¿Nos salvarán los jueces del incendio?

 ¿Nos salvarán los jueces del incendio?

España es algo así como un organismo que siente, padece y somatiza las contrariedades que el complicado devenir de nuestros días nos acontece. Y no es extraño que el disgusto que 

se produce como consecuencia de una separación, de una pérdida -intuida o producida-, de un desgarramiento… quede prendido en la mente, o que en ocasiones se manifieste en síntomas que en apariencia tendrían un origen diferente, como la pérdida del sueño, un trastorno gástrico, o una dolencia producida en cualquier otra parte del organismo.

Pero generalmente a cada uno le duele donde le aprieta el zapato, como asegura el refrán, y esta molestia la han propiciado las fuerzas políticas que apoyan al gobierno; éste, a través de sus declaraciones, y de su presumible encarecimiento a los fiscales a que secunden sus criterios, junto con los opinadores que se han puesto de manera incondicional al servicio de sus volátiles intenciones e innumerables contradicciones y mudanzas de criterio… han producido como resultado un notable y evidente acoso a la judicatura al que si hubiera que adjudicar una imagen icónica, debería encontrarse ésta en las intervenciones parlamentarias de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Resulta evidente que el rosario de menciones que los independentistas catalanes han destinado a determinados miembros del poder judicial y los calificativos empleados contra éstos, todo ello acontece además ante la abstención de la presidenta del Congreso -cuya función no sólo consiste en dar la palabra y medir los tiempos empleados por los oradores, sino moderar en la más completa extensión de la palabra- y la inacción del gobierno que, recordémoslo, dispone de la facultad reglamentaria de intervenir en cualquier momento del debate.

"Esprit de corp" o mera respuesta ante las agresiones recibidas, nuestra judicatura -o al menos una significativa parte de la  misma- está reaccionando de una manera mesurada -a pesar de lo que aseguran el gobierno y sus turiferarios- y valiente ante el rosario de cuentas que se diría interminables de intervenciones en los ámbitos que les son, además de propios, exclusivos, como lo es la calificación delictiva o no de unos determinados hechos y el tipo penal que en su caso les corresponda. Son sus tiempos diferentes a los de la política, por lo que no caben, a mi modo de ver, críticas a los jueces por el momento elegido para dictar un auto o resolver el procesamiento o la investigación de los presuntos responsables de los hechos. Si la política, mejor dicho, la mala política, pretende invadir todos los ámbitos de la vida, algunos deberán quedar sujetos a los momentos que les son propios.

Conviene a estos efectos recordar que el artículo 117 de la aún formalmente vigente Constitución de 1978 señala de forma solemne la independencia del poder judicial. Y lo expresa con manifiesta rotundidad: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Quedaba, sin embargo -y este supuesto no es ajeno a la generalidad de las constituciones- la concreción del expresado principio. Y el artículo 122.1 del texto constitucional encomienda esa tarea a una ley orgánica de desarrollo. En el año 1985, contando con la abrumadora mayoría absoluta de que dispuso en 1982, el Gobierno de Felipe González aprobó la correspondiente LOPJ., según la misma, los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos por el Congreso y el Senado, eso sí, entre jueces, magistrados y juristas de “reconocida competencia”. Alfonso Guerra dijo entonces que el PSOE "había enterrado a Montesquieu". Las palabras del entonces vicepresidente del ejecutivo no deberían sorprendernos demasiado, se encuentran en el ADN socialista, y sería suficiente para esta aseveración el cúmulo de atropellos a la justicia que se produjeron a partir de la victoria del Frente Popular en 1936. Y tampoco vale como justificación que España estuviera en guerra (in)civil, la rebelión de Franco aún no se había producido.

El señalado procedimiento de elección ha seguido vigente hasta nuestros días. No es extraño que el PSOE prefiera el voto de los diputados y senadores para la elección del CGPJ al de los propios jueces, no en vano parece ser el partido socialista de la opinión de que en ese ámbito prevalece el pensamiento conservador más que el izquierdista. Pero resulta más singular la posición del PP que, en las dos mayorías absolutas de que disfrutó, la de Aznar en el año 2000, y la de Rajoy en 2011, no decidirían la modificación del sistema que ahora reclama con insistencia. 

Sea bienvenida la rectificación, en cualquier caso. Pero se elijan como se elijan, lo cierto es que los jueces españoles actúan con celoso orgullo de su independencia de criterio en su acción cotidiana. Un celo que se acrecienta como es lógico cuando sus resoluciones se ven cuestionadas por algunos políticos y opinadores como conductas que tendrían más que ver con su opinión política que con la recta administración de la justicia, hasta el punto de considerar que sus autos traerían causa de un afán de persecución política (“lawfare”).

Este juego del gato y el ratón que practica el gobierno y sus socios en contra del poder judicial es respondido por los jueces con la contundencia de sus autos y con la valentía de sus autores, y no está claro que la bautizada como "sanchosfera" tenga todas las de ganar. Por cada una de las piruetas legales, a cada una de las enmiendas pactadas por el ejecutivo con Junts, le corresponderá con seguridad el análisis de las grietas que las vueltas de tuerca, los cosidos y recosidos, las lagunas y las deficiencias que la legislación gubernativa suponga. Y es que, parafraseando al presidente Lincoln, no les es posible evitar a todos los jueces todas las ocasiones.

Y recordemos también que la nómina de la judicatura que se les va poniendo enfrente crece por momentos, lo mismo que brotan las setas después de la lluvia. Y que, además de los tribunales españoles, está el TJUE, que ya pronuncia palabras mayores y que está formado por jueces que se encuentran bastante más lejos del alcance de sus manos que los nacionales.

¿Nos salvarán del incendio? Debo decir que lo ignoro. Pero también afirmo que, ante la pasividad general de una sociedad anestesiada y apática, existe aún un dique de contención que nos permite presumir a quienes todavía creemos en la virtualidad de la Constitución de 1978 que no todo está perdido aún.