más a un terreno sembrado de minas que a un paseo por un jardín en pleno estallido de la primavera. Apegado a sus convicciones, a la Constitución vigente y al buen consejo de las gentes de que tenga la fortuna de rodearse, podrá el Rey sortear los peligros y entregar, llegada la hora, un testigo lo más incólume posible a Doña Leonor.

Pero le hará falta, además del acierto, la buena suerte. Y que una época tan polarizada y cambiante como la que atravesamos no arrastre tras de sí a una institución anclada en la noche de los tiempos, pero rescatada de la ola vertiginosa de las mutaciones por la utilidad que pueda seguir suponiendo para los españoles.