Autonomías regresivas

No diré que España vive en trance de desaparición -como afirman los apologistas de la catástrofe- pero sí que afronta un momento de regresión histórica. El origen de la reflexión que motiva este artículo se sitúa en el planteamiento de superación del Antiguo Régimen -al que, es preciso no olvidarlo, tanto colaboraría la actual dinastía reinante-. Con él se fueron detrás los aranceles,alcabalas y tasas de cualquier clase que gravaban todo tipo de mercancías en su discurrir a lo largo de la península..
Este cambio traía su causa en una verdadera necesidad. Los señoríos feudales asentaban su posición política en determinados territorios. Era un poder desde el que exigían esos y otros gravámenes, los cuales consolidaban su preeminencia política. Y desde esta situación dominante sometían a un auténtico chantaje a los reyes, de quienes afirmaban sin embargo su condición de súbditos. Pero los comerciantes -hombres de negocios de la época- no podían estar de acuerdo. Sus productos recibían tal número de cargas a lo largo de su viaje por España que llegaban muchas veces al consumidor final en la forma de objetos cuasi-preciosos, con los inconvenientes que de ello se derivaban en cuanti a su consumo.
El comercio llama siempre a la apertura de nuevos mercados, en una vía que no ha descansado hasta la llegada de la actual globalización.
En ese sentido, el proceso de centralización emprendido en España, en su versión más democrática a partir de la Constitución de Cádiz de 1.812, puede ser considerado como una auténtica tendencia, que apenas se vería truncada por fugaces fenómenos como el que diera en denominarse como cantonalismo -"¡Viva Cartagena libre!", reflexiones sesudas como el republicanismo federativo de Pi I Margall, las tímidas Mancomunidades emprendidas por algunos políticos de la Restauración iniciada por Cánovas o los Estatutos de Autobomía concedidos por nuestra Segunda República.
Si esa lectura jacobina constituye el trazo dominante en nuestra historia moderna, es cierto que no siempre fue democrática, ni siquiera liberal: la dictadura del general Franco es siempre ejemplo paradigmático de centralismo autoritario.
Esa tendencia se quiebra con el Estado de las Autonomías que se establece en el título VIII de nuestra vigente Constitución y se refuerza después por la revisión estatutaria impulsada en la actual legislatura por el Presidente Zapatero.
Los treinta años transcurridos y la aplicación de las previsiones constitucionales en materia autonómica nos permiten obtener algunas conclusiones.
Sin ánimo de resultar exhaustivo ciataré alguna. La primera podría consistir en el nacimiento y consolidación de unas nuevas clases políticas regionales, compuestas por Consejeros, Viceconsejeros, Directores de los respectivos Departamentos y de las empresas públicas creadas al calor de las transferencias competenciales.
Estas clases políticas lo son de dos tipos básicos: las que proceden de los partidos nacionalistas, en las llamadas "nacionalidades históricas" y las estructuras territoriales de los partidos nacionales que se hacen fuertes básicamente en las regiones.
Unas y otras se parecen bastante. El común denominador -aparte de un discurso más o menos integrador o reivindicativo- es el de presionar a la Administración Central en petición de mayores competencias que alimenten a su siempre voraz legión de pretendientes a engrosar el pesebre de los elegidos.
No se trata por lo tanto de que exista o no demanda por parte de los ciudadanos que componen esas comunidades autónomas de un mayor techo competencial. No existe tal, como lo demuestra la escasísima participación ciudadana en los referendos de Cataluña y Andalucía.
Incrustadas estas clases políticas en las instituciones territoriales y alejadas de los ciudadanos, sus nuevos estatutos apenas pretenden acercar el poder al ciudadano, sino acercarse ellos mismos.-esas clases políticas- al poder.
De ese modo, los partidos nacionalistas presionan a los partidos nacionales que se encuentran en el Gobierno de España a que concedan más competencias a las autonomías que ellos gestionan. Ponen a cambio de esas políticas sus votos en el Congreso de los Diputados. No pretenden en realidad la independencia, sino el permanente chantaje a la cosa común.
Las estructuras territoriales de los partidos nacionales -especialmente cuando gobiernan en sus autonomías- dicen contribuir a un proyecto común que se llama España, aunque lo que están haciendo realmente es ayudar a su fragmentación. El pago que entregan para ello al Gobierno central de su partido es la paz organizativa interna -"entre bomberos no hay que pisarse la manguera".
Y como resultado de todo eso se ha construido ya un proceloso país compuesto por diecisiete países. Un notario que no sepa catalán no podrá abrir notaría en Barcelona, un prestigioso médico que no domine el euskera no podrá ejercer en el hospital de Cruces y una empresa de servicios que no esté radicada o disponga de filial en Murcia no podrá participar en determinados concursos públicos Y hay quien piensa que conviene trocear también la Seguridad Social, de modo que los pensionistas a lo mejor tengan dificultades para cobrar su jubilación en el supuesto de que el sistema público dependiente de su autonomía recorte sus prestaciones o simplemente se declare en quiebra -no quebrarán desde luego las empresas públicas de esos territorios en tanto haya que pagar las nóminas de los paniaguados de sus partidos.
La distancia entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanos se va acrecentando con el paso del tiempo. Y las convicciones de los primeros se han visto sustituidas en gran parte por sus propios intereses crematísticos.
La unidad de España no es sólo importante por lo simbólico. Lo es también porque se refiere a la solidaridad y al progreso. Este consiguió clausurar el tiempo insolidario del Antiguo Régimen. Pero hoy pueblan los escenarios públicos estos nuevos reconstructores del pasado para contarnos en la práctica que, al fin y al cabo, ese tiempo histórico era bastante mejor y que conviene reeditarlo.