Aparte de la proyectada Ley de Memoria histórica, el Gobierno catalán está marcando el paso con el proyecto "Memorial Democrático" y otra ley que regulará la apertura de las fosas comunes de la Guerra Civil. en desarrollo del art. 54 del nuevo Estatut.
Estas ideas parten de un equívoco: el de confundir el antifascismo genérico de los años 30 con la lucha por la democracia.
En esos años, hubo democracias en Gran Bretaña, Escandinavia, Bélgica, Holanda y Checoslovaquia hasta su invasión por el Reich.
Y en España, demócratas había pocos. Hasta quienes militaban en el espacio del centro político como Miguel Maura, ministro de la Gobernación del gobierno provisional republicano -lo ha estudiado recientemente su nieto Joaquín Romero Maura, en la reedición del libro de aquel, prologado por este, "Así cayó Alfonso XIII"-. En los meses anteriores a la guerra pedía Miguel Maura el advenimiento de una dictadura republicana.
¿Podía considerarse como democrática al conjunto de la izquierda de entonces? Desde luego que no lo eran -demócratas- los anarcosindicalistas -huelgas generales y 3 intentonas de insurrección ofrecen suficiente testimonio de ello..
Compartía con estos similar desprecio a la "democracia burguesa" el partido comunista, hasta la política de la promoción de los frentes populares alentada desde Moscú.
El PSOE vivió en su seno casi todas las contradicciones por las que atravesó la República. La intentona revolucionaria del '34, desplazados los dirigentes más moderados -como Besteiro y Saborit- y conducidos por Largo Caballero y un desconocido -como revolucionario, no como político- Prieto, que simplemente intentaron descabalgar un gobierno que legítimamente le correspondía a la CEDA.
¿Y qué decir de la derecha? Los monárquicos de Renovación Española no eran demócratas -ni siquiera liberales-, los carlistas pedían el retorno del Antiguo Régimen y el ejercicio absoluto del poder por el Rey, los falangistas se veian seducidos por el fascismo italiano -a pesar de la obsesión de José Antonio por velar la herencia política de su padre, que no fuera sino un dictador militar con poco ánimo de pervivencia-. La derecha mayoritaria -la mencionada CEDA- aspiraba a construir un poder autoritario y corporativo, a la manera del Portugal de Salazar.
Un delgado grupo de demócratas con denominaciones diversas como azañistas, liberales progresistas y conservadores, radicales, democristianos, catalanistas, un sector del PSOE e incluso del nacionalismo vasco -a pesar de que su posición sabiniana le acercaba a buena parte de la ideología carlista por lo mismo que la alejaba de la aceptación democrática.
Claro que si la II República española era el espacio de la confrontación, de la negación del otro... esa no era sino una situación heredada del régimen anterior. Del inmediato y del previo.
Era por lo tanto la Dictadura de Primo de Rivera que sancionaba la conclusión del régimen liberal previsto por la Constitución de 1.876, debida especialmente al principal hacedor de la Restauración, Cánovas. Una restauración que vería los sucesivos reinados de dos monarcas, don Alfonso XII y don Alfonso XIII y de una reina regente, doña María Cristina.
Especialmente me gustaría detenerme en el reinado del hijo póstumo del primero de ellos. Un mandato significativo en la historia de España, pues se sitúa en el ámbito temporal en que se producen fenómenos tan importantes como la definitiva desaparición del Antiguo Régimen, la industrialización, la aparición de la clase obrera y sus partidos representativos; y, específicamente para nuestro país, la pérdida de nuestras colonias y el nacimiento del espíritu regeneracionista, que se extendió como una gran mancha de aceite por toda la geografía nacional.
De Alfonso XIII -como de la práctica generalidad de los españoles de la época- no puede decirse que no fuera un rey regeneracionista, pero sí que no fue un rey demócrata.
Al utilizar la expresión "rey" unida a la de "demócrata" debo hacer una precisión. No me refiero a una supuesta "monarquía democrática" -que sería algo así como una contradicción en sus términos, una cosa y la opuesta a la vez, un oximorón; sino a la convicción de una persona que recibe un poder, no democrático sino liberal, y que lo dirige hacia una formulación democrática. Algo así como, andando el tiempo, haría su nieto, el actual rey; con la diferencia de que, don Juan Carlos recibiría un poder total, carente de instancias de control y su abuelo no, como veremos a continuación.
Y es que la Constitución de 1.876 era -a decir de los especialistas- una Constitución liberal, sustentada en los dos poderes: las Cortes y el Rey.
Prescindiendo de la suciedad de los procesos electorales vividos a lo largo de toda la época. Caracterizados por el encasillamiento, la descarada intervención de los gobernadores civiles, la manipulación de los caciques y -en algunas ocasiones- la compra de votos o la violencia sobre los electores... la soberanía nacional la formaban el Parlamento y el Monarca. Las circunstancias políticas -y la apreciación que de las mismas se hacía desde Palacio- determinaba el momento oportuno del cambio de gobierno. El rey nombraba como primer ministro al jefe de la mayoría conservadora o liberal -opuesta a la que hasta ese momento estaba en el poder- y le entregaba el decreto de disolución . El "encasillado" haría el resto del trabajo. Obtenida así la mayoría, el Gobierno gobernaba y el rey ejercía el poder moderador, hasta que se produjera la siguiehte crisis ministerial.
Este sistema turnante -al que también se le denominaría como de "turno de partidos"- operó sin mayores problemas con los dos primeros monarcas y con don Alfonso XIII hasta el año 1.909, con ocasión de la "semana trágica" y la caída del "gobierno largo" de Maura, de cuyo inicio este año cumplimos su centenario.
Nombres como Sagasta, Cánovas o el propio Maura significaron, hasta 1.909, una forma de hacer las cosas.
Hay un cambio de rumbo a partir de 1.907. No es cuestión de analizar ahora las circunstancias que motivaron la "semana trágica" de Barcelona. Para quienes tengan interés en el asunto recomiendo el ensayo seminal de Joaquín Romero Maura "La rosa de fuego" y -para que no se me vea demasiado el plumero, con tanta cita familiar- de la excelente novela de Eduardo Mendoza "La verdad sobre el caso Savolta".
Una gran campaña internacional seguiría al proceso y posterior ejecución de Francisco Ferrer Guardia. La misma campaña que en España daría lugar al "Maura no" y a la reacción del "Maura sí" y el nacimiento del maurismo, un movimiento de ideología difícilmente clasificable.
Una vez que don Alfonso cedía a la presión internacional y cesaba a un gobernante que disponía de mayoría absoluta parlamentaria, le ocurría como a los votantes tradicionales de un partido cuando han depositado la papeleta en favor del partido contrario: una vez que el voto no les quema entre los dedos y ni siquiera el presidente de la mesa le mira con mala cara, ese elector le ha perdido el miedo al "pecado" y está dispuesto a convertirse en recurrente pecador.
Y esto es, poco más o menos, lo que le pasó a don Alfonso: observó que ejercer la política concreta -directa y cotidiana- no exigía pago de peaje alguno y, simple y llanamente, lo convirtió en un juego. Intervenía en los nombramientos -especialmente en los que afectaban a los militares-, dirigía personalmente los hechos de guerra -Marruecos- o pretendía vincular la política internacional española respecto de Europa a su parentesco y relación con las casas reales existentes en el viejo continente.
Algunos dirigentes políticos no quisieron seguirle la gracia y sencillamente los orilló. Ese hecho daría lugar a los llamados "idóneos" del partido conservador, capitaneados por Dato hasta su asesinato o el buceo regio por entre las diferentes familias liberales, después del también asesinado Canalejas, con saltos que iban desde Moret a Romanones, hasta que consiguió deshacer en mil pedazos la clase política de la Restauración. Muchas veces -es preciso subrayarlo- contando con el concurso de unos políticos mediocres, ahítos de favores regios y siempre dispuestos a satisfacer las veleidades del monarca.
No tuvieron mucho recorrido las políticas alfonsinas de atracción del republicanismo de la época. Don Miguel de Unamuno acabaría vituperándole desde su exilio en Hendaya -según carta que escribiría a Gregorio Balparda y a la que hago mención en mi historia novelada "Ultimos días de agosto". No tuvo mejor suerte que el escritor bilbaino el republicano astur Melquiades Alvarez, a quien -como al primero de ellos- haría don Alfonso vagas promesas de democratización de su régimen que nunca cumpliría. Álvarez sería hecho prisionero a lo largo de la guerra y uno de los ejecutados en el triste episodio de Paracuellos
Los últimos gobiernos de concentración y de unidad nacionales de Maura, que este asumiría por mero patriotismo y de acuerdo con su lema: "por mí no quedará", no podrían ya recomponer los cristales rotos de un régimen destrozado ya. El propio Maura calificaría gráficamente a estos gobiernos presididos por él de "monsergas".
Había sido el paso de los gobiernos constitucionales a los gobiernos palatinos -según expresión de Santos Juliá- en que las crisis se calificaban de "orientales", pues se cocinaban inevitablemente en el Palacio de Oriente.
Luego advino la dictadura, en 1.925, que era ya el autoritarismo en estado puro. Una dictadura que algún historiador complaciente con la dinastía, pero seguramte poco cercano a la verdad histórica, ha pretendido desmentir que ocurriera con el expreso apoyo del rey. Este, que en su primer viaje oficial a Roma con el dictador, presentaba al general Primo de Rivera al rey Víctor Manuel como "mi Musolini".
Alfonso XIII representó, como pocos, el escenario de "una de las dos Españas". No fue el único, como queda dicho. Pero él tuvo la oportunidad de derivar su concepto de regeneración hacia la democracia y no lo hizo. En lugar de eso, su deriva fue intervencionista y autoritaria.
La otra España fueron ya las dos del poeta, los españoles en confrontación y rechazo que combatirían en la guerra civil.
No me detendré mucho en reconocer la legitimidad del régimen republicano, de la Constitución de 1.931 y del gobierno del Frente Popular. Es evidente, por lo tanto, que el llamado "Alzamiento Nacional" fue una insurrección contra el poder legítimamente constutuído, un golpe de estado, cruentísimo además.
En términos históricos y sociológicos la guerra civil expresa el fracaso de los españoles en compartir un proyecto común, la incapacidad siquiera del reconocimiento del otro como sujeto de criterios a valorar, la incompatibilidad radical y furibunda.
