Fomentar la participación

Mi amigo Pepe nació, como yo, en Bilbao. Y también, como me ocurre a mí, le interesa la política y considera que las soluciones liberales son preferibles a las colectivistas, y aunque advierto que en los últimos tiempos se va deslizando hacia un escepticismo -cuando no una abierta hostilidad- respecto de la intervención del Estado en la economía, no me considero con suficiente autoridad para adjudicar certezas en las doctrinas políticas y -menos aún- en las económicas. Considerando además que se trata de un amigo.

A Pepe le importa -no es el único  preocupado- el asunto de la participación ciudadana en la vida de sus países. Es verdad que la democracia liberal consiste, poco más o menos, en la transferencia de las decisiones a un cuerpo legislador -los representantes electos- que convive con los otros poderes del Estado en estricto ejercicio de la separación de poderes. Dicho lo cual, reducir la ciudadanía al ejercicio del voto una vez -o las que sean- cada cuatro años no parece que baste para definir la condición de miembro de la "polis -de la ciudad- al solo ámbito del voto, se parecería al empleo de las técnicas de la jibarización respecto de quienes son -somos- depositarios de la soberanía. 

El profesor Font Fábregas ha señalado -con acierto, a mi juicio- la importancia del factor educacional en el ejercicio activo de la ciudadanía.  La carencia cultural del común de las gentes en los momentos iniciales de la extensión del voto al conjunto de los ciudadanos -primero a los varones, después a las mujeres-  producía una división clara entre la población y las élites gobernantes. Habrá que recordar que ése sería precisamente uno de los motivos por los que la misma izquierda era renuente a conceder el derecho de voto a las mujeres: su general escasa formación las acercaba demasiado a las posiciones de la iglesia y, en consecuencia, a votar por los partidos conservadores.

Alcanzados unos niveles satisfactorios de educación individual, la capacidad de intervención ciudadana se abriría de manera progresiva, constatando que el ejercicio del voto no constituye el único ámbito de actuación cívica. Y, desde antiguo también. Ya Alexis de Tocqueville describiría -a decir de José María Marco-, en su “Democracia en América” que “la igualdad y la libertad en Norteamérica no son aquellas de las que hablan los revolucionarios franceses, los jacobinos. Es la igualdad ante la ley, y la libertad de participar en el gobierno de la república y de emprender cada uno su propio proyecto de felicidad, lo que requiere una amplia zona de independencia del Gobierno y la posibilidad de cambiar, rectificar, volver a empezar". 

Robert Putnam, y Shaylyn Romney Garrett, siempre en relación con “Democracia en America”, afirman:

“Tocqueville se inspiró en lo que vio en Estados Unidos: sus ciudadanos protegían profundamente su independencia, pero a través de una asociación amplia y profunda, pudieron superar deseos egoístas, participar en la resolución colectiva de problemas y trabajar juntos para construir una sociedad vibrante y... En comparación con Europa en ese momento, una sociedad sorprendentemente igualitaria que perseguía lo que él llamó “interés propio, correctamente entendido”

Frente al espíritu ciudadano se bate, silencioso y resignado, el desánimo del miembro de la comunidad que no observa excesivo interés en formar parte de ella. Recurriendo otra vez a Tocqueville -ahora en sus "Souvenirs"-: "Era una mujer de una sensibilidad demostrativa más que profunda y extendida. Muy buena en cuanto a sus costumbres e incluso muy espiritual, pero que había reducido su espíritu un poco e incluso refrescado su corazón, cerrándolos estrechamente en una suerte de piadoso egoísmo en el que ella vivía solamente ocupada del buen Dios, de su marido, de sus hijos, sobre todo de su salud, sin interesarse apenas de los demás; la mujer más honesta y la peor ciudadana que se haya podido encontrar".

El profesor Font Fábregas ha aludido al inconveniente que tiene el factor tiempo en el ejercicio de la participación ciudadana, y la necesidad de que los procesos que implican a las personas en los diferentes ámbitos públicos no se encuentran desalentados como consecuencia de su ausencia de consecución.  Volveré sobre el segundo de los aspectos a lo largo de este trabajo,  pero el primero debería quedar matizado por las reflexiones contenidas en  los expresados razonamientos de Tocqueville: antes que el factor tiempo, el problema esencial radica en que las personas asuman que su condición de ciudadanos les debería llevar a preocuparse -implicación incluida- de las cuestiones que afectan a su comunidad.

