jueves, 1 de octubre de 2009

Breve historia de un aeropuerto (primera parte)

La terminal 4 del aeropuerto de Barajas, cuya ampliación costó 7.000 millones de euros, es un ejemplo de infraestructura construida desde un entendimiento del transporte como política de obras y no de servicios. Es decir se trata de un caso de inversión millonaria en la que no ha primado tanto la preocupación por favorecer la movilidad de los usuarios como el interés por emplear recursos económicos en promover construcciones que favorece a quien las realiza y no a quien en principio debiera disfrutarlas.
quizás resulte una afirmación fuerte, pero trataré de explicarme. En efecto, y dejando a un lado detalles menores como los materiales empleados en revestimientos y decoración, la propia ubicación del edificio desconectado de la red de metro, sin aparcamientos momentáneos que permitan intercambiar (dejar o recoger) al viajero desde un automóvil particular, o su configuración mastodóntica, basada en el autodesplazamiento del viajero, hacen que el usuario deba de pagar con su tiempo, su esfuerzo y su dinero su necesidad de desplazarse. Lo que en un viaje nacional supone 50 minutos de avión, obliga al usuario a añadir otra hora y media más de desplazamientos por su cuenta, con un coste en transportes complementario que en muchas ocasiones -especialmente en estos tiempos de tarifas baratas en los billetes aéreos- suma más de lo que se le cobra como precio por el billete de avión.
(Continuará)

3 comentarios:

Sake dijo...

Pues es muy importante lo que nos dice D. Fernando, porque hacer infraestructuras de transporte que no son cómodas ni eficaces para los usuarios, es como hacer un jardin sin plantas. Osea que lo que se ve es corrupción en Gran Medida ¿o no?.

Carla dijo...

Estoy de acuerdo.
Le tengo mucha desconfianza a la T4. Todo muy bonito, pero es un castigo al pasajero.

Antonio Valcárcel dijo...

El problema es que se adjudican las obras a las empresas del partido que incluyen a los arquitectos. Las infraestructuras tienen que ser supervisadas y consensuadas por los agentes sociales y sometidas a concurso público, no sólo a las empresas; sino a los profesionales del diseño y la arquitectura, por un equipo externo formado por las asociaciones y demás fuerzas sociales. Pero, las comisiones tienen su poder y el monopolio de las adjudicaciones “públicas”.