En 1.986 -50 años después del inicio más bárbaro de nuestra contienda- 11 historiadores españoles de ideologías diversas y procedentes de regiones y nacionalidades diferentes, pactaron un texto para TVE que se dividió en 30 capítulos de una hora.
Me pregunto si ese pacto sería factible hoy.
En el último capítulo de la serie se viene a utilizar la expresión "vencer a la guerra", como la tarea a realizar, como la tarea que se estaba entonces realizando en España.
Hoy ya no es posible la repetición de la guerra. Pero sí lo es que, al amparo de su evocación histórica, se utilice la guerra para repetir una de sus causas: la marginación de la otra España.
Y en eso reside el error. No porque peligra la paz sino porque se pone en peligro la convivencia entre las expresiones políticas.
No es la calle el espacio de la confrontación de las ideas, sino el Parlamento. Y no tiene sentido la evitación del diálogo desde el poder con la oposición para conducir al consenso, y en lugar de eso articular heterogéneas mayorías alternativas que sólo expresan la marginación de quien representa cerca de la mitad del voto emitido.
Se trata de un mal ejemplo de una peor práctica. Por el momento nada más.
viernes, 26 de octubre de 2007
martes, 23 de octubre de 2007
DEBATE MONOGRAFICO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Me gustaría abordar este debate desde una aproximación real al problema, sin juicios previos y desconectado de la habitual confrontación político-sindical que hace estragos en este país y en este particular asunto. Una aproximación, por lo tanto, desconectada de toda demagogia. Porque -como todos los portavoces que han hecho uso de la palabra ya han manifestado, y lo harán quienes sigan haciéndolo en el día de hoy- se trata de un asunto muy serio. . En el pasado año 2.006 se han registrado un total de 46.730 accidentes de trabajo; de ellos, 322 respondieron a la calificación de "graves" y tuvieron consecuencia de muerte 52. Son cifras inasumibles para una sociedad civilizada y presuntamente previsora que está concluyendo la primera década del siglo XXI. Cifras que intentaré situar en su contexto a lo largo de esta intervención.
Es preciso reducir al máximo estas cifras y, para hacerlo, no basta con sumarse al corifeo de los que reparten culpas a diestra y siniestra. Es necesario realizar un diagnóstico acertado y proponer un camino practicable para la mejor solución del problema. Entiendo que los ciudadanos exigen de los políticos que hagamos olanteamientos en positivo y ese pretende constituirse en el el sentido de mi intervención en la mañana de hoy.
La ley española parte de un concepto genérico del accidente de trabajo: "toda acción que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", dice el art. 115 de la LGSS.
Esta definición admite como accidentes de trabajo a enfermedades cardiovasculares o a accidentes de circulación que se producen "in itinere" y que suman en su conjunto la mitad de los accidentes laborales.
En relación con la UE ocurre:
- que algunos países no contabilizan los accidentes "in itinere" o los de tráfico, como es el caso de Irlanda o del Reino Unido.
- en ocasiones no se consideran mortales cuando el fallecimiento no sigue inmediatamente al accidente.
Y, en una aproximacióm exenta de demagogia habría que separar responsabilidades de causas. Una cosa es que se responda al accidente y otra que se sea causante del mismo. Pasa lo mismo con los seguros de automóviles y los accidentes de tráfico: los jueces tienden a no estimar las excepciones contenidas en los condicionados de las pólizas, tratan de atender a un criterio de orden indemnizatorio..
Es verdad que, cuando fallan las medidas preventivas, coinciden las notas de causante y responsable en el empresario.
Pero existe también como causa la fatalidad o la no observancia de medidas preventivas por parte del trabajador.
Para trabajar sobre las causas habría que identificar cuatro ámbitos:
- el empresario, que es el que crea el riesgo;
- el trabajador, que lo sufre;
- la administración, con los instrumentos de que dispone para combatirlo. En el caso de la CAPV, a través de Osalán;
- la sensibilización social, de manera que se introduzca el valor seguridad como un valor generalmente asumido. En este sentido, nadie se escandaliza en España porque no se integre en los currículos de FP la asignatura de seguridad en el trabajo.
Empezando por las causas, habría que formularse la siguiente pregunta: ¿se encuentran entre las causas de la siniestralidad la temporalidad y la subcontratación?
Puede, sin duda, existir una cierta relación de causalidad; pero no deberíamos olvidar que.el riesgo se encuentra principalmente en la actividad antes que en el tipo de contrato.
Por ejemplo, tomando como caso ilustrativo a la Administración Pública, hay más accidentes laborales en la Ertzaintza que en Osakidetza, que sin embargo se encuentra a la cabeza de los contratos temporales.
Y en el sector privado, hay baja siniestralidad en el comercio y la hostelería -que concentran buena parte de la temporalidad- y más alta en la química y el metal -con una alta proporción de contratación fija.
Y está el factor de la edad: la mayoría de los accidentes laborales con consecuencia de muerte se concentran en trabajadores de más de 30 y 50 años, donde existe una elevada tasa de contratación indefinida.
Y el colectivo femenino, que concentra el 39% de la temporalidad, presenta unos índices de siniestralidad entre 5 y 7 puntos menos que entre los hombres.
Es preciso distinguir entre el fenómeno de la subcontrtación y el de la subcontratación en cadena. La primera trae su causa de la especialización y de la colaboración interempresarial, bajo el principio de que cada uno se concentra en lo que mejor conoce.
En la subcontratación en cadena existe una cesión de unidades de producción o de obra, sin aporte de valor y casi exclusivamente con objeto de una reducción de presupuesto.
Por lo tanto:
- hay que identificar y prevenir todos los riesgos que pueden aparecer en la empresa y en el puesto de trabajo.
- la mayor parte de los accidentes graves se deben a un grupo reducido de riesgos.
- por lógica, habrá que concentrar la atención y las actuaciones en los riesgos que producen más accidentes
Dicho lo cual, ¿qué evolución está teniendo la siniestralidad?
.Si hay que creer en las estadísticas, en términos comparativos, el total de accidentes ocurridos eh la CAPV era de 50.585 en el año 2.000; y de 46.730 en 2.006. . Los años 2.001 y 2.005 representan puntas de agravamiento en esta decreciente tendencia.
En cuanto a accidentes graves y mortales, el año 2.000 sumaron 556 y el año 2.006 374, ,con iguales puntas que en el conjunto.
Y, a pesar de Disraeli y sus peor que "bloody lies", entiendo que la estadística.que mejor define la siniestralidad laboral es el llamado "índice de incidencia", que compara los accidentes con el número de trabajadores en activo. Pues bien, este "ratio" ha pasado del 77'96 por cada 1.000 trabajadores en el año 2.000 al 61'54 en 2.006, con una punta de 64'66 en 2.005.
¿Ha sido la administración vasca la principal responsable de esta tendencia?
Sinceramente no lo creemos así.
Como argumento que acredita lo que decimos habrá que examinar el instrumento de que en este sentido fispone el Gobierno Vasco: Osalan.
- Habrá que empezar por decir que el documento no realiza un análisis interno de su situación.
- No se han modificado sus funciones ni organización una vez aprobada la LPRL.
- Que siga organizándose en base a sectores y no a especialización como sugiere la ley y la directiva marco es otro de los pasivos a anotar en su particular cuenta de resultados.
- Osalan no es una herramienta para combatir los accidentes de trabajo y ni siquiera sirve para coordinar en este sentido.
- El 40% de las horas de sus técnicos se dedica a planes de siniestralidad, con un resultado mínimo.
- No existe coordinación entre sus áreas de trabajo.
- Tampoco estamos de acuerdo con la habilitación de Osalan en inspectores. No se debe ser a la vez juez y parte.
En definitiva: no podemos pedir un cambio de mentalidad a la sociedad respecto de este problema si no ajustamos previamente el instrumento de que disponemos para ello..
Para toda la tarea que tenemos que emprender se nos presenta un documento probablemente sobreabundante, que a pesar de su extensión exigiría de una mayor concreción.
Se crean hasta 17 grupos de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes de Napoleón Bonaparte, que cuando es preciso enterrar la solución de un problema hay que crear una comisión? No una, 17. Por cierto, tantas como CCAA existen en España.
Termino ya. Las políticas de prevención en materia de siniestralidad laboral deben abordarse desde el triple acuerdo: Administración, sindicatos y organizaciones empresariales.
Si la Administración vasca no ha conseguido propiciar el acuerdo en esta materia, al menos entiendo que el Parlamento debiera realizar el esfuerzo de marcar un estilo diferente: hacer posible un acuerdo donde otros no saben, no pueden o, simplemente, no quieren intentarlo.
Este es el propósito que ha animado esta intervención y que informa las propuestas de resolución que debatiremos en su momento.
No se quiera ver una especie de voluntarismo político en esta intención, sino más bien una llamada de atención a los agentes sociales y al Gobierno, que por cierto demuestra lo que vengo manifestando desde antiguo: que si el Gobierno Vasco convoca a los agentes sociales, a todos, a una reunión tripartita, tarde o temprano los agentes sociales, todos, acabarán sentándose en la mesa.
Por lo demás sólo me queda desear buenas prácticas y mejor éxito al trabajo de todos los implicados en esta fundamental tarea, y me gustaría que por el Parlamento y los grupos que lo componen no se le resten apoyos al combate de la siniestralidad laboral. Que, por lo menos por este parlamentario no quedará.
Me gustaría abordar este debate desde una aproximación real al problema, sin juicios previos y desconectado de la habitual confrontación político-sindical que hace estragos en este país y en este particular asunto. Una aproximación, por lo tanto, desconectada de toda demagogia. Porque -como todos los portavoces que han hecho uso de la palabra ya han manifestado, y lo harán quienes sigan haciéndolo en el día de hoy- se trata de un asunto muy serio. . En el pasado año 2.006 se han registrado un total de 46.730 accidentes de trabajo; de ellos, 322 respondieron a la calificación de "graves" y tuvieron consecuencia de muerte 52. Son cifras inasumibles para una sociedad civilizada y presuntamente previsora que está concluyendo la primera década del siglo XXI. Cifras que intentaré situar en su contexto a lo largo de esta intervención.
Es preciso reducir al máximo estas cifras y, para hacerlo, no basta con sumarse al corifeo de los que reparten culpas a diestra y siniestra. Es necesario realizar un diagnóstico acertado y proponer un camino practicable para la mejor solución del problema. Entiendo que los ciudadanos exigen de los políticos que hagamos olanteamientos en positivo y ese pretende constituirse en el el sentido de mi intervención en la mañana de hoy.