Y habrá que definir también esa preocupación comunitaria en toda su significación. No a todos los ciudadanos les interesan los mismos ámbitos de actuación. Los hay a quienes se sienten concernidos por los asuntos generales que están conectados con la política o la Administración pública, pero también están los que participan con mayor intensidad en cuestiones más concretas, como la ecología o el medio ambiente, la protección de los animales o la economía aplicada o especializada. En este sentido, esa contribución debe por fuerza insertarse en el objetivo más amplio de ciudadanía que expresaba en el inicio de este trabajo, esto es, la que no se reduce sólo al ejercicio del voto y la que no se restringe al mero ámbito profesional y familiar, descontada la general y mayor dedicación del individuo a estas actividades. 

Otra idea previa ha sido formulada por Paolo Flores de Arcais, para quien "dividir el poder, fragmentarlo, ponerlo a disposición de todos, garantizar la transparencia en la vida pública, favorecer el reconocimiento de las verdades de hecho, imponer puntos de partida iguales a partir de adecuadas normas electorales, sobre los costos y las formas de la propaganda, volver poco ventajosa toda política 'interesada', reducir la tasa de profesionalización y de partitocracia a favor de la política parcial, del compromiso como bricolage, con un sistema de severas incompatibilidades y con la prohibición (o la fuerte restricción) a la renovación de los mandatos. Todo ello acerca a la democracia ideal".

Estoy de acuerdo con esa opinión, la limpieza, consecuencia de una regeneración del sistema, ayuda a la participación de la ciudadanía.  La hace más asequible.  No olvidemos que -si se me permite un símil deportivo- la contribución de personas y grupos en las tareas colectivas se parece más a un partido de tenis, en el que el otro jugador devuelve la pelota, que a uno de frontón, en el que el muro resulta siempre infranqueable.

Para terminar con este preámbulo, con independencia de lo que escribiría Tocqueville en el caso de que el aristócrata francés visitara ahora los Estados Unidos, es preciso señalar que existe un innumerable conjunto de actividades que se pueden practicar en el ámbito de la sociedad.  Cabe militar o estar afiliado -no es lo mismo- a un partido o a un sindicato; pero también es importante la contribución con nuestro tiempo al movimiento asociativo, fundacional, cultural, la ayuda a la comunidad o el más sencillo apoyo a cualquiera de las organizaciones que despliegan su trabajo en estos contextos. 

Se me objetará a esta reflexión, al menos en ocasiones, que bastante hace el ciudadano con sacar adelante a él y a su familia y votar en las elecciones como para verse obligado a una actuación adicional. Y que es más bien obligación de las élites la influencia sobre la política de manera que los derroteros de ésta se conduzcan con adecuación a las exigencias de nuestros intereses.  Habrá que decir ante semejante afirmación eso de que "cada palo aguante su vela", las élites tienen su responsabilidad en lo que pueda ocurrir, pero ello no obsta a que a los ciudadanos comunes y corrientes no nos alcance alguna incumbencia en la contribución a decidir sobre nuestro futuro. 

El político y el ciudadano

Concluida esta introducción, parece conveniente trazar una línea que no es separata  pero sí definitoria de las mejoras que sería preciso introducir entre los profesionales de la política y las gentes que no viven de ella. Una frontera que no debería ser permanente ni indeleble, porque sería oportuno, sin duda, que quienes se encuentran en el segundo grupo pasen un tiempo al primero,  y que los que permanecen, no importa qué viento sople y qué marea se cierna sobre ellos, la abandonen, aunque sólo sea por conocer las dificultades cotidianas que deben afrontar los ciudadanos que no son profesionales de la política. 

Porque la participación en la política -lo decíamos antes- es una moneda de dos caras, y en la medida en que defendamos la idea de que las gentes participen en la vida de su país, también debe la política hacer algo para que la contribución de aquéllos resulte más eficaz.

La primera idea que se me pasa por la cabeza es la de la exigencia.  El derecho al voto podría transformarse en un deber, no sólo en una posibilidad. La democracia chilena así lo establece, al igual que la ley electoral del "gobierno largo" de Maura en España (1907-09). Quizás parezca un procedimiento un tanto excesivo, pero es un correlato de la necesidad de nuestra contribución a las decisiones que se adoptarán después en nuestro nombre. Descontada queda, desde luego, la posibilidad de votar en blanco o de anular el voto.

Los que hemos experimentado -a veces sufrido- la experiencia de militar en un partido político hemos tenido la oportunidad de conocer cómo son éstos en su interior, cómo las cúpulas lo dominan todo, cómo los afiliados de base sólo sirven para pagar su cuota, aplaudir en los mítines o actuar como apoderados o interventores en las jornadas electorales.  La democratización de los partidos constituye una tarea necesaria y urgente en el propósito de favorecer la implicación ciudadana en política. 

