El abogado, y también presidente de la World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, ha escrito un libro imprescindible para conocer la situación del estado de derecho en el mundo. Su título no podría resultar más sugestivo, Sobre el imperio de la ley (Galaxia Gutemberg, 2025). Acompañan a la recensión del libro el comentario de una buena ristra de experimentados juristas, por lo que este artículo deberá por fuerza referirse a otro ámbito de la cuestión, el relativo a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren en el mundo de las que un día fueron democracias y a los pocos años dejaron de serlo.
Vaya por delante uno de los primeros aciertos definitorios del referido trabajo. No existe —asegura Cremades- lo que con tanta frecuencia se afirma en la nomenclatura política utilizada por los comentaristas, eso que se denomina democracia iliberal, porque tal calificativo no deja de ser sino un oximoron. Si nos estamos refiriendo a la democracia como sistema de organización de la sociedad, que garantiza la separación de poderes y la protección de los derechos de las minorías y la elección limpia y transparente de los llamados a gobernar -por citar quizás las circunstancias más significativas que acompañan al concepto de democracia-, ésta no puede de ninguna manera denominarse iliberal. Es cierto que los principales enemigos de las democracias liberales, los populistas de uno y otro signo, consideran en sus declaraciones públicas y en sus textos de referencia que el demos, vale decir, la voluntad popular -la voz del pueblo- ha sido secuestrada por unas presuntas élites, y que ellos, los populistas, se afanan debidamente en recuperar. Pero esta concesión semántica a los nuevos enemigos de las democracias liberales, los populistas, lleva de la mano la aceptación de un peligroso discurso y la validación de la perversa idea según la cual existen, por lo tanto, dos tipos de democracias. Sentado este principio, cabrá preguntarse cuál de los dos modelos sirve mejor a los intereses del pueblo, quién garantiza con mayor adecuación los servicios sociales, quién combate con energía más decidida a las corruptas élites. Aceptando ese lenguaje, nos veremos obligados a defender de nuevo lo que un día pensamos que había quedado resuelto.
Muchas veces los ataques que provoca el populismo sobre las democracias en las que se asienta, proceden de un determinado artefacto ideológico que ha sido urdido en las universidades y por los pensadores que han establecido estos paradigmas. Pero en otras ocasiones se produce esta situación por causa de la incomodidad que los líderes de estos partidos sienten ante las complicaciones que los controles democráticos -los checks and balances, en términos anglosajones- les suponen para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Es entonces cuando sobran el parlamento-al que convierten en correa de transmisión del gobierno-, la judicatura, los medios de comunicación libres, los partidos politicos -el caso de Venezuela, que ilustra con acierto Cremades, resulta paradigmático- o incluso la iglesia-véase el caso de Nicaragua, al que también se refiere el presidente de la WJA.
Pero el eslabón más débil de esta cadena está formado por la judicatura. Dependen los jueces para la más adecuada realización de su trabajo de los medios que le proporcione el ejecutivo, y para sus decisiones -sus sentencias- el sosiego y la tranquilidad. Y para la ejecución de éstas también exigen de la colaboración del poder político y de las gentes a quienes no les han dado la razon y, sin embargo, deben ser obligados a cumplirlas.
Todo cambia cuando los gobiernos -solos o en colaboración con las oposiciones- pretenden colonizar los órganos de gobierno de la judicatura o a demeritar sus decisiones pretextando un determinado componente ideológico -lawfare- o político. Todo se envilece, en efecto, cuando las declaraciones de los responsables públicos pretenden soslayar las responsabilidades de sus componentes convirtiendo a los juzgadores en responsables de los actos por ellos analizados. Todo degenera cuando se invierte la situación y el juez pasa de investigador a acusado. No hace falta buscar, como Diógenes con su candil, supuestos muy cercanos a nosotros de este tipo de comportamientos.
Se ha dicho con frecuencia que este siglo XXI se parece bastante al XIX. Un siglo -éste que estamos viviendo- que nació, a decir de muchos, cuando caía en 1989 el muro de Berlín y Francis Fukuyama vaticinaba el fin de la historia. En realidad, lo que daba comienzo era el retorno de la época de las soluciones simples a los problemas complejos, el regreso a la veneración de los hombres fuertes y la eliminación de los incómodos controles a su actuación,
El año 2008 esa situación se consolidaría con la aparición de la crisis financiera que abonaba la tesis de la inutilidad de las democracias para hacer frente a los problemas planteados. Las decisiones, tantas veces erróneas, de hacer cargar a las clases medias con la solución del problema, daría lugar a la aparición de una nueva clase política que emitía los cantos de sirena de un modo de gobierno condenado, según ellos, a su desaparición. En realidad, la pretensión de estos nuevos salvadores de la patria o del pueblo, no era la de resolver los entuertos que nos habían dejado los anteriores gobernantes, sino el de sustituirlos para hacer más o menos lo mismo que aquéllos, eso sí, sin parlamento ni jueces independientes, sin prensa libre, sin partidos, sin ley -nacional o internacional-… sin democracia.
Un siglo XIX que nos llevaría -conviene no olvidarlo- al XX, con sus dos guerras mundiales, sus campos de exterminio y de concentración, sus gulags…
Cantos de sirena que, lo recordaba Ortega, los marinos tenían la instrucción de escucharlos al revés de lo que decían.