La ley española parte de un concepto genérico del accidente de trabajo: "toda acción que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", dice el art. 115 de la LGSS.
Esta definición admite como accidentes de trabajo a enfermedades cardiovasculares o a accidentes de circulación que se producen "in itinere" y que suman en su conjunto la mitad de los accidentes laborales.
En relación con la UE ocurre:
- que algunos países no contabilizan los accidentes "in itinere" o los de tráfico, como es el caso de Irlanda o del Reino Unido.
- en ocasiones no se consideran mortales cuando el fallecimiento no sigue inmediatamente al accidente.
Y, en una aproximacióm exenta de demagogia habría que separar responsabilidades de causas. Una cosa es que se responda al accidente y otra que se sea causante del mismo. Pasa lo mismo con los seguros de automóviles y los accidentes de tráfico: los jueces tienden a no estimar las excepciones contenidas en los condicionados de las pólizas, tratan de atender a un criterio de orden indemnizatorio..
Es verdad que, cuando fallan las medidas preventivas, coinciden las notas de causante y responsable en el empresario.
Pero existe también como causa la fatalidad o la no observancia de medidas preventivas por parte del trabajador.
Para trabajar sobre las causas habría que identificar cuatro ámbitos:
- el empresario, que es el que crea el riesgo;
- el trabajador, que lo sufre;
- la administración, con los instrumentos de que dispone para combatirlo. En el caso de la CAPV, a través de Osalán;
- la sensibilización social, de manera que se introduzca el valor seguridad como un valor generalmente asumido. En este sentido, nadie se escandaliza en España porque no se integre en los currículos de FP la asignatura de seguridad en el trabajo.
Empezando por las causas, habría que formularse la siguiente pregunta: ¿se encuentran entre las causas de la siniestralidad la temporalidad y la subcontratación?
Puede, sin duda, existir una cierta relación de causalidad; pero no deberíamos olvidar que.el riesgo se encuentra principalmente en la actividad antes que en el tipo de contrato.
Por ejemplo, tomando como caso ilustrativo a la Administración Pública, hay más accidentes laborales en la Ertzaintza que en Osakidetza, que sin embargo se encuentra a la cabeza de los contratos temporales.
Y en el sector privado, hay baja siniestralidad en el comercio y la hostelería -que concentran buena parte de la temporalidad- y más alta en la química y el metal -con una alta proporción de contratación fija.
Y está el factor de la edad: la mayoría de los accidentes laborales con consecuencia de muerte se concentran en trabajadores de más de 30 y 50 años, donde existe una elevada tasa de contratación indefinida.
Y el colectivo femenino, que concentra el 39% de la temporalidad, presenta unos índices de siniestralidad entre 5 y 7 puntos menos que entre los hombres.
Es preciso distinguir entre el fenómeno de la subcontrtación y el de la subcontratación en cadena. La primera trae su causa de la especialización y de la colaboración interempresarial, bajo el principio de que cada uno se concentra en lo que mejor conoce.
En la subcontratación en cadena existe una cesión de unidades de producción o de obra, sin aporte de valor y casi exclusivamente con objeto de una reducción de presupuesto.
Por lo tanto:
- hay que identificar y prevenir todos los riesgos que pueden aparecer en la empresa y en el puesto de trabajo.
- la mayor parte de los accidentes graves se deben a un grupo reducido de riesgos.
- por lógica, habrá que concentrar la atención y las actuaciones en los riesgos que producen más accidentes
Dicho lo cual, ¿qué evolución está teniendo la siniestralidad?
.Si hay que creer en las estadísticas, en términos comparativos, el total de accidentes ocurridos eh la CAPV era de 50.585 en el año 2.000; y de 46.730 en 2.006. . Los años 2.001 y 2.005 representan puntas de agravamiento en esta decreciente tendencia.
En cuanto a accidentes graves y mortales, el año 2.000 sumaron 556 y el año 2.006 374, ,con iguales puntas que en el conjunto.
Y, a pesar de Disraeli y sus peor que "bloody lies", entiendo que la estadística.que mejor define la siniestralidad laboral es el llamado "índice de incidencia", que compara los accidentes con el número de trabajadores en activo. Pues bien, este "ratio" ha pasado del 77'96 por cada 1.000 trabajadores en el año 2.000 al 61'54 en 2.006, con una punta de 64'66 en 2.005.
¿Ha sido la administración vasca la principal responsable de esta tendencia?
Sinceramente no lo creemos así.
Como argumento que acredita lo que decimos habrá que examinar el instrumento de que en este sentido fispone el Gobierno Vasco: Osalan.
- Habrá que empezar por decir que el documento no realiza un análisis interno de su situación.
- No se han modificado sus funciones ni organización una vez aprobada la LPRL.
- Que siga organizándose en base a sectores y no a especialización como sugiere la ley y la directiva marco es otro de los pasivos a anotar en su particular cuenta de resultados.
- Osalan no es una herramienta para combatir los accidentes de trabajo y ni siquiera sirve para coordinar en este sentido.
- El 40% de las horas de sus técnicos se dedica a planes de siniestralidad, con un resultado mínimo.
- No existe coordinación entre sus áreas de trabajo.
- Tampoco estamos de acuerdo con la habilitación de Osalan en inspectores. No se debe ser a la vez juez y parte.
En definitiva: no podemos pedir un cambio de mentalidad a la sociedad respecto de este problema si no ajustamos previamente el instrumento de que disponemos para ello..
Para toda la tarea que tenemos que emprender se nos presenta un documento probablemente sobreabundante, que a pesar de su extensión exigiría de una mayor concreción.
Se crean hasta 17 grupos de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes de Napoleón Bonaparte, que cuando es preciso enterrar la solución de un problema hay que crear una comisión? No una, 17. Por cierto, tantas como CCAA existen en España.
Termino ya. Las políticas de prevención en materia de siniestralidad laboral deben abordarse desde el triple acuerdo: Administración, sindicatos y organizaciones empresariales.
Si la Administración vasca no ha conseguido propiciar el acuerdo en esta materia, al menos entiendo que el Parlamento debiera realizar el esfuerzo de marcar un estilo diferente: hacer posible un acuerdo donde otros no saben, no pueden o, simplemente, no quieren intentarlo.
Este es el propósito que ha animado esta intervención y que informa las propuestas de resolución que debatiremos en su momento.
No se quiera ver una especie de voluntarismo político en esta intención, sino más bien una llamada de atención a los agentes sociales y al Gobierno, que por cierto demuestra lo que vengo manifestando desde antiguo: que si el Gobierno Vasco convoca a los agentes sociales, a todos, a una reunión tripartita, tarde o temprano los agentes sociales, todos, acabarán sentándose en la mesa.
Por lo demás sólo me queda desear buenas prácticas y mejor éxito al trabajo de todos los implicados en esta fundamental tarea, y me gustaría que por el Parlamento y los grupos que lo componen no se le resten apoyos al combate de la siniestralidad laboral. Que, por lo menos por este parlamentario no quedará.
domingo, 21 de octubre de 2007
Autonomías regresivas
No diré que España vive en trance de desaparición -como afirman los apologistas de la catástrofe- pero sí que afronta un momento de regresión histórica. El origen de la reflexión que motiva este artículo se sitúa en el planteamiento de superación del Antiguo Régimen -al que, es preciso no olvidarlo, tanto colaboraría la actual dinastía reinante-. Con él se fueron detrás los aranceles,alcabalas y tasas de cualquier clase que gravaban todo tipo de mercancías en su discurrir a lo largo de la península..
Este cambio traía su causa en una verdadera necesidad. Los señoríos feudales asentaban su posición política en determinados territorios. Era un poder desde el que exigían esos y otros gravámenes, los cuales consolidaban su preeminencia política. Y desde esta situación dominante sometían a un auténtico chantaje a los reyes, de quienes afirmaban sin embargo su condición de súbditos. Pero los comerciantes -hombres de negocios de la época- no podían estar de acuerdo. Sus productos recibían tal número de cargas a lo largo de su viaje por España que llegaban muchas veces al consumidor final en la forma de objetos cuasi-preciosos, con los inconvenientes que de ello se derivaban en cuanti a su consumo.
El comercio llama siempre a la apertura de nuevos mercados, en una vía que no ha descansado hasta la llegada de la actual globalización.
En ese sentido, el proceso de centralización emprendido en España, en su versión más democrática a partir de la Constitución de Cádiz de 1.812, puede ser considerado como una auténtica tendencia, que apenas se vería truncada por fugaces fenómenos como el que diera en denominarse como cantonalismo -"¡Viva Cartagena libre!", reflexiones sesudas como el republicanismo federativo de Pi I Margall, las tímidas Mancomunidades emprendidas por algunos políticos de la Restauración iniciada por Cánovas o los Estatutos de Autobomía concedidos por nuestra Segunda República.
Si esa lectura jacobina constituye el trazo dominante en nuestra historia moderna, es cierto que no siempre fue democrática, ni siquiera liberal: la dictadura del general Franco es siempre ejemplo paradigmático de centralismo autoritario.
Esa tendencia se quiebra con el Estado de las Autonomías que se establece en el título VIII de nuestra vigente Constitución y se refuerza después por la revisión estatutaria impulsada en la actual legislatura por el Presidente Zapatero.
Los treinta años transcurridos y la aplicación de las previsiones constitucionales en materia autonómica nos permiten obtener algunas conclusiones.
Sin ánimo de resultar exhaustivo ciataré alguna. La primera podría consistir en el nacimiento y consolidación de unas nuevas clases políticas regionales, compuestas por Consejeros, Viceconsejeros, Directores de los respectivos Departamentos y de las empresas públicas creadas al calor de las transferencias competenciales.
Estas clases políticas lo son de dos tipos básicos: las que proceden de los partidos nacionalistas, en las llamadas "nacionalidades históricas" y las estructuras territoriales de los partidos nacionales que se hacen fuertes básicamente en las regiones.
Unas y otras se parecen bastante. El común denominador -aparte de un discurso más o menos integrador o reivindicativo- es el de presionar a la Administración Central en petición de mayores competencias que alimenten a su siempre voraz legión de pretendientes a engrosar el pesebre de los elegidos.
No se trata por lo tanto de que exista o no demanda por parte de los ciudadanos que componen esas comunidades autónomas de un mayor techo competencial. No existe tal, como lo demuestra la escasísima participación ciudadana en los referendos de Cataluña y Andalucía.