En cuanto a los sindicatos se refiere, la situación que se advierte en España es poco menos que calamitosa. Agarrados como se encuentran a los presupuestos del Estado, se ven abocados a atender las demandas de los partidos de gobierno, sean de un color político o de otro. Resultaría una política de salud pública desgajarlos de esa protección y hacerlos dependientes de sus afiliados. Es cierto que la dinámica de las relaciones laborales ha cambiado mucho en los últimos tiempos y que el papel que tenían los sindicatos en las reclamaciones para conseguir un nivel de vida simplemente digno han sido alcanzados. Y aunque las desigualdades y la pobreza aún disponen de cara y ojos, se encarnan en sectores de la sociedad que no consideran necesaria ni útil la mediación sindical; pero este problema de adaptación a los nuevos tiempos del siglo XXI no debería corregirse vinculando los destinos de los sindicatos a la deriva de los gobiernos.

La carta vasca de servicios sociales 

El profesor Font Fábregas ha estudiado el asunto de los "presupuestos participativos", lo que me recuerda los instrumentos llamados de iniciativa popular.  En mi condición de parlamentario vasco tuve la oportunidad de ejercer de ponente en el debate y posterior aprobación, entre los años 1996 y 1997, de una ley de amplia perspectiva social, llamada "Carta de Derechos Sociales”, promovida por la autodenominada "Plataforma contra la Exclusión Social - Gogoa”, integrada por sectores de la izquierda radical. El grupo popular decidió apoyar su tramitación con el propósito de no desalentar a los ciudadanos que tuvieran la pretensión de recurrir a estos procedimientos.  Recuerdo que el grupo del PNV votó en contra, de modo que nuestra aprobación resultó decisiva para superar el primero y fundamental de los pasos que luego tendríamos que dar.

En todo caso, el texto que debíamos considerar era un compendio de pretensiones irrealizable, bastante similar por cierto a los elaborados en las festivas asambleas que se desarrollaban en la Puerta del Sol de Madrid a partir del 15M en el año 2011. Resultaba evidente que esa propuesta no debería conocer la luz del BOE en las condiciones que traía inicialmente. Fue Joseba Arregui -entonces parlamentario del PNV, aunque presumo que en prudente evolución hacia el constitucionalismo- quien vino a proponerme una especie de descuaje del contenido de la iniciativa popular, pasando por él una especie de lima que lo dejara irreconocible.  Una mayoría social -PNV-PP, a la que el PSOE uniría sus votos- se imponía sobre las irreflexivas e inabordables pretensiones de quienes habían avalado la idea inicial; una mayoría que las gentes sensatas del nacionalismo no han querido después que tenga recorrido, y es que el PNV siempre acaba prefiriendo al "modelo de sociedad " el de Estado -es decir el Estado propio o independiente.

El solo hecho de la acomodación de la Carta de Derechos Sociales por la mayoría de los votos parlamentarios a la realidad presupuestaria -y también a una necesaria contención de las posiciones más radicales en el ámbito de la asistencia pública- no debería suponer una deslegitimación del sistema democrático. La democracia representativa establece que la soberanía reside en el pueblo, que designa sus representantes para la adopción de las decisiones que correspondan. 

Se podrá sin embargo imaginar el lector la impresión que esa actitud produjo entre los promotores de la iniciativa. Seguramente debieron confundir la aprobación del trámite con la definitiva convalidación del proyecto. En todo caso, su frustración fue evidente, y las limitaciones de un procedimiento como éste quedarían al descubierto. Y también la adicional reflexión que -con el paso del tiempo- cabría hacer respecto de la melancolía a la que conducen estos procesos en sus promotores y la consiguiente desatención hacia ellos por parte del sistema. 

Tiene también un interés adicional el caso, ya que no se ofrecieron explicaciones a los miembros de la Plataforma contra la Exclusión respecto de las conclusiones que la ponencia parlamentaria había adoptado, lo cual resulta hasta cierto punto lógico, dada la distancia entre las pretensiones de éstos y el texto finalmente adoptado. Se produjo, eso sí, algún encuentro entre los diputados y los autores de la iniciativa, pero sirvió de muy poco, ya que la mayoría parlamentaria tenía muy clara su actitud y los proponentes no querían ni oír hablar de una reducción en sus aspiraciones. Por otra parte, el radicalismo de los miembros de la mencionada asociación, vinculados como se ha dicho a la izquierda "abertzale" filo-etarra, hacía difícil y hasta incómodo para algunos el mero contraste de opiniones. 

Y es que la participación ciudadana no opera en el vacío de una campana de cristal, sino en circunstancias políticas y sociales muy específicas que siempre resulta preciso comprender para después extraer las conclusiones a que haya lugar.