Como ha hecho Javier Cremades al escribir este magnífico libro. Léanlo y disfrútenlo. Vale la pena. El abogado, y también presidente de la World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, ha escrito un libro imprescindible para conocer la situación del estado de derecho en el mundo. Su título no podría resultar más sugestivo, Sobre el imperio de la ley (Galaxia Gutemberg, 2025). Acompañan a la recensión del libro el comentario de una buena ristra de experimentados juristas, por lo que este artículo deberá por fuerza referirse a otro ámbito de la cuestión, el relativo a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren en el mundo de las que un día fueron democracias y a los pocos años dejaron de serlo.
Vaya por delante uno de los primeros aciertos definitorios del referido trabajo. No existe —asegura Cremades- lo que con tanta frecuencia se afirma en la nomenclatura política utilizada por los comentaristas, eso que se denomina democracia iliberal, porque tal calificativo no deja de ser sino un oximoron. Si nos estamos refiriendo a la democracia como sistema de organización de la sociedad, que garantiza la separación de poderes y la protección de los derechos de las minorías y la elección limpia y transparente de los llamados a gobernar -por citar quizás las circunstancias más significativas que acompañan al concepto de democracia-, ésta no puede de ninguna manera denominarse iliberal. Es cierto que los principales enemigos de las democracias liberales, los populistas de uno y otro signo, consideran en sus declaraciones públicas y en sus textos de referencia que el demos, vale decir, la voluntad popular -la voz del pueblo- ha sido secuestrada por unas presuntas élites, y que ellos, los populistas, se afanan debidamente en recuperar. Pero esta concesión semántica a los nuevos enemigos de las democracias liberales, los populistas, lleva de la mano la aceptación de un peligroso discurso y la validación de la perversa idea según la cual existen, por lo tanto, dos tipos de democracias. Sentado este principio, cabrá preguntarse cuál de los dos modelos sirve mejor a los intereses del pueblo, quién garantiza con mayor adecuación los servicios sociales, quién combate con energía más decidida a las corruptas élites. Aceptando ese lenguaje, nos veremos obligados a defender de nuevo lo que un día pensamos que había quedado resuelto.
Muchas veces los ataques que provoca el populismo sobre las democracias en las que se asienta, proceden de un determinado artefacto ideológico que ha sido urdido en las universidades y por los pensadores que han establecido estos paradigmas. Pero en otras ocasiones se produce esta situación por causa de la incomodidad que los líderes de estos partidos sienten ante las complicaciones que los controles democráticos -los checks and balances, en términos anglosajones- les suponen para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Es entonces cuando sobran el parlamento-al que convierten en correa de transmisión del gobierno-, la judicatura, los medios de comunicación libres, los partidos politicos -el caso de Venezuela, que ilustra con acierto Cremades, resulta paradigmático- o incluso la iglesia-véase el caso de Nicaragua, al que también se refiere el presidente de la WJA.
Pero el eslabón más débil de esta cadena está formado por la judicatura. Dependen los jueces para la más adecuada realización de su trabajo de los medios que le proporcione el ejecutivo, y para sus decisiones -sus sentencias- el sosiego y la tranquilidad. Y para la ejecución de éstas también exigen de la colaboración del poder político y de las gentes a quienes no les han dado la razon y, sin embargo, deben ser obligados a cumplirlas.
Todo cambia cuando los gobiernos -solos o en colaboración con las oposiciones- pretenden colonizar los órganos de gobierno de la judicatura o a demeritar sus decisiones pretextando un determinado componente ideológico -lawfare- o político. Todo se envilece, en efecto, cuando las declaraciones de los responsables públicos pretenden soslayar las responsabilidades de sus componentes convirtiendo a los juzgadores en responsables de los actos por ellos analizados. Todo degenera cuando se invierte la situación y el juez pasa de investigador a acusado. No hace falta buscar, como Diógenes con su candil, supuestos muy cercanos a nosotros de este tipo de comportamientos.
Se ha dicho con frecuencia que este siglo XXI se parece bastante al XIX. Un siglo -éste que estamos viviendo- que nació, a decir de muchos, cuando caía en 1989 el muro de Berlín y Francis Fukuyama vaticinaba el fin de la historia. En realidad, lo que daba comienzo era el retorno de la época de las soluciones simples a los problemas complejos, el regreso a la veneración de los hombres fuertes y la eliminación de los incómodos controles a su actuación,
El año 2008 esa situación se consolidaría con la aparición de la crisis financiera que abonaba la tesis de la inutilidad de las democracias para hacer frente a los problemas planteados. Las decisiones, tantas veces erróneas, de hacer cargar a las clases medias con la solución del problema, daría lugar a la aparición de una nueva clase política que emitía los cantos de sirena de un modo de gobierno condenado, según ellos, a su desaparición. En realidad, la pretensión de estos nuevos salvadores de la patria o del pueblo, no era la de resolver los entuertos que nos habían dejado los anteriores gobernantes, sino el de sustituirlos para hacer más o menos lo mismo que aquéllos, eso sí, sin parlamento ni jueces independientes, sin prensa libre, sin partidos, sin ley -nacional o internacional-… sin democracia.
Un siglo XIX que nos llevaría -conviene no olvidarlo- al XX, con sus dos guerras mundiales, sus campos de exterminio y de concentración, sus gulags…
Cantos de sirena que, lo recordaba Ortega, los marinos tenían la instrucción de escucharlos al revés de lo que decían.
Como ha hecho Javier Cremades al escribir este magnífico libro. Léanlo y disfrútenlo. Vale la pena.
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