Incrustadas estas clases políticas en las instituciones territoriales y alejadas de los ciudadanos, sus nuevos estatutos apenas pretenden acercar el poder al ciudadano, sino acercarse ellos mismos.-esas clases políticas- al poder.
De ese modo, los partidos nacionalistas presionan a los partidos nacionales que se encuentran en el Gobierno de España a que concedan más competencias a las autonomías que ellos gestionan. Ponen a cambio de esas políticas sus votos en el Congreso de los Diputados. No pretenden en realidad la independencia, sino el permanente chantaje a la cosa común.
Las estructuras territoriales de los partidos nacionales -especialmente cuando gobiernan en sus autonomías- dicen contribuir a un proyecto común que se llama España, aunque lo que están haciendo realmente es ayudar a su fragmentación. El pago que entregan para ello al Gobierno central de su partido es la paz organizativa interna -"entre bomberos no hay que pisarse la manguera".
Y como resultado de todo eso se ha construido ya un proceloso país compuesto por diecisiete países. Un notario que no sepa catalán no podrá abrir notaría en Barcelona, un prestigioso médico que no domine el euskera no podrá ejercer en el hospital de Cruces y una empresa de servicios que no esté radicada o disponga de filial en Murcia no podrá participar en determinados concursos públicos Y hay quien piensa que conviene trocear también la Seguridad Social, de modo que los pensionistas a lo mejor tengan dificultades para cobrar su jubilación en el supuesto de que el sistema público dependiente de su autonomía recorte sus prestaciones o simplemente se declare en quiebra -no quebrarán desde luego las empresas públicas de esos territorios en tanto haya que pagar las nóminas de los paniaguados de sus partidos.
La distancia entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanos se va acrecentando con el paso del tiempo. Y las convicciones de los primeros se han visto sustituidas en gran parte por sus propios intereses crematísticos.
La unidad de España no es sólo importante por lo simbólico. Lo es también porque se refiere a la solidaridad y al progreso. Este consiguió clausurar el tiempo insolidario del Antiguo Régimen. Pero hoy pueblan los escenarios públicos estos nuevos reconstructores del pasado para contarnos en la práctica que, al fin y al cabo, ese tiempo histórico era bastante mejor y que conviene reeditarlo.
Este cambio traía su causa en una verdadera necesidad. Los señoríos feudales asentaban su posición política en determinados territorios. Era un poder desde el que exigían esos y otros gravámenes, los cuales consolidaban su preeminencia política. Y desde esta situación dominante sometían a un auténtico chantaje a los reyes, de quienes afirmaban sin embargo su condición de súbditos. Pero los comerciantes -hombres de negocios de la época- no podían estar de acuerdo. Sus productos recibían tal número de cargas a lo largo de su viaje por España que llegaban muchas veces al consumidor final en la forma de objetos cuasi-preciosos, con los inconvenientes que de ello se derivaban en cuanti a su consumo.
El comercio llama siempre a la apertura de nuevos mercados, en una vía que no ha descansado hasta la llegada de la actual globalización.
En ese sentido, el proceso de centralización emprendido en España, en su versión más democrática a partir de la Constitución de Cádiz de 1.812, puede ser considerado como una auténtica tendencia, que apenas se vería truncada por fugaces fenómenos como el que diera en denominarse como cantonalismo -"¡Viva Cartagena libre!", reflexiones sesudas como el republicanismo federativo de Pi I Margall, las tímidas Mancomunidades emprendidas por algunos políticos de la Restauración iniciada por Cánovas o los Estatutos de Autobomía concedidos por nuestra Segunda República.
Si esa lectura jacobina constituye el trazo dominante en nuestra historia moderna, es cierto que no siempre fue democrática, ni siquiera liberal: la dictadura del general Franco es siempre ejemplo paradigmático de centralismo autoritario.
Esa tendencia se quiebra con el Estado de las Autonomías que se establece en el título VIII de nuestra vigente Constitución y se refuerza después por la revisión estatutaria impulsada en la actual legislatura por el Presidente Zapatero.
Los treinta años transcurridos y la aplicación de las previsiones constitucionales en materia autonómica nos permiten obtener algunas conclusiones.
Sin ánimo de resultar exhaustivo ciataré alguna. La primera podría consistir en el nacimiento y consolidación de unas nuevas clases políticas regionales, compuestas por Consejeros, Viceconsejeros, Directores de los respectivos Departamentos y de las empresas públicas creadas al calor de las transferencias competenciales.
Estas clases políticas lo son de dos tipos básicos: las que proceden de los partidos nacionalistas, en las llamadas "nacionalidades históricas" y las estructuras territoriales de los partidos nacionales que se hacen fuertes básicamente en las regiones.
Unas y otras se parecen bastante. El común denominador -aparte de un discurso más o menos integrador o reivindicativo- es el de presionar a la Administración Central en petición de mayores competencias que alimenten a su siempre voraz legión de pretendientes a engrosar el pesebre de los elegidos.
No se trata por lo tanto de que exista o no demanda por parte de los ciudadanos que componen esas comunidades autónomas de un mayor techo competencial. No existe tal, como lo demuestra la escasísima participación ciudadana en los referendos de Cataluña y Andalucía.
Incrustadas estas clases políticas en las instituciones territoriales y alejadas de los ciudadanos, sus nuevos estatutos apenas pretenden acercar el poder al ciudadano, sino acercarse ellos mismos.-esas clases políticas- al poder.
De ese modo, los partidos nacionalistas presionan a los partidos nacionales que se encuentran en el Gobierno de España a que concedan más competencias a las autonomías que ellos gestionan. Ponen a cambio de esas políticas sus votos en el Congreso de los Diputados. No pretenden en realidad la independencia, sino el permanente chantaje a la cosa común.
Las estructuras territoriales de los partidos nacionales -especialmente cuando gobiernan en sus autonomías- dicen contribuir a un proyecto común que se llama España, aunque lo que están haciendo realmente es ayudar a su fragmentación. El pago que entregan para ello al Gobierno central de su partido es la paz organizativa interna -"entre bomberos no hay que pisarse la manguera".
Y como resultado de todo eso se ha construido ya un proceloso país compuesto por diecisiete países. Un notario que no sepa catalán no podrá abrir notaría en Barcelona, un prestigioso médico que no domine el euskera no podrá ejercer en el hospital de Cruces y una empresa de servicios que no esté radicada o disponga de filial en Murcia no podrá participar en determinados concursos públicos Y hay quien piensa que conviene trocear también la Seguridad Social, de modo que los pensionistas a lo mejor tengan dificultades para cobrar su jubilación en el supuesto de que el sistema público dependiente de su autonomía recorte sus prestaciones o simplemente se declare en quiebra -no quebrarán desde luego las empresas públicas de esos territorios en tanto haya que pagar las nóminas de los paniaguados de sus partidos.
La distancia entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanos se va acrecentando con el paso del tiempo. Y las convicciones de los primeros se han visto sustituidas en gran parte por sus propios intereses crematísticos.
La unidad de España no es sólo importante por lo simbólico. Lo es también porque se refiere a la solidaridad y al progreso. Este consiguió clausurar el tiempo insolidario del Antiguo Régimen. Pero hoy pueblan los escenarios públicos estos nuevos reconstructores del pasado para contarnos en la práctica que, al fin y al cabo, ese tiempo histórico era bastante mejor y que conviene reeditarlo.
jueves, 27 de septiembre de 2007
¿Qué puede todavía la política?
La pregunta que se contiene en el título de este artículo se la formulaba el escritor francés Pierre Rosanvallon en el curso de la reciente campaña electoral a las presidenciales francesas. El autor de "Le peuple introuvable" vendría a plantearse si, en un mundo tan complejo como el que vivimos, sirve en realidad para algo la política. En otras palabras, ¿qué se puede hacer con ella?
Para el corifeo que forman los fundamentalistas que muchas veces anidan en los partidos, así como para todos los grupos sociales que viven de la política, disquisición como esta entra claramente en el terreno de la más peligrosa de las iconoclastias. No parece conveniente -podrían decir- que se planteen cuestiones tan básicas. Deberían más bien situarse en el plano de lo intangible, de las "verdades reveladas", de lo indiscutible. De modo que su mera formulación se convierte en anatema contra quien la hace, por lo mismo que los niños excesivamente "preguntones" hacen relativa gracia a los extraños, pero ninguna a los propios.
Y sin embargo a la gente cada vez le interesa menos la politica. Como ejemplo sirva que en la encuesta electoral, publicada por un medio de la prensa vasca, se aseguraba que en torno a un 45% de los preguntados tenían "poco" o "muy poco" interés por el asunto y el resultado de las elecciones venía a subrayarlo: a nivel nacional, la abstención aumentaba en un 4% en relación con las anteriores municipales..
Habría que deslindar el espacio de la política del espacio que le es propio a los partidos, de igual manera que una buena obra de teatro podría resultar literalmente "asesinada" por los actores que la representan. ¿Ocurre eso con nuestro asunto?.
Es más que probable. En todo caso, no sería posible desplazar la responsabilidad de ese desinterés a la ciudadanía. Máxime cuando los partidos no están cumpliendo con el mandato constitucional de servir de instrumento -"fundamental", dice su artículo 7- para la participación popular. Configuradas como meros banderines de enganche, las grandes formaciones políticas, a la manera de los malos devotos que sólo rezan a Santa Bárbara cuando truena, únicamente se acuerdan de sus afiliados cuando se trata de engrosar sus mitines, rellenar los puestos de una candidatura o nutrur las mesas para el recuento electoral. Los aparatos de esos mismos partidos, desplegados en los diferentes niveles territoriales, se constituyen en seguros garantes de la ortodoxia, en tanto que administran sus prebendas -en forma de cargos- entre sus más fieles amigos, que no necesariamente militan en el bando de los mejor preparados..
Más bien habría que analizar las causas del desencuentro entre política -políticos- y ciudadanía en la primera de las dos instancias. El agotamiento, la frivolización, la impostura de un debate político que tiene ya muy poco de ambas cosas. Urgidos por la perversa dinámica creada por los medios de comunicación, las verdaderas direcciones de los partidos -que no se corresponden casi nunca con las que dicen sus estatutos- contestan a unos titulares repletos de agravios con otros de parecido tenor, de acuerdo con las estrategias previamente diseñadas por los omnipresentes aparatos de los partidos y que exclusivamente consisten en mantenerse en el poder o en desalojarlo de él al partido que está en el gobierno.
Se ha creado así una clase política -que son al menos 18, una nacional y 17 autonómicas- que, en la nómina del poder o de la oposición, ha hecho de la política un modo de vida que vive ajeno a la vida de los demás.