Los referendos

Pero habrá que advertir que no todos entienden lo mismo cuando utilizan el término "participación", hasta el punto de que esta palabra podría resultar tan polisémica como tantas otras: seguramente como la de "sociedad civil". Así ocurre, por ejemplo, con el discurso pronunciado por el Rey de Holanda, que el Instituto Elcano glosaba en la forma que sigue:

"El reciente discurso del Rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos desencadenó un arduo debate en torno a uno de los pilares básicos de los estados europeos: el Estado de Bienestar. En su discurso de la corona, el rey abogó por la reconversión de la clásica sociedad del Bienestar por una “sociedad participativa propia del siglo XXI”, cuyas características se centren básicamente en el ingreso de la iniciativa privada al sector de la salud y bienestar social con la intención de disminuir los elevados costes que genera el modelo social. El anuncio del rey, que responde a una iniciativa de la coalición liberal-socialdemócrata que gobierna actualmente el país, viene a poner en tela de juicio uno de los puntos centrales de cohesión que caracteriza a los diferentes países que integran la UE y, sirve además, como llamamiento para anunciar el inicio de la revisión de un modelo que todos los europeos daban por hecho que nunca se tocaría".

La participación de la iniciativa privada podrá eventualmente hacer más sostenible el estado del bienestar, pero no es a este tipo de intervención al que nos referimos. Tampoco a los procedimientos de la democracia directa que, a pesar de su permanente actualidad en el acoso a la Constitución de 1978 por parte de las formaciones políticas independentistas y su pretensión de someter a plebiscito la unidad de España, han quedado más que desprestigiados por el abuso histórico de dictadores y gobernantes autoritarios. Recuérdese que el general Franco recurriría a esta práctica con frecuencia, o al general De Gaulle, a quien Mitterrand le acusaría de ejercer el golpe de estado permanente (le coup d'état permanent) porque acostumbraba a convocar estos actos refrendarios siempre que se cernía alguna crisis sobre su gestión. 

Dilucidar sobre cuestiones que son más que complejas (el Brexit, la independencia de Escocia...) respondiendo a una sola pregunta, detrás de la cual se carga toda una retórica de presuntos agravios y emociones no susceptibles de objetivación, conduce a resultados desconcertantes y de muy difícil reparación. Del orden del 60% de los británicos votaría ahora por seguir en la UE.

Otras propuestas de contribución de las personas en los asuntos públicos, de carácter más institucionalizado, como son por ejemplo, los Consejos de la Juventud, no parecen haber representado un gran avance para este sector de la población. La dependencia del citado organismo de la financiación pública (sus gastos los sufraga el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, según la página web de dicha organización) parece convertirla más bien en otra correa de transmisión del Gobierno, como ya hemos advertido que ocurre con los sindicatos. 

La democracia participativa

Desde posiciones de izquierda se viene defendiendo como solución a las supuestas deficiencias de la democracia liberal la llamada "democracia participativa ". El sociólogo francés Ives Sintomer la describe de la manera siguiente:

En su sentido amplio, la democracia participativa reside en la institucionalización de la participación ciudadana en lo que se refiere a la planificación de las políticas públicas. Durante las dos últimas décadas se han multiplicado en Europa y en todo el mundo los dispositivos orientados en ese sentido, aunque en el marco de contextos muy diversos: Agendas 21 locales, planificación estratégica participativa, presupuestos participativos, comisiones de debate público, jurados ciudadanos, conferencias de consenso, consejos de barrio, desarrollo comunitario o incluso el establecimiento de partenariados entre lo público y lo privado en las asociaciones. La lista podría extenderse aún más. De forma paralela, ONGs y movimientos sociales muy independientes de los partidos políticos desempeñan un papel creciente en el mundo. Han creado sus propios espacios de encuentro, como el Foro Social Mundial, y a veces se implican en la “gobernanza global” impulsada por algunos organismos internacionales.

Esta modalidad participativa, a la que se califica sin argumentación adicional justificativa de "democrática", se convertiría en una especie de bálsamo de Fierabrás que curaría todos los males que afectan a las democracias modernas. Afirma Sintomer:

"(...) crece la conciencia de que la política no es inevitablemente un juego de suma cero, en el que los cargos electos perderían necesariamente poder si lo compartiesen. Si toda la política recuperase credibilidad, ¿no ganaría todo el mundo con ello? Por supuesto, la democracia participativa no es una receta milagrosa y las experiencias implicadas en ella hacen frente a varios desafíos".

Las conferencias de consenso en Dinamarca 

Podríamos abordar en este contexto de contribución ciudadana en las políticas públicas las llamadas "conferencias de consenso" que se han puesto en marcha en Dinamarca. Según la profesora uruguaya María Lázaro, bajo la responsabilidad del Comité Danés para la Tecnología, organismo independiente asesor del parlamento de ese país, implican la selección de un panel de 10 a 15 ciudadanos (de entre el total de interesados en participar que responden a una convocatoria pública) que evaluarán un asunto científico-tecnológico controvertido.

Su función es tratar conflictos asociados a tecnologías a debate desde el punto de vista ambiental, como la energía nuclear, y tender un puente entre los expertos, los políticos y los ciudadanos. Desde su primera experiencia en Dinamarca, en 1987, han versado sobre políticas energéticas, polución del aire, agricultura sostenible, riesgos químicos para el ambiente, terapia génica, clonación, organismos genéticamente modificados, gestión de residuos nucleares, entre otros. A partir de la experiencia danesa, este mecanismo se ha desarrollado en otros países por iniciativa de diversos actores, principalmente ONGs y/o Universidades.

Para finalizar, el panel ciudadano realiza un informe con sus conclusiones y recomendaciones que será distribuido a los medios y a las autoridades. En Dinamarca se convoca una conferencia de consenso cada vez que el parlamento considera una legislación relacionada con emprendimientos científico-tecnológicos controvertidos y generalmente constituyen una aportación significativa en el proceso de toma de decisiones. Esta situación es muy variable en el resto de países en donde se han desarrollado estos mecanismos.

Sin ánimo de despreciar otros ámbitos de participación ciudadana, convendría quizás que dediquemos nuestra atención preferencial a la que se produce en el nivel local. La administración local -decía don Antonio Maura- "es la ropa que toca a la piel, el suelo que pisan nuestros pies".

Font Fábregas ha señalado con acierto que "el gobierno local se ha considerado siempre como el escenario privilegiado desde el cual pueden desarrollarse experiencias de participación ciudadana y se ha convertido realmente en el nivel de gobierno donde más se ha avanzado en esta línea".

Los presupuestos participativos 

Un caso interesante en el contexto local son los llamados "presupuestos participativos", que suponen un proceso de implicación en el que la ciudadanía decide de manera directa a qué se destina una parte del presupuesto municipal.

William W. Goldsmith y Carlos B. Vainer han estudiado el caso de Porto Alegre, en Brasil -una ciudad que cuenta con algo más de 1.300.000 habitantes- que presentan de la siguiente manera:

"En octubre del año 2000, los ciudadanos de casi la mitad de las 60 principales ciudades brasileñas, agraviados por décadas de pobreza y ola delictiva, además de pésimos sistemas de provisión de viviendas, asistencia sanitaria y educación, y de falta de planificación de la infraestructura y de acceso a servicios básicos, eligió como alcaldes a representantes de partidos izquierdistas destacados por su labor de apoyo, honestidad y transparencia. Si bien es cierto que estos gobiernos de reforma están introduciendo nuevas esperanzas y expectativas, también es cierto que se enfrentan a una herencia de desconfianza generalizada hacia los políticos y burócratas municipales, quienes tradicionalmente han estado acusados de negligencia y corrupción. Asimismo, confrontan perspectivas fiscales sombrías en forma de una baja facturación impositiva, débiles transferencias federales, y mercados de suelos urbanos que producen segregación y desigualdades profundas".

A través de este procedimiento de participación, los ciudadanos deciden el destino de la mitad de los fondos presupuestarios municipales. Miles de residentes pueden participar, y lo hacen todos años en asambleas públicas. Los vecinos toman decisiones sobre asuntos locales prácticos como mejoras de calles o parques, y sobre otras cuestiones más complejas que atañen a la ciudad. El proceso del presupuesto participativo en Porto Alegre comienza con la presentación formal por parte del gobierno del plan de inversiones aprobado para el año anterior, y de su plan de inversiones y presupuesto para el año en curso. Los delegados elegidos de cada una de las 16 asambleas de distrito se reúnen durante el año para determinar las responsabilidades fiscales de los departamentos de Porto Alegre. Con el fin de alentar la participación ciudadana, las reglas establecen que el número de delegados es aproximadamente proporcional al número de vecinos que asistan a la reunión de la elección.

Según los autores, la razón principal de poner en marcha este procedimiento está en la tensa relación existente entre el ayuntamiento y los ciudadanos, y como consecuencia de su implantación cada año el presupuesto participativo adquiere una tajada mayor del presupuesto total de la ciudad. Las prioridades han cambiado de una manera nunca antes prevista por los alcaldes ni por sus equipos gubernamentales.