Pero cuenta también lo que podríamos denominar el espacio de la poítica, el Estado nación o la región o nacionalidad. Este último no podría constituirse en espacio público ciudadano, salvo que admitamos que el poder es sólo uno -el del partido elegido- y que de él emanan todos los demás: legisla, gobierna y juzga el partido... y sus paniaguados. .
Es más seguro el Estado nación como espacio propicio a la ciudadanía. Instalados en la crítica al Estado centralista que era la organización predilecta del general Franco, nos hemos convertido en conspicuos adoradores del principio de la subsidiaridad. Para los nacionalistas -pero también para quienes no lo somos- no había competencia que no mejorara en su eficacia si se dejaba de aplicar a nivel nacional y se ejercía a nivel autonómico. Eso sí, ahí acababa la descentralización, porque los municipios eran -y lo siguen siendo- los grandes convidados de piedra en la mesa del ejercicio de las competencias.
Pero es más cierto que no todo funciona mejor en el nivel autonómico. Ocurre por ejemplo en el aspecto educativo, en el que con verdadero espanto asistimos a una ausencia prácticamente total a las referencias nacionales en materias como la historia o la geografía. La fijación de un "curriculum" básico a nivel nacional debiera constituirse en uno de los criterios a seguir en los planes educativos.
Pero es que, además de eso, el acercamiento del poder al ciudadano no lo hace más democrático Lo ha dicho el profesor Félix Ovejero con suficiente claridad:
"Porque una cosa es la agrimensura y otra la
política. Que el gobierno de mi comunidad autóno-
ma esté a un par de kilómetros de mi casa no
quiere decir que yo, como ciudadano, tenga un
mayor control sobre sus decisiones que la que
tenga sobre el gobierno de Madrid. La proximidad
métrica no siempre es buena para la democracia.
Entre vecinos es más fácil encontrarse en plazas
para mercar favores y más embarazoso decir que
no. (...) Además, como las navajas no relucen, co-
mo nadie remueve las aguas, al observador más
ingenuo le puede parecer que aquéllo es un oasis,
un remanso. Es lo que parecen las ciénagas vistas
a lo lejos".
Y si el espacio nacional es más propicio para el ejercicio de la ciudadanía, lo sería más aún el espacio supranacional: las comunidades de Estados, la Unión Europea, por ejemplo. Estamos lejos, sin embargo de llegar a eso. No hemos conseguido fijar un principio de ciudadanía europea -que es elemento esencial de cualquier Constitución- y Sarkozy llega dispuesto a reubicarnos en la realidad: ni lo que aprobamos los españoles era una Constitución europea ni, por lo visto, hace falta más que un mini-tratado.
Pero la globalización exige de respuestas democráticas, precisas y estables en el nivel en que se produce. Respuestas más ágiles que las decididas por los lentísimos organismos internacionales de que disponemos y que se encuentran carentes de poder ejecutivo: el cambio climático, la hambruna en África, el SIDA, la competencia de precios mediante la explotación infantil y tantos otros problemas que amenazan la vida presente y la continuidad del planeta.
Y los gobiernos nacionales son incapaces de generar siquiera las dinámicas económicas que luego ellos sí que deben afrontar. En este mundo de "iguales" en, que, como diría Orwell, los "más iguales", al menos están en condiciones de huir de la quema antes de perecer carbonizados.
La polítuca es entonces el espacio impreciso, ambiguo, en que los partidos compiten por un botín igualmente ambiguo e impreciso al que le han puesto por nombre "poder". Esa cosa que a veces ni siquiera sirve para resolver los problemas, por lo altos y lejanos que se encuentran; menos aún para reformar la realidad, que padece el síndrome del eterno retorno. A veces confunden el poder con el dinero o con la fama, pero son asuntos bien distintos.
Con la política -especialmente con los políticos- habría que establecer espacios de cautela, de control. Eso que se llama ciudadanía y que es algo más que la más bella de las palabras que se contienen en las más perfectas de las Constituciones.
Una ciudadanía que, parafraseando a Bernard Crick, afiliada o no a algún partido, sería algo así como el partido... del antipartido.
Y no habría que llegar tan lejos como Stendhal cuando se confesaba "un ateo de la política". Nos debería bastar con ejercer una especie de escepticismo; eso sí, implicado en la solución de los problemas, activo.
Porque si la guerra es demasiado importante como para dejársela a los generales, tampoco habría que dejar a los políticos la sola responsabilidad de conducir los asuntos públicos.
Para el corifeo que forman los fundamentalistas que muchas veces anidan en los partidos, así como para todos los grupos sociales que viven de la política, disquisición como esta entra claramente en el terreno de la más peligrosa de las iconoclastias. No parece conveniente -podrían decir- que se planteen cuestiones tan básicas. Deberían más bien situarse en el plano de lo intangible, de las "verdades reveladas", de lo indiscutible. De modo que su mera formulación se convierte en anatema contra quien la hace, por lo mismo que los niños excesivamente "preguntones" hacen relativa gracia a los extraños, pero ninguna a los propios.
Y sin embargo a la gente cada vez le interesa menos la politica. Como ejemplo sirva que en la encuesta electoral, publicada por un medio de la prensa vasca, se aseguraba que en torno a un 45% de los preguntados tenían "poco" o "muy poco" interés por el asunto y el resultado de las elecciones venía a subrayarlo: a nivel nacional, la abstención aumentaba en un 4% en relación con las anteriores municipales..
Habría que deslindar el espacio de la política del espacio que le es propio a los partidos, de igual manera que una buena obra de teatro podría resultar literalmente "asesinada" por los actores que la representan. ¿Ocurre eso con nuestro asunto?.
Es más que probable. En todo caso, no sería posible desplazar la responsabilidad de ese desinterés a la ciudadanía. Máxime cuando los partidos no están cumpliendo con el mandato constitucional de servir de instrumento -"fundamental", dice su artículo 7- para la participación popular. Configuradas como meros banderines de enganche, las grandes formaciones políticas, a la manera de los malos devotos que sólo rezan a Santa Bárbara cuando truena, únicamente se acuerdan de sus afiliados cuando se trata de engrosar sus mitines, rellenar los puestos de una candidatura o nutrur las mesas para el recuento electoral. Los aparatos de esos mismos partidos, desplegados en los diferentes niveles territoriales, se constituyen en seguros garantes de la ortodoxia, en tanto que administran sus prebendas -en forma de cargos- entre sus más fieles amigos, que no necesariamente militan en el bando de los mejor preparados..
Más bien habría que analizar las causas del desencuentro entre política -políticos- y ciudadanía en la primera de las dos instancias. El agotamiento, la frivolización, la impostura de un debate político que tiene ya muy poco de ambas cosas. Urgidos por la perversa dinámica creada por los medios de comunicación, las verdaderas direcciones de los partidos -que no se corresponden casi nunca con las que dicen sus estatutos- contestan a unos titulares repletos de agravios con otros de parecido tenor, de acuerdo con las estrategias previamente diseñadas por los omnipresentes aparatos de los partidos y que exclusivamente consisten en mantenerse en el poder o en desalojarlo de él al partido que está en el gobierno.
Se ha creado así una clase política -que son al menos 18, una nacional y 17 autonómicas- que, en la nómina del poder o de la oposición, ha hecho de la política un modo de vida que vive ajeno a la vida de los demás.
Pero cuenta también lo que podríamos denominar el espacio de la poítica, el Estado nación o la región o nacionalidad. Este último no podría constituirse en espacio público ciudadano, salvo que admitamos que el poder es sólo uno -el del partido elegido- y que de él emanan todos los demás: legisla, gobierna y juzga el partido... y sus paniaguados. .
Es más seguro el Estado nación como espacio propicio a la ciudadanía. Instalados en la crítica al Estado centralista que era la organización predilecta del general Franco, nos hemos convertido en conspicuos adoradores del principio de la subsidiaridad. Para los nacionalistas -pero también para quienes no lo somos- no había competencia que no mejorara en su eficacia si se dejaba de aplicar a nivel nacional y se ejercía a nivel autonómico. Eso sí, ahí acababa la descentralización, porque los municipios eran -y lo siguen siendo- los grandes convidados de piedra en la mesa del ejercicio de las competencias.
Pero es más cierto que no todo funciona mejor en el nivel autonómico. Ocurre por ejemplo en el aspecto educativo, en el que con verdadero espanto asistimos a una ausencia prácticamente total a las referencias nacionales en materias como la historia o la geografía. La fijación de un "curriculum" básico a nivel nacional debiera constituirse en uno de los criterios a seguir en los planes educativos.
Pero es que, además de eso, el acercamiento del poder al ciudadano no lo hace más democrático Lo ha dicho el profesor Félix Ovejero con suficiente claridad:
"Porque una cosa es la agrimensura y otra la
política. Que el gobierno de mi comunidad autóno-
ma esté a un par de kilómetros de mi casa no
quiere decir que yo, como ciudadano, tenga un
mayor control sobre sus decisiones que la que
tenga sobre el gobierno de Madrid. La proximidad
métrica no siempre es buena para la democracia.
Entre vecinos es más fácil encontrarse en plazas
para mercar favores y más embarazoso decir que
no. (...) Además, como las navajas no relucen, co-
mo nadie remueve las aguas, al observador más
ingenuo le puede parecer que aquéllo es un oasis,
un remanso. Es lo que parecen las ciénagas vistas
a lo lejos".
Y si el espacio nacional es más propicio para el ejercicio de la ciudadanía, lo sería más aún el espacio supranacional: las comunidades de Estados, la Unión Europea, por ejemplo. Estamos lejos, sin embargo de llegar a eso. No hemos conseguido fijar un principio de ciudadanía europea -que es elemento esencial de cualquier Constitución- y Sarkozy llega dispuesto a reubicarnos en la realidad: ni lo que aprobamos los españoles era una Constitución europea ni, por lo visto, hace falta más que un mini-tratado.
Pero la globalización exige de respuestas democráticas, precisas y estables en el nivel en que se produce. Respuestas más ágiles que las decididas por los lentísimos organismos internacionales de que disponemos y que se encuentran carentes de poder ejecutivo: el cambio climático, la hambruna en África, el SIDA, la competencia de precios mediante la explotación infantil y tantos otros problemas que amenazan la vida presente y la continuidad del planeta.
Y los gobiernos nacionales son incapaces de generar siquiera las dinámicas económicas que luego ellos sí que deben afrontar. En este mundo de "iguales" en, que, como diría Orwell, los "más iguales", al menos están en condiciones de huir de la quema antes de perecer carbonizados.
La polítuca es entonces el espacio impreciso, ambiguo, en que los partidos compiten por un botín igualmente ambiguo e impreciso al que le han puesto por nombre "poder". Esa cosa que a veces ni siquiera sirve para resolver los problemas, por lo altos y lejanos que se encuentran; menos aún para reformar la realidad, que padece el síndrome del eterno retorno. A veces confunden el poder con el dinero o con la fama, pero son asuntos bien distintos.
Con la política -especialmente con los políticos- habría que establecer espacios de cautela, de control. Eso que se llama ciudadanía y que es algo más que la más bella de las palabras que se contienen en las más perfectas de las Constituciones.
Una ciudadanía que, parafraseando a Bernard Crick, afiliada o no a algún partido, sería algo así como el partido... del antipartido.
Y no habría que llegar tan lejos como Stendhal cuando se confesaba "un ateo de la política". Nos debería bastar con ejercer una especie de escepticismo; eso sí, implicado en la solución de los problemas, activo.
Porque si la guerra es demasiado importante como para dejársela a los generales, tampoco habría que dejar a los políticos la sola responsabilidad de conducir los asuntos públicos.
miércoles, 12 de septiembre de 2007
De encuentro y desencuentros
Veinticinco años después de que formalizara mi candidatura al Senado por Guipúzcoa en aquélla coalición bautizada como la "sopa de letras" -AP, PDP, PDL Y UCD- y en representación del Partido Demócrata Liberal que presidía Antonio Garrigues, inicia sus tareas un nuevo partido político auspiciado por los responsables de la plataforma "¡Basta Ya!" y la ya ex dirigente del PSOE Rosa Díez.
Ese cuarto de siglo ha pasado para mí cuajado de acontecimientos y emociones diversas. Después de aquéllas elecciones del '82 fui elegido concejal en el Ayuntamiento de Bilbao por el partido liberal entre 1.983 y 1.987; participé en el intento -fallido- de crear un partido de centro en el País Vasco que preconizara Jaime Mayor Oreja; me sumé después a la refundación del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma, desempeñando el cargo de Secretario General, fui codirector de la campaña de las autonómicas del '90 con Mariano Rajoy y he sido parlamentario vasco por ese partido hasta la actualidad, puesto desde el que tuve el honor de presentar una moción de censura al lehendakari Ibarretxe en el año 2.000.
Más allá de los cometidos y de los avatares he tenido siempre la obsesión en de colaborar en la construcción de un centro político que para mí se encuentra representado en la ideología liberal.
El Partido Popular, producto de la unión de AP con democristianos y liberales, ha tenido desde su origen dos almas diferentes: la derechista -básicamente representada por los primeros- y la centrista -en la que hemos venido trabajando los segundos.
Consciente de que las elecciones se ganan en el centro, José María Aznar orientó el partido desde su refundación al objetivo de ocupar ese espacio. Lo consiguió y ganó las elecciones de 1.996, realizando una gestión admirable que le llevó a obtener la mayoría absoluta en las generales de 2.000.
Ahí empezaría una deriva hacia la derechización del PP. Desconozco las causas de ello -habrá historiadores que las investiguen y expliquen- pero en esa época el Presidente del Gobierno introdujo a España en una guerra, en contra del derecho de gentes en una decisión que se justificaba en la doble impostura de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y la connivencia del régimen de Hussein con Al Qaeda.
Ha habido quien me ha reprochado personalmente el no haber hecho público mi disgusto ante el hecho, una vez que -como dicen los andaluces- iban cayendo los "palos del sombrajo" de las mentiras sobre las que descansaba la operación militar. Bien es cierto que en el País Vasco me ocupaba y preocupaba más en aquéllos tiempos el velar los cadáveres y asistir a los funerales de los compañeros asesinados por ETA, colaborar en los actos de "¡Basta Ya!" y formar parte de los órganos de encuentro entre socialistas y populares en la Fundación para la Libertad, además de algún doloroso duelo familiar. Por otra parte, una vez concluída la penúltima tregua de la banda asesina, la política antiterrorista del Gobierno fue la más adecuada de las posibles.
Pero la deriva derechista ha proseguido, condenando al alma centrista de la organización al ostracismo. Veamos algún ejemplo de lo que digo. El Partido Popular no circunscribe su tarea de oposición al ámbito de las instituciones y ha escogido la calle como el terreno privilegiado para el desgaste del Gobierno -en alguna ocasión para manifestar incluso su discrepancia con resoluciones judiciales-. Sin perjuicio de su opinión respecto de las uniones entre homosexuales -que comparto- riza el rizo elevando recurso de inconstitucionalidad respecto de la ley. Y practica un seguidismo, digno de mejor causa, respecto de la jerarquía de la Iglesia en lo que se refiere a la asignatura de educación para la ciudadanía.
No es necesariamente derechista, aunque sí errática, su actitud en materia autonómica, y no vale para Cataluña lo que parece ser bueno para el País Valenciano.
Hay quien me ha formulado una reflexión en clave familiar -aunque esa persona no proceda precisamente de mi familia-. Según esta, quienes llevamos apellidos de larga trayectoria política nos veríamos obligados a hacer honor a su memoria, trabajando en su mismo campo, ¡como si a las numerosísimas trabas que nos impiden ser libres, hubiera que añadir el lastre que arrastra de las generaciones precedentes!
Pero es que, además, yo no sé muy bien a quien debería parecerme. ¿A mi tío Jorge Semprún, ex comunista y ex ministro de Felipe González? ¿A mi prima Luisa Isabel Álvarez de Toledo, más conocida por "la duquesa roja"? ¿A mi también primo Ramiro Pérez-Maura, cofundador del Partido Liberal? O más atrás, ¿a mi tío abuelo Miguel Maura que, sin dejar la derecha, abandonaría el campo monárquico, adhiriéndose al republicano? O aún más atrás, ¿a mi bisabuelo don Antonio Maura, que cuando pasaba del Partido Liberal al Conservador dijo que "hoy, la libertad se ha hecho conservadora"? -Con razón el hispanista Hugh Thomas ha dicho de nosotros que somos una "peculiar family".
No podría tener la petulancia de afirmar que hoy, la libertad se ha hecho progresista. Liberal bilbaino, como me siento, sé que el liberalismo se ha forjado entre nosotros en contra del carlismo. No podemos por lo tanto caer en la tentación reaccionaria. Liberales -no "neo liberales", que son realidad "neo conservadores"- que han pactado con socialistas en contra de los nacionalistas, como hiciera mi tío abuelo Gregorio Balparda con Indalecio Prieto.
Hasta aquí mi particular árbol político-genealógico. Estoy seguro que ningún ancestro se levantará de su tumba para afear mi actitud. También puedo decir que todos ellos hicieron en su momento lo que consideraron más coherente con su criterio.
En cuanto a mis desencuentros personales y políticos y de la marginación sistemática de que he sido objeto por la cúpula del Grupo Parlamentario a lo largo de esta legislatura, prefiero no extenderme. Forman parte de la lamentable mezquindad que tantas veces se produce en las relaciones humanas. En todo caso diré que siempre he estado dispuesto al acuerdo y a la recomposición de las relaciones. Habrá que pensar, con lógica, que quienes practican el "mobbing" no tienen precisamente un excesivo interés en componer los vidrios que ellos mismos han roto. Lo que aquí escribo se lo he contado a todo el que ha querido escucharme.
Veinticinco años después, y prestados innumerables servicios a ese partido, no hay en mí amargura pero sí consciencia; no hay tristeza, pero sí una voluntad inequívoca de actuar desde lo que entiendo más correcto: colaborar ahora a entregar el testigo a la generación futura desde un proyecto sugestivo o simplemente marcharme a casa. Ese es mi dilema.
Ese cuarto de siglo ha pasado para mí cuajado de acontecimientos y emociones diversas. Después de aquéllas elecciones del '82 fui elegido concejal en el Ayuntamiento de Bilbao por el partido liberal entre 1.983 y 1.987; participé en el intento -fallido- de crear un partido de centro en el País Vasco que preconizara Jaime Mayor Oreja; me sumé después a la refundación del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma, desempeñando el cargo de Secretario General, fui codirector de la campaña de las autonómicas del '90 con Mariano Rajoy y he sido parlamentario vasco por ese partido hasta la actualidad, puesto desde el que tuve el honor de presentar una moción de censura al lehendakari Ibarretxe en el año 2.000.
Más allá de los cometidos y de los avatares he tenido siempre la obsesión en de colaborar en la construcción de un centro político que para mí se encuentra representado en la ideología liberal.
El Partido Popular, producto de la unión de AP con democristianos y liberales, ha tenido desde su origen dos almas diferentes: la derechista -básicamente representada por los primeros- y la centrista -en la que hemos venido trabajando los segundos.
Consciente de que las elecciones se ganan en el centro, José María Aznar orientó el partido desde su refundación al objetivo de ocupar ese espacio. Lo consiguió y ganó las elecciones de 1.996, realizando una gestión admirable que le llevó a obtener la mayoría absoluta en las generales de 2.000.
Ahí empezaría una deriva hacia la derechización del PP. Desconozco las causas de ello -habrá historiadores que las investiguen y expliquen- pero en esa época el Presidente del Gobierno introdujo a España en una guerra, en contra del derecho de gentes en una decisión que se justificaba en la doble impostura de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y la connivencia del régimen de Hussein con Al Qaeda.
Ha habido quien me ha reprochado personalmente el no haber hecho público mi disgusto ante el hecho, una vez que -como dicen los andaluces- iban cayendo los "palos del sombrajo" de las mentiras sobre las que descansaba la operación militar. Bien es cierto que en el País Vasco me ocupaba y preocupaba más en aquéllos tiempos el velar los cadáveres y asistir a los funerales de los compañeros asesinados por ETA, colaborar en los actos de "¡Basta Ya!" y formar parte de los órganos de encuentro entre socialistas y populares en la Fundación para la Libertad, además de algún doloroso duelo familiar. Por otra parte, una vez concluída la penúltima tregua de la banda asesina, la política antiterrorista del Gobierno fue la más adecuada de las posibles.