Siempre según los autores, entre los participantes del proceso figuran miembros del partido del gobierno, profesionales, tecnócratas, ciudadanos de la clase media y un número desproporcionado de la clase pobre trabajadora (pero menos de las clases muy pobres). El proceso atrae y estimula la acción política de muchos que no apoyan al partido de gobierno, en contraste con el antiguo sistema de patrocinio que utiliza los presupuestos de las ciudades para pagar los favores de los partidarios. Como un indicador del éxito del sistema de Porto Alegre, se ha observado un aumento muy significativo en el número de participantes, desde apenas unas 1.000 personas en 1990 a 16.000 en 1998 y 40.000 en 1999.

El crecimiento de la participación no ha estado, sin embargo, exento de contrariedades, aunque, a lo largo del camino, el proceso participativo se ha reforzado. Por ejemplo, cuando ciertos residentes notaron con molestia que a los habitantes de ciertas zonas de la ciudad les habían pavimentado las calles o les habían asignado una nueva parada de autobús, descubrieron que los beneficiados habían sido justamente los únicos en acudir a las reuniones presupuestarias. En los años siguientes se incrementó la asistencia a las reuniones, lo cual expandió los intereses representados en los votos y aumentó la satisfacción ciudadana. Consecuencia del éxito de esta experiencia ha sido que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está alentando a ciudades de toda América Latina a poner en marcha estos sistemas.

No todos están de acuerdo con este procedimiento como método para la mejora de la democracia.  Juan Camilo Fuentes ha criticado las prácticas clientelares que se han producido en Porto Alegre, que reducirían de manera drástica la limpieza del proceso de participación. Los partidos políticos -según su opinión- habrían despojado a los presupuestos participativos de tal condición. Como resulta fácil de comprender, determinados grupos políticos estarían en condiciones de influir -e incluso resolver- el destino del presupuesto municipal. 

El mismo profesor señala el hecho por el cual, cuantas más propuestas se presenten, menos prosperan, entre otras cosas debido a la dificultad en el control de su ejecución por parte de sus impulsores. Por otra parte -siempre según Fuentes- no están bien establecidas las reglas del juego: la igualdad en la participación, la búsqueda de objetivos comunes o la garantía de un debate riguroso. 

Concluye Fuentes que algunas de las propuestas aceptadas para su ejecución en estos presupuestos participativos coinciden con los criterios de las autoridades municipales, la que equivale a asegurar que este sistema sirve para poco más que para legitimar las políticas previamente diseñadas por el equipo de gobierno, como ocurre con el ayuntamiento de Porto Alegre y el PTT brasileño.

Por otra parte, cabría también preguntarse -como lo hace Font Fábregas- si los que participan son poco representativos, porque son siempre los mismos... ¿deberíamos escuchar a los participantes cuando sabemos que son socialmente poco representativos? ¿No corremos con ello el riesgo de estar actuando contra la voluntad de la mayoría silenciosa y pasiva de la sociedad? El mismo autor -sin hacer referencia a ningún caso concreto- se ha referido a que las prácticas clientelares han arruinado buena parte de estos presupuestos participativos, dado que los llamados a participar formaban parte del mismo partido que los responsables públicos.

Volviendo al caso de los presupuestos participativos, en España también se ha puesto en práctica esta modalidad. Se trata del Ayuntamiento de Madrid. Según la página web municipal, las personas que participan a través de Decide Madrid plantean proyectos de gasto e inversión, éstos se valoran técnica y económicamente por el personal municipal especializado y llegan a una votación final. Los proyectos seleccionados en la votación definitiva se llevarán a cabo, a partir del 1 de enero del año siguiente, por el Ayuntamiento.

En el mes de septiembre de 2022, la misma página oficial municipal hacía pública la cantidad asignada por los presupuestos a esta modalidad: 50 millones de euros, que, sobre los 5,200 millones aplicables al actual año, no llega ni a un 1% del total, cifra como se puede advertir con facilidad muy inferior al caso brasileño referido con anterioridad.  El reparto del presupuesto en el ámbito de los distritos -siempre según la página web- será directamente proporcional a su número de habitantes, para lo que se tomarán como referencia los datos del padrón municipal. Las convocatorias son de carácter bienal y el 82 % de los 1.214 proyectos ganadores correspondientes al periodo 2016-2019, se encontraba sin ejecutar al inicio de este mandato.

El sorteo

Se ha estudiado también como procedimiento de participación ciudadana el del sorteo. Parte de la base de la equivalente posibilidad de todos los ciudadanos en la adopción de las decisiones que este sistema les adjudique. Igualdad que se suma también a la presunción de que todos los miembros de una determinada comunidad poseen las suficientes dosis de conocimientos y de sentido común que les hagan acreedores al desempeño de esas funciones. 

Dadas las carencias de este procedimiento, se viene solicitando el ejercicio de una deliberación más amplia en el espacio público. Nacida en las tertulias intelectuales en los siglos XVII y XVIII y en las deliberaciones de las asambleas constituyentes de las revoluciones americanas y francesas, aunque vinculada en sus raíces a la polis ateniense, el sorteo forma parte de un universo más amplio, que es precisamente el de la democracia deliberativa.

El politólogo de la universidad de Stanford, James Fishkin, ha propuesto un sistema de democracia directa deliberativa que utiliza como instrumento el sorteo. Se trataría en realidad de trasladar el modelo ateniense de la ciudad-Estado a las actuales construcciones estatales de hoy, un viaje que reviste sin duda una enorme complejidad. Este recorrido se facilita precisamente a través del sorteo.

Forman parte también de este elenco de medidas las llamadas encuestas deliberativas, basadas en muestras aleatorias y representativas de unos 400 ciudadanos que se reúnen durante uno o dos fines de semana para discutir un cuestionario que les es sometido a su consideración.  Según quienes han analizado el comportamiento de las personas llamadas a formar parte de este experimento, es posible generar a través de estos procedimientos las condiciones que permiten formar una ciudadanía ilustrada.

No debemos dejar de mencionar que la práctica del sorteo consigue también reducir el protagonismo en los "sospechosos habituales", las gentes previamente organizadas políticamente que sustituyen a los ciudadanos comunes y contaminan los procesos de participación con sus exigencias previas, en general coincidentes con las posiciones de los dirigentes públicos que precisan de legitimación, siquiera sea ésta espúrea. Por supuesto que otros analistas han opinado que este método ha conseguido formar unos grupos de ciudadanos dóciles que aceptan sin discusión las propuestas que se les presentan. 

El auge del sorteo como alternativa a una democracia desprestigiada llegaría a formar parte del debate político, como ocurrió en el caso de las elecciones presidenciales francesas de 2017, en las que algún candidato llegaría a proponer la creación de una tercera cámara legislativa así determinada.

A pesar de las críticas que ha recibido el sorteo como una alternativa viable a la degradación que suponen las muchas veces viciadas prácticas democráticas, se debe reconocer que se encuentran en el origen de algunas decisiones, como ocurriría en el caso del debate sobre el matrimonio homosexual en Irlanda. 

También se ha observado que el sorteo operaría como una forma de engaño. Se reservaría a estos grupos la adopción de las decisiones menos importantes, de modo que las más significativas quedarían confiadas a las instituciones ya existentes.

En todo caso, la consolidación de este procedimiento participativo parece abandonar el objetivo principal de cualquier pretensión de regeneración política de la democracia, un sistema que debería caminar por sí mismo, antes de verse ayudado por muletas o bastones en los que apoyarse. "La ley de hierro" de la oligarquía de la que hablaba Michels debería verse corregida y aún desmontada, pero no a través de artilugios que conserven la estructura anterior y corran además el riesgo de la reacción defensiva por parte del sistema establecido.

El voluntariado

Una práctica de participación ciudadana, que no tiene necesariamente naturaleza política, pero que en todo caso ayuda a la comunidad en la que se produce, es la del voluntariado.  Se manifiesta éste en ámbitos tan heterogéneos como el comunitario, por ejemplo, la enseñanza de apoyo, la exclusión social, la cooperación al desarrollo, la discapacidad, el medio ambiente, la protección civil, el apoyo socio-sanitario. Se trata de una expresión de solidaridad que implica compromiso con las necesidades existentes y los objetivos colectivos.

Según datos del año 2020, en España hay alrededor de 2,7 millones de voluntarios, cifra que ha aumentado en algo más del 6% respecto del año anterior. 

La rendición de cuentas

La rendición de cuentas, un modelo anglosajón que aún no ha llegado de manera plena a nuestro país, consiste en el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos.

En su libro “Why we fight?”, el profesor de La Universidad de Chicago, Christopher Blatmann, después de referirse a que los políticos son unos agentes que desempeñan la función de solucionar los problemas de sus clientes, los ciudadanos, asegura:

“La política también está llena de problemas de agencia. Dentro de un país, por ejemplo, los ciudadanos son los principales, mientras que los líderes son los agentes. Se supone que estos líderes deben comportarse en interés del grupo. Por supuesto, cuando no tienen restricciones, a menudo no lo hacen. Los ciudadanos no tienen el dinero, la capacidad de movilizarse, el poder militar ni las reglas y normas institucionales para frenar al líder. Es un problema de agencia, porque los ciudadanos no tienen suficiente poder para restringir y disciplinar al gobernante. La falta de controles es más fácil de ver en reyes-dioses, emperatrices o dictadores. (No estarían de acuerdo en que sean agentes del pueblo). Pero también es un problema en las democracias representativas. Los funcionarios electos obtienen mandatos prolongados, pueden modificar el sistema para ayudar a la reelección, pueden usar su riqueza para movilizar partidarios y pueden convenir acuerdos a puerta cerrada. A los ciudadanos puede resultarles difícil prestar mucha atención, evaluar a sus políticos o no distraerse con los espectáculos. Todas estas cosas aíslan y oscurecen las acciones de los políticos ante los votantes. (…)”

Las tecnologías de la comunicación (TIC) constituyen un instrumento que sin duda favorece esta práctica.  Sin embargo, algunos estudios señalan la escasa explicación que las autoridades públicas ofrecen de su actuación. Así, Inmaculada Martínez González es de esa opinión. Señala la referida autora que por lo general se ofrece una información escasa en el ámbito económico y financiero, pero nula en el de la gestión.

Dicha autora señala que la institucionalización del e-government (o gobierno electrónico) podría mejorar también este aspecto de la comunicación y la dación de cuentas, pero también indica que se corre un serio peligro de que estas prácticas sólo se utilicen para ofrecer al ciudadano un cierto marchamo de modernidad en la gestión administrativa. 

Siempre según Inmaculada Martínez, aunque casi todas las entidades municipales que han sido objeto de su estudio se valen de páginas web para la información ciudadana, buena parte de las mismas adolecen de problemas de acceso y no ofrecen suficiente información en el área económico-financiera, aunque ofrezcan un mayor grado de detalle respecto de la información presupuestaria.

Este instrumento se utiliza más en los países de tradición anglosajona que en los de la Europa continental,  con la excepción de Portugal.  España e Italia se sitúan por debajo de la media.

Como ya se ha indicado, muchas de las formas de participación que se han señalado están conectadas con la preocupación de algunos partidos políticos de legitimar sus prácticas de gobierno a través de procedimientos refrendarios, lo que supone en la práctica una distorsión del fundamento de la participación. Más aún, un engaño que se podría considerar como populista revestido en un presunto manto democrático. Como liberal, tengo más fe en los instrumentos participativos que nacen directamente de la sociedad civil, de abajo hacia arriba, y sin intervención de las instituciones públicas.

Participación desde abajo

Tengo la impresión de que, en España, el espacio asociativo es muy abundante, pero se encuentra muy atomizado. Continuando con una lógica muy extendida en nuestro país, casi todos queremos disponer de un espacio propio de reconocimiento, de nuestra parcela de "gloria" propia. Y así multiplicamos los foros, los colectivos, las agrupaciones y aun fundaciones, que muchas veces actúan en el mismo plano y ofrecen las mismas soluciones utilizando procedimientos similares.  Por poner un ejemplo, la concentración en contra de la amnistía promovida por el presidente del Gobierno en funciones y sus socios, que se ha convocado para el 18 de noviembre, ha sido convocada por más de un centenar de colectivos.

Expresado eso, es cierto que la sociedad civil cumple alguna función de importancia en nuestro país, en especial cuando sus preocupaciones se ven desasistidas por la administración o se crean en contra de algunas acciones realizadas por ella. Las asociaciones de víctimas del terrorismo -aún infectadas por el mismo síndrome de atomización que se ha señalado- han prestado un servicio más que destacable a la democracia, colaborando a que la ley se aplique a los terroristas.

En otro orden de cosas, perjudicados por las obras de ampliación del estadio Santiago Bernabéu han presentado una demanda ante los tribunales contra el Ayuntamiento de Madrid "por irregularidades técnicas en el proyecto de construcción de dos aparcamientos y un túnel junto al estadio. También ha sido ése el caso de la polémica tala de árboles para ampliar la línea 11 de Metro, la ubicación de esta estación y la destrucción de más de un millar de árboles llevaron a la calle desde el pasado febrero a los vecinos de Arganzuela y Comillas, para mostrar su rechazo.

Seguramente existen muchos más casos de respuestas ciudadanas que hacen frente a los abusos o insuficiencias en la acción administrativa.  Erigen un valladar de contención que, con la ayuda de los medios de comunicación y de las redes sociales, son capaces de revertir determinadas resoluciones gubernamentales.  Yo creo más en esas intervenciones que en las teledirigidas por los gobiernos. 

En todo caso, sirva esta larga reflexión para que mi amigo Pepe, y con él todas las gentes preocupadas por la participación ciudadana, tenga algún argumento más en un debate que se me antoja, a la vez que inacabable, de un interés enorme y de un objetivo insoslayable.