Pero la deriva derechista ha proseguido, condenando al alma centrista de la organización al ostracismo. Veamos algún ejemplo de lo que digo. El Partido Popular no circunscribe su tarea de oposición al ámbito de las instituciones y ha escogido la calle como el terreno privilegiado para el desgaste del Gobierno -en alguna ocasión para manifestar incluso su discrepancia con resoluciones judiciales-. Sin perjuicio de su opinión respecto de las uniones entre homosexuales -que comparto- riza el rizo elevando recurso de inconstitucionalidad respecto de la ley. Y practica un seguidismo, digno de mejor causa, respecto de la jerarquía de la Iglesia en lo que se refiere a la asignatura de educación para la ciudadanía.
No es necesariamente derechista, aunque sí errática, su actitud en materia autonómica, y no vale para Cataluña lo que parece ser bueno para el País Valenciano.
Hay quien me ha formulado una reflexión en clave familiar -aunque esa persona no proceda precisamente de mi familia-. Según esta, quienes llevamos apellidos de larga trayectoria política nos veríamos obligados a hacer honor a su memoria, trabajando en su mismo campo, ¡como si a las numerosísimas trabas que nos impiden ser libres, hubiera que añadir el lastre que arrastra de las generaciones precedentes!
Pero es que, además, yo no sé muy bien a quien debería parecerme. ¿A mi tío Jorge Semprún, ex comunista y ex ministro de Felipe González? ¿A mi prima Luisa Isabel Álvarez de Toledo, más conocida por "la duquesa roja"? ¿A mi también primo Ramiro Pérez-Maura, cofundador del Partido Liberal? O más atrás, ¿a mi tío abuelo Miguel Maura que, sin dejar la derecha, abandonaría el campo monárquico, adhiriéndose al republicano? O aún más atrás, ¿a mi bisabuelo don Antonio Maura, que cuando pasaba del Partido Liberal al Conservador dijo que "hoy, la libertad se ha hecho conservadora"? -Con razón el hispanista Hugh Thomas ha dicho de nosotros que somos una "peculiar family".
No podría tener la petulancia de afirmar que hoy, la libertad se ha hecho progresista. Liberal bilbaino, como me siento, sé que el liberalismo se ha forjado entre nosotros en contra del carlismo. No podemos por lo tanto caer en la tentación reaccionaria. Liberales -no "neo liberales", que son realidad "neo conservadores"- que han pactado con socialistas en contra de los nacionalistas, como hiciera mi tío abuelo Gregorio Balparda con Indalecio Prieto.
Hasta aquí mi particular árbol político-genealógico. Estoy seguro que ningún ancestro se levantará de su tumba para afear mi actitud. También puedo decir que todos ellos hicieron en su momento lo que consideraron más coherente con su criterio.
En cuanto a mis desencuentros personales y políticos y de la marginación sistemática de que he sido objeto por la cúpula del Grupo Parlamentario a lo largo de esta legislatura, prefiero no extenderme. Forman parte de la lamentable mezquindad que tantas veces se produce en las relaciones humanas. En todo caso diré que siempre he estado dispuesto al acuerdo y a la recomposición de las relaciones. Habrá que pensar, con lógica, que quienes practican el "mobbing" no tienen precisamente un excesivo interés en componer los vidrios que ellos mismos han roto. Lo que aquí escribo se lo he contado a todo el que ha querido escucharme.
Veinticinco años después, y prestados innumerables servicios a ese partido, no hay en mí amargura pero sí consciencia; no hay tristeza, pero sí una voluntad inequívoca de actuar desde lo que entiendo más correcto: colaborar ahora a entregar el testigo a la generación futura desde un proyecto sugestivo o simplemente marcharme a casa. Ese es mi dilema.
viernes, 29 de junio de 2007
La Fundación Agustín Ibarrola: El proyecto.
El proyecto que estamos impulsando en el municipio abulense de Muñogalindo, pese a su novedad, tiene sus antecedentes. Son los casos de la Fundación Isamu Noguchi, ubicada al norte de Nueva York; el Kròller-Muller Museum y el jardín de esculturas y pabellones del Ilseln Hombroich en Dùsseldorf.
La Fundación Agustín Ibarrola será un museo, pero algo más también. Es decir, deberá cumplir las funciones de custodia, catalogación, estudio y exhibición de las obras del artista. Pero es que el enclave que supone la finca de Garoza de Bracamonte ha salido al encuentro con el alma de Ibarrola, y de esa verdadera simbiosis surge un proyecto cualitativamente distinto. Los bolos graníticos, las encinas centenarias y la particular constitución del monte bajo de retamas y arbustos aromáticos establecen ya un diálogo con las piedras que está pintando Ibarrola. Un diálogo entre naturaleza y arte que se verá reforzado con las dimensiones arquitectónica, de contenido de su obra y de las restantes dimensiones culturales que el equipo promotor de la Fundaciób pretende desarrollar.
Habrá, por lo tanto, un museo, depósito-archivo y oficinas. Pero la Fundación Agustín Ibarrola aspira a ser un Centro de Investigación, una Residencia de Artistas, una Institución Pedagógica y un Instrumento de Sensibilización hacia el Arte y la Naturaleza.
Una fundación convencional custodia obras y recibe visitantes. Lo que pretendemos en este caso es invertir este flujo y convertir la Fundación Agustín Ibarrola en centro de producción y emisión de información. Esto es, un modelo de integración tanto de las diversas prácticas artísticas como de la heterogénea pluralidad de nuestra sociedad, incluyendo necesariamente en ella a las personas que nunca se han interesado por el arte.
Entendemos la fusión entre el arte y la naturaleza como un elemento configurador de la vida. En ella residen las diversas sensibilidades del hombre que habita el siglo XXI. La preocupación por el medio ambiente, la reflexión sobre el papel de la técnica, la materialidad que ofrece una industria en transformación, las nuevas tecnologías y la lectura/descripción que de todas esas inquietudes haga el arte moderno forman necesariamente parte de este proyecto. Una fusión que, por fuerza, deberá ser democrática y antielitista.
Un proyecto, por fin, que deberá contar con el asesoramiento, el apoyo y la colaboración de equipos locales multidisciplinares.
Porque se trata de la integración de situaciones diversas: Agustín Ibarrola y Alfredo Melgar; País Vasco-Castilla-León-Ávila, Arte, Naturaleza y Vida; la Ambición y la Realidad Y la fusión del hombre que vivió las convulsiones del siglo XX y que participa de las preocupaciones del XXI.
Parlamentario Vasco del Partido Popular. Miembro del equipo promotor de la Fundación Agustín Ibarrola.
www.blogdefernandomaura.blogspot.com
La Fundación Agustín Ibarrola será un museo, pero algo más también. Es decir, deberá cumplir las funciones de custodia, catalogación, estudio y exhibición de las obras del artista. Pero es que el enclave que supone la finca de Garoza de Bracamonte ha salido al encuentro con el alma de Ibarrola, y de esa verdadera simbiosis surge un proyecto cualitativamente distinto. Los bolos graníticos, las encinas centenarias y la particular constitución del monte bajo de retamas y arbustos aromáticos establecen ya un diálogo con las piedras que está pintando Ibarrola. Un diálogo entre naturaleza y arte que se verá reforzado con las dimensiones arquitectónica, de contenido de su obra y de las restantes dimensiones culturales que el equipo promotor de la Fundaciób pretende desarrollar.
Habrá, por lo tanto, un museo, depósito-archivo y oficinas. Pero la Fundación Agustín Ibarrola aspira a ser un Centro de Investigación, una Residencia de Artistas, una Institución Pedagógica y un Instrumento de Sensibilización hacia el Arte y la Naturaleza.
Una fundación convencional custodia obras y recibe visitantes. Lo que pretendemos en este caso es invertir este flujo y convertir la Fundación Agustín Ibarrola en centro de producción y emisión de información. Esto es, un modelo de integración tanto de las diversas prácticas artísticas como de la heterogénea pluralidad de nuestra sociedad, incluyendo necesariamente en ella a las personas que nunca se han interesado por el arte.
Entendemos la fusión entre el arte y la naturaleza como un elemento configurador de la vida. En ella residen las diversas sensibilidades del hombre que habita el siglo XXI. La preocupación por el medio ambiente, la reflexión sobre el papel de la técnica, la materialidad que ofrece una industria en transformación, las nuevas tecnologías y la lectura/descripción que de todas esas inquietudes haga el arte moderno forman necesariamente parte de este proyecto. Una fusión que, por fuerza, deberá ser democrática y antielitista.
Un proyecto, por fin, que deberá contar con el asesoramiento, el apoyo y la colaboración de equipos locales multidisciplinares.
Porque se trata de la integración de situaciones diversas: Agustín Ibarrola y Alfredo Melgar; País Vasco-Castilla-León-Ávila, Arte, Naturaleza y Vida; la Ambición y la Realidad Y la fusión del hombre que vivió las convulsiones del siglo XX y que participa de las preocupaciones del XXI.
Parlamentario Vasco del Partido Popular. Miembro del equipo promotor de la Fundación Agustín Ibarrola.
www.blogdefernandomaura.blogspot.com
jueves, 28 de junio de 2007
De aquéllos polvos...
Ha pasado algún tiempo desde entonces. Buena parte de lo que ocurría en el año 2.000 resultaba más o menos evidente desde hacía sólo dos años antes. Y era el pacto de Lizarra que vinculaba al nacionalismo democrático con ETA para la marginación de las fuerzas políticas no nacionalistas. Este era el acuerdo político, pero había también un acuerdo "social": que ETA extremaría sus "medidas" para la eliminación de sus adversarios -no sólo políticos, aunque también- mientras que el PNV miraría hacia el otro lado, el lugar de la escena "donde se vive tan bien como se vive en Euskadi", en palabras del lehendakari Ibarretxe al hijo de José Ramón Recalde..
Fueron entonces los despertares confusos de los días de atentados. ETA ofrecía su particular selección de "caza" al constitucionalista irredento. Fueron los concejales de esos partidos, pero también había representantes de esa sociedad vasca que no estaba dispuesta a desistir: profesionales de los medios de comunicación, de la judicatura, empresarios... Fueron las manifestaciones a la salida de los funerales. Y fue... un nacionalismo que nunca quiso atender la mala noticia de una significativa parte de la sociedad -la que les votaba- que se iba pudriendo por dentro, porque se había desentendido de sus referencias éticas; la mala noticia de que tu vecino sea un cargo público del PSOE o del PP al que le espera un guardaespaldas en el portal de su casa, que es también la tuya.
Tuve el honor, en esa época ominosa de presentar -y también defender- una moción de censura al lehendakari Ibarretxe. Yo vivía entonces en el Casco Viejo de Bilbao, rodeado de amigos, pero también de enemigos. Estos últimos empezaron a hacerme la vida imposible. Aún existía mi mujer. Sólo dos años después ella se había marchado,"una vez más la barca del amor se estrellaba contra la vida cotidiana" -como decía Maiakovsky-, una barca que se hacía pedazos contra esas rocas que tienen por nombre el de la intransigencia, la insolidaridad, la incomprensión. Antes de eso abandonábamos ese barrio de Bilbao. Apenas he vuelto desde entonces.
Y me ptrgunto ahora, apenas siete años después:¿Hemos enterrado a nuestros muertos, por cierto, incluso a los catalanes? ¿los seguimos llorando calladamente a la vez que nos armamos de valor y procuramos encarar nuestra vida de todos los días? A veces creo que no, que seguimos sin hacer un ajuste de cuentas con nuestro pasado, que nuestros muertos se pasean como "zombies" redivivos en las noches de sus aquelarres particulares, que son las noches en que los convocamos -los desenterramos de sus tumbas individuales y de sus fosas comunes-, sólo para conjurar las torpezas de quienes nos gobiernan. Y no me parece extraño. Todavía hay unos cuantos que siguen empeñados en ganar su guerra y hay otros que se diría que parecen dispuestos a que la ganen o a que no la pierdan definitivamente, guerras reales e irreales que se acumulan las unas sobre las otras.
Pero la situación no es hoy la misma que la de 2.000. Más allá de los errores políticos -que se multiplican- ETA está orgánicamente desarbolada, sus atentados afectan a las masas anónimas que frecuentan las plazas, los aparcamientos o comoquiera que se llamen los lugares en que se producen las aglomeraciones urbanas. En suma: la sensación de riesgo se desindividualiza, se vuelve anónima; y ETA ya no puede competir con un terrorismo tan superlativo como el de Al Qaeda, lo mismo que la peor moneda siempre desplaza a la menos intensamente nociva.
(Habrá que reconocer que tampoco el PNV de Imaz es el mismo que el de Arzallus).
A ese resultado hemos llegado gracias a la labor de muchos: partidos políticos y sociedad civil, Estado de Derecho y Fuerzas de Seguridad.
¿Hemos resuelto el problema? Ciertamente que no. Pero parece del todo punto carente de lógica que demos a luz uno nuevo, recreándonos en el antiguo, sencillamente porque ya no es el mismo ni tiene la misma consistencia y capacidad de daño.
Más allá que eso, nos empeñamos en magnificar el problema, unos pecan de frivolidad, de torpeza e imprudencia; los otros de intransigencia y carencia de generosidad. Unos y otros nos instalan en el debate que ya no es el de los problemas que afectan al día a día de las libertades ciudadanasy las economías familiares . También en esto el mal debate sustituye al bueno. Y cuando el problema terrorista se encontraba bien planteado los errores de todos nos lo devuelven a la escena pública en la forma de un monumental desencuentro, tanto que la confrontación empieza a adquirir ribetes de civil. Superada la democracia representativa, los partidos movilizan a una gente en contra de la otra. ¿Otra guerra? Desde luego que no, por mucho que los viejos del lugar atisben en los sucesos de hoy estigmas de los hechos pasados, la España de 2.007 tendría mucho bienestar que perder si se arrojara a una contienda fratricida..
Alguien debería mandar parar, de lo contrario haremos de la crspación definitiva dueña del lugar; o que las masas neutras, aburridas y desconcertadas, abandonen el espacio de las urnas en beneficio de la abstención o dirijan su atención hacia otras opciones que, por su novedad, no tengan ningún vencimiento de crédito que afrontar, lo cual, por cierto, no estaría del todo mal..
No sé muy bien cuándo, pero va llegando el tiempo de ajustar nuestras cuentas con la historia. Todos sin excepción. Renunciar a la resurrección del pasado; consolidar la frontera entre la democracia y el terrorismo -aunque pensábamos que estaba clara- marginar a ETA y desterrar del debate político ese argumento monofásico, monocorde y monotemático para dedicarnos a otros que esperan de nuestra capacidad de respuesta y de solución.
Tenemos la suerte de disponer de una sociedad que se mueve con autonomía de los poderes públicos, porque de estos cada vez podemos esperar menos. Sólo el artificio, la impostura, la mentira y la inacción real.
Siete, nueve años después, casi todo ha cambiado. Y la confrontación vasca se ha convertido hoy en española. Hace algunos siglos, los vascos exportábamos capacidad de trabajo, fidelidad a la palabra dada, lealtad y veracidad. "Vizcaino es el hierro que os encargo/Corto en palabras/En obras largo", decía Tirso de Molina. Hoy la mercancía que vendemos -y que por desgracia nos están comprando hasta más que agotar sus existencias- se llama crispación... y aburrimiento en la sociedad civil. "Quosque tandem?"
Fueron entonces los despertares confusos de los días de atentados. ETA ofrecía su particular selección de "caza" al constitucionalista irredento. Fueron los concejales de esos partidos, pero también había representantes de esa sociedad vasca que no estaba dispuesta a desistir: profesionales de los medios de comunicación, de la judicatura, empresarios... Fueron las manifestaciones a la salida de los funerales. Y fue... un nacionalismo que nunca quiso atender la mala noticia de una significativa parte de la sociedad -la que les votaba- que se iba pudriendo por dentro, porque se había desentendido de sus referencias éticas; la mala noticia de que tu vecino sea un cargo público del PSOE o del PP al que le espera un guardaespaldas en el portal de su casa, que es también la tuya.
Tuve el honor, en esa época ominosa de presentar -y también defender- una moción de censura al lehendakari Ibarretxe. Yo vivía entonces en el Casco Viejo de Bilbao, rodeado de amigos, pero también de enemigos. Estos últimos empezaron a hacerme la vida imposible. Aún existía mi mujer. Sólo dos años después ella se había marchado,"una vez más la barca del amor se estrellaba contra la vida cotidiana" -como decía Maiakovsky-, una barca que se hacía pedazos contra esas rocas que tienen por nombre el de la intransigencia, la insolidaridad, la incomprensión. Antes de eso abandonábamos ese barrio de Bilbao. Apenas he vuelto desde entonces.
Y me ptrgunto ahora, apenas siete años después:¿Hemos enterrado a nuestros muertos, por cierto, incluso a los catalanes? ¿los seguimos llorando calladamente a la vez que nos armamos de valor y procuramos encarar nuestra vida de todos los días? A veces creo que no, que seguimos sin hacer un ajuste de cuentas con nuestro pasado, que nuestros muertos se pasean como "zombies" redivivos en las noches de sus aquelarres particulares, que son las noches en que los convocamos -los desenterramos de sus tumbas individuales y de sus fosas comunes-, sólo para conjurar las torpezas de quienes nos gobiernan. Y no me parece extraño. Todavía hay unos cuantos que siguen empeñados en ganar su guerra y hay otros que se diría que parecen dispuestos a que la ganen o a que no la pierdan definitivamente, guerras reales e irreales que se acumulan las unas sobre las otras.
Pero la situación no es hoy la misma que la de 2.000. Más allá de los errores políticos -que se multiplican- ETA está orgánicamente desarbolada, sus atentados afectan a las masas anónimas que frecuentan las plazas, los aparcamientos o comoquiera que se llamen los lugares en que se producen las aglomeraciones urbanas. En suma: la sensación de riesgo se desindividualiza, se vuelve anónima; y ETA ya no puede competir con un terrorismo tan superlativo como el de Al Qaeda, lo mismo que la peor moneda siempre desplaza a la menos intensamente nociva.
(Habrá que reconocer que tampoco el PNV de Imaz es el mismo que el de Arzallus).
A ese resultado hemos llegado gracias a la labor de muchos: partidos políticos y sociedad civil, Estado de Derecho y Fuerzas de Seguridad.
¿Hemos resuelto el problema? Ciertamente que no. Pero parece del todo punto carente de lógica que demos a luz uno nuevo, recreándonos en el antiguo, sencillamente porque ya no es el mismo ni tiene la misma consistencia y capacidad de daño.
Más allá que eso, nos empeñamos en magnificar el problema, unos pecan de frivolidad, de torpeza e imprudencia; los otros de intransigencia y carencia de generosidad. Unos y otros nos instalan en el debate que ya no es el de los problemas que afectan al día a día de las libertades ciudadanasy las economías familiares . También en esto el mal debate sustituye al bueno. Y cuando el problema terrorista se encontraba bien planteado los errores de todos nos lo devuelven a la escena pública en la forma de un monumental desencuentro, tanto que la confrontación empieza a adquirir ribetes de civil. Superada la democracia representativa, los partidos movilizan a una gente en contra de la otra. ¿Otra guerra? Desde luego que no, por mucho que los viejos del lugar atisben en los sucesos de hoy estigmas de los hechos pasados, la España de 2.007 tendría mucho bienestar que perder si se arrojara a una contienda fratricida..
Alguien debería mandar parar, de lo contrario haremos de la crspación definitiva dueña del lugar; o que las masas neutras, aburridas y desconcertadas, abandonen el espacio de las urnas en beneficio de la abstención o dirijan su atención hacia otras opciones que, por su novedad, no tengan ningún vencimiento de crédito que afrontar, lo cual, por cierto, no estaría del todo mal..
No sé muy bien cuándo, pero va llegando el tiempo de ajustar nuestras cuentas con la historia. Todos sin excepción. Renunciar a la resurrección del pasado; consolidar la frontera entre la democracia y el terrorismo -aunque pensábamos que estaba clara- marginar a ETA y desterrar del debate político ese argumento monofásico, monocorde y monotemático para dedicarnos a otros que esperan de nuestra capacidad de respuesta y de solución.
Tenemos la suerte de disponer de una sociedad que se mueve con autonomía de los poderes públicos, porque de estos cada vez podemos esperar menos. Sólo el artificio, la impostura, la mentira y la inacción real.
Siete, nueve años después, casi todo ha cambiado. Y la confrontación vasca se ha convertido hoy en española. Hace algunos siglos, los vascos exportábamos capacidad de trabajo, fidelidad a la palabra dada, lealtad y veracidad. "Vizcaino es el hierro que os encargo/Corto en palabras/En obras largo", decía Tirso de Molina. Hoy la mercancía que vendemos -y que por desgracia nos están comprando hasta más que agotar sus existencias- se llama crispación... y aburrimiento en la sociedad civil. "Quosque tandem?